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El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Almunia de Doña Godina, Alfredo Lajusticia, llamó ayer a declarar a los cuatro apoderados de Brocover imputados en la Operación Molinos, con la intención de acotar las investigaciones sobre la empresa madrileña vinculada con el escándalo urbanístico de La Muela. Los interrogatorios comenzaron a las nueve de la mañana con José Fernández Martínez y Domingo Fernández Delgado, padre y hermano, respectivamente, del empresario encarcelado por esta causa, José Carlos Fernández Delgado.

A continuación, el instructor escuchó a los otros dos representantes de la promotora, Joaquín G. C. y Miguel C. C. Tanto estos como los primeros entraron y salieron de la sede judicial por su propio pie, al quedar en libertad con cargos. "No vamos a comentar nada", decía el abogado del despacho de Carlos Pardo cuando abandonaba los juzgados junto a sus dos clientes, los familiares del administrador de Brocover. Lo hacían por la puerta principal del edificio, sobre las doce menos cuarto del mediodía, tras casi tres horas de interrogatorios. No era la primera que ambos respondían a las preguntas de un juez por los asuntos de La Muela, puesto que el nombre de ambos se incluía en la lista de los 18 primeros detenidos.

Sin embargo, cuando se desplegó la gran operación policial del pasado 18 de marzo, José Fernández Martínez, de 64 años, se encontraba en San Javier (Murcia), mientras que su hijo, Domingo Fernández Delgado, de 36, estaba en Madrid. Por ello, ambos declararon entonces por exhorto ante los jueces de guardia de estas ciudades, que los dejaron en libertad con cargos con la condición de comparecer cuando fueran requeridos por Alfredo Lajusticia.

El instructor del caso había citado a los otros dos apoderados de Brocover -empresa que impulsaba la construcción de unas 800 viviendas en La Muela- a las once de la mañana, pero como la comparecencia de sus colegas se retrasó, no comenzaron a declarar ante el juez hasta cerca de las doce. Dos horas más tarde, finalizados los interrogatorios, los dos imputados salían de los juzgados por la puerta trasera, intentando no ser vistos por los periodistas. Y al igual que ocurriera a media mañana, ambos se negaban a responder a ninguna pregunta.

"Esta gente no tiene nada que ver", decía al paso el letrado que los asiste, mientras el grupo se dirigía hacia su coche para emprender el viaje de regreso a la capital de España.

Nuevas comparecencias

La segunda lista de imputados en la Operación Molinos, adelantada por este periódico, incluía a seis personas. Además de dos de los apoderados de Brocover, citados ayer, tienen pendiente comparecer en el juzgado almuniense el secretario del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva y asesor legal del de La Muela, Fernando Della-Casa Dulanto, los empresarios zaragozanos Fernando L. R. y Modesto B. G., así como la policía local Naila U. U., que aprobó en febrero las oposiciones para incorporarse a la plantilla de Alagón, pero que todavía se encuentra en la academia de Zaragoza.

A Fernando Della-Casa se le imputa un presunto delito de tráfico de influencias. A los otros dos empresarios citados se les atribuye un supuesto uso de información privilegiada. Ambos son socios en la empresa Hostelería Río Grío, que gestiona el zoológico de La Muela y que se adjudicó la segunda fase del aviario con un presupuesto superior a los 1,3 millones de euros.