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POLÉMICA

El informe de la DGA también dudó de la constitucionalidad de la ley de Gran Scala

El Gobierno siempre ha defendido que la norma, aprobada en las Cortes, tenía todos los dictamenes favorables

NATALIA ASÍN. Zaragoza Actualizada 13/07/2009 a las 20:53
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14 Comentarios
Un momento del último debate sobre el Estado de la Comunidad, a finales del año pasado.JOSÉ MIGUEL MARCO

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Los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón también plantearon dudas sobre la constitucionalidad de la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad, que permite la instalación de Gran Scala en la Comunidad, al igual que los letrados de las Cortes, que en un dictamen posterior se pronunciaron en el mismo sentido. Precisamente, el Ejecutivo y, sobre todo el PAR -principal impulsor de la norma-, siempre han defendido que el texto contaba con todos los informes favorables. La ley ya está aprobada en las Cortes.

 

El dictamen, que tiene carácter preceptivo pero no vinculante, advierte en varias ocasiones de que la norma puede afectar al principio de seguridad jurídica establecido en el artículo 9.3 de la Constitución (lo cita hasta cuatro veces en las 22 páginas del informe).

 

En una de las ocasiones, incluso asegura que "hay una indefinición del marco jurídico a aplicar en esta materia (el juego) que quiebra el principio de seguridad jurídica", en referencia a que la ley solo establece que las normas atenderán a los principios y reglas de los juegos en ámbitos internacionales de configuración similar a los centros de ocio de alta capacidad. Pero no especifica qué centros ni qué reglas.

 

Es en este asunto en el que más contundentemente se manifiestan los servicios autonómicos. Pero también plantean "riesgos jurídicos" que podrían afectar al mismo artículo de la Constitución por "la falta de coherencia y conexión con el ordenamiento jurídico actualmente vigente en materias como turismo, ordenación territorial, urbanismo y juego". Además, señala que en algunos preceptos es "contradictoria" con la ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

 

En relación con la regulación del juego, los jurídicos argumentan que la doble normativa puede afectar también "a la regulación de derechos estatutariamente reconocidos", como la protección de la salud de los consumidores o la protección de la infancia.

Además, argumenta que esta ley se desvincula del ordenamiento jurídico existente sin que pueda considerarse como una ley singular o de caso único, una figura incluida en la Constitución.

 

Más allá de las dudas constitucionales, los jurídicos cuestionan la discrecionalidad de la autorización que otorga la DGA a los promotores. Señala que debería reglarse sobre "la lógica del principio de libertad de empresa y la propia apelación a la 'generalidad' de la ley". En caso de mantenerse, recalca que se reconocerían "derechos especiales o exclusivos".

 

El informe también plantea "dificultades jurídicas" en la figura del consorcio. Explica que no cuenta con "la necesaria cobertura de una ley específica" y que resulta "cuestionable jurídicamente la atribución a estos consorcios no de meras funciones de coordinación sino funciones propias de las Administraciones Públicas Territoriales como el otorgamiento de licencias urbanísticas".

"Obstáculos jurídicos"

Respecto a la posibilidad que se atribuye la DGA de expropiar una vez que los promotores obtengan el 90% de los suelos, el dictamen señala que plantea "obstáculos jurídicos" y, además, advierte de que los principios de publicidad y concurrencia se "encuentran ausentes" en la ejecución y gestión de ordenación del proyecto.

 

También asegura que las exigencias que deben incluirse en la memoria justificativa (la justificación de la necesidad de la ley, su inserción en el ordenamiento jurídico y una valoración de los efectos) no se cumplen, ni está completa la memoria económica. Y recalca que para lograr "mayor garantía legal" debería haber un informe de la Comisión Jurídica Asesora.

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'''Los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón también plantearon dudas sobre la constitucionalidad de la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad, que permite la instalación de Gran Scala en la Comunidad, al igual que los letrados de las Cortes, que en un dictamen posterior se pronunciaron en el mismo sentido. Precisamente, el Ejecutivo y, sobre todo el PAR -principal impulsor de la norma-, siempre han defendido que el texto contaba con todos los informes favorables. La ley ya está aprobada en las Cortes.   El dictamen, que tiene carácter preceptivo pero no vinculante, advierte en varias ocasiones de que la norma puede afectar al principio de seguridad jurídica establecido en el artículo 9.3 de la Constitución (lo cita hasta cuatro veces en las 22 páginas del informe).   En una de las ocasiones, incluso asegura que "hay una indefinición del marco jurídico a aplicar en esta materia (el juego) que quiebra el principio de seguridad jurídica", en referencia a que la ley solo establece que las normas atenderán a los principios y reglas de los juegos en ámbitos internacionales de configuración similar a los centros de ocio de alta capacidad. Pero no especifica qué centros ni qué reglas.   Es en este asunto en el que más contundentemente se manifiestan los servicios autonómicos. Pero también plantean "riesgos jurídicos" que podrían afectar al mismo artículo de la Constitución por "la falta de coherencia y conexión con el ordenamiento jurídico actualmente vigente en materias como turismo, ordenación territorial, urbanismo y juego". Además, señala que en algunos preceptos es "contradictoria" con la ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo.   En relación con la regulación del juego, los jurídicos argumentan que la doble normativa puede afectar también "a la regulación de derechos estatutariamente reconocidos", como la protección de la salud de los consumidores o la protección de la infancia. Además, argumenta que esta ley se desvincula del ordenamiento jurídico existente sin que pueda considerarse como una ley singular o de caso único, una figura incluida en la Constitución.   Más allá de las dudas constitucionales, los jurídicos cuestionan la discrecionalidad de la autorización que otorga la DGA a los promotores. Señala que debería reglarse sobre "la lógica del principio de libertad de empresa y la propia apelación a la 'generalidad' de la ley". En caso de mantenerse, recalca que se reconocerían "derechos especiales o exclusivos".   El informe también plantea "dificultades jurídicas" en la figura del consorcio. Explica que no cuenta con "la necesaria cobertura de una ley específica" y que resulta "cuestionable jurídicamente la atribución a estos consorcios no de meras funciones de coordinación sino funciones propias de las Administraciones Públicas Territoriales como el otorgamiento de licencias urbanísticas". "Obstáculos jurídicos" Respecto a la posibilidad que se atribuye la DGA de expropiar una vez que los promotores obtengan el 90% de los suelos, el dictamen señala que plantea "obstáculos jurídicos" y, además, advierte de que los principios de publicidad y concurrencia se "encuentran ausentes" en la ejecución y gestión de ordenación del proyecto.   También asegura que las exigencias que deben incluirse en la memoria justificativa (la justificación de la necesidad de la ley, su inserción en el ordenamiento jurídico y una valoración de los efectos) no se cumplen, ni está completa la memoria económica. Y recalca que para lograr "mayor garantía legal" debería haber un informe de la Comisión Jurídica Asesora.''' $(html_text)

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'''Los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón también plantearon dudas sobre la constitucionalidad de la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad, que permite la instalación de Gran Scala en la Comunidad, al igual que los letrados de las Cortes, que en un dictamen posterior se pronunciaron en el mismo sentido. Precisamente, el Ejecutivo y, sobre todo el PAR -principal impulsor de la norma-, siempre han defendido que el texto contaba con todos los informes favorables. La ley ya está aprobada en las Cortes.   El dictamen, que tiene carácter preceptivo pero no vinculante, advierte en varias ocasiones de que la norma puede afectar al principio de seguridad jurídica establecido en el artículo 9.3 de la Constitución (lo cita hasta cuatro veces en las 22 páginas del informe).   En una de las ocasiones, incluso asegura que "hay una indefinición del marco jurídico a aplicar en esta materia (el juego) que quiebra el principio de seguridad jurídica", en referencia a que la ley solo establece que las normas atenderán a los principios y reglas de los juegos en ámbitos internacionales de configuración similar a los centros de ocio de alta capacidad. Pero no especifica qué centros ni qué reglas.   Es en este asunto en el que más contundentemente se manifiestan los servicios autonómicos. Pero también plantean "riesgos jurídicos" que podrían afectar al mismo artículo de la Constitución por "la falta de coherencia y conexión con el ordenamiento jurídico actualmente vigente en materias como turismo, ordenación territorial, urbanismo y juego". Además, señala que en algunos preceptos es "contradictoria" con la ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo.   En relación con la regulación del juego, los jurídicos argumentan que la doble normativa puede afectar también "a la regulación de derechos estatutariamente reconocidos", como la protección de la salud de los consumidores o la protección de la infancia. Además, argumenta que esta ley se desvincula del ordenamiento jurídico existente sin que pueda considerarse como una ley singular o de caso único, una figura incluida en la Constitución.   Más allá de las dudas constitucionales, los jurídicos cuestionan la discrecionalidad de la autorización que otorga la DGA a los promotores. Señala que debería reglarse sobre "la lógica del principio de libertad de empresa y la propia apelación a la 'generalidad' de la ley". En caso de mantenerse, recalca que se reconocerían "derechos especiales o exclusivos".   El informe también plantea "dificultades jurídicas" en la figura del consorcio. Explica que no cuenta con "la necesaria cobertura de una ley específica" y que resulta "cuestionable jurídicamente la atribución a estos consorcios no de meras funciones de coordinación sino funciones propias de las Administraciones Públicas Territoriales como el otorgamiento de licencias urbanísticas". "Obstáculos jurídicos" Respecto a la posibilidad que se atribuye la DGA de expropiar una vez que los promotores obtengan el 90% de los suelos, el dictamen señala que plantea "obstáculos jurídicos" y, además, advierte de que los principios de publicidad y concurrencia se "encuentran ausentes" en la ejecución y gestión de ordenación del proyecto.   También asegura que las exigencias que deben incluirse en la memoria justificativa (la justificación de la necesidad de la ley, su inserción en el ordenamiento jurídico y una valoración de los efectos) no se cumplen, ni está completa la memoria económica. Y recalca que para lograr "mayor garantía legal" debería haber un informe de la Comisión Jurídica Asesora.''' $(html_text)
  


  • quesíqueno pero quemelasllevo14/07/09 00:00
    Espero que hagan Gran Scala, para los que quieren Gran Scala y que no hagan Gran Scala para los que no lo quieren...................qué, ¿que no es posible?, sí hombre sí, uno pequeñito a "pequeña scala" ecológico, sostenible, con billetes de monopoli, minigolf, miniactuaciones, miniputiferios, miniaeropuerto, minirestaurantes, para gente mini-malista, con encanto...........
  • césar pérez comino14/07/09 00:00
    Saldrá adelante, porque no quedará otra forma de ganarse la vida, o habrá que irse de Aragón. Un futuro de pocas empresas de fabricación de productos, sólamente logística. Eso sí, si eres funcionario o político de alto standing, a vivir que ya te mantendrán los ciudadanos.
  • Javi14/07/09 00:00
    Cesar, yo no soy funcionario ni político de alto standing, soy mileurista, pero me niego a que mi comunidad base su desarrollo en un proyecto como este. Me parece penoso, y lo que es peor, demuestra que los ciudadanos contamos muy poco a la hora de decidir. Es el problema de la democracia, los políticos no representan la voluntad del pueblo, sino que el pueblo los elige y ellos hacen lo que les viene en gana. Si mañana se hiciera un referendum te aseguro que Gran Scala no se hace
  • fernando14/07/09 00:00
    empresas que cierran, otras que van a cerrar, otras, que no se sabe....GRAN SCALA, YA, si va a ser lo que dicen, son muchos puestos de trabajo como para ponerle trabas, hay que hacer todo lo posible para que las maquinas empiecen a trabajar cuanto antes.
  • Rafa14/07/09 00:00
    Una serie de personajes, alguno con antecedentes por estafa, constituyen ILD, y empiezan a recorrer el mundo vendiendo su proyecto de Gran Scala. Nadie lo quiere, y si es así es por la dudosa reputación de estos señores, que ya han dejado atrás algún pufo similar, porque es un proyecto insostenible desde el punto de vista ambiental, que ensalza el juego como elemento de desarrollo con la única y manida excusa del empleo y la riqueza, que lo han defendido con agresividad e insultos a los que nos oponemos, y que finalmente se lo han metido con calzador al Gobierno de Aragón, que ha tenido que modificar la ley para llevarlo a cabo. De película. Alguna instancia superior debería intervenir y poner un poco de cordura, porque esto parece una película del oeste. Nos plantean un proyecto que es ilegal: pues modificamos la ley. Que hay unos cuantos que se oponen: se les tacha de insolidarios. Que no hay terreno suficiente: lo expropiamos. Es realmente alarmante que hayamos llegado a este punto. De todas maneras soy de natural optimista, y confío en que esta aberración no saldrá adelante. A la gente que se agarra al empleo y a la riqueza en una zona "deprimida", y dado que no tienen otra cosa a la que agarrarse, les diría que deprimida está Teruel, pero no los monegros. Y si hay poco empleo es un mal común, no sólo de ellos, pero no vamos a prostituirnos aceptando cualquier iniciativa que genere empleo al margen de su moralidad, que en este caso es poca. Por favor, 32 casinos, 60 hoteles, parque temáticos¿ pienso sinceramente que el que se emocione con estas cifras es un egoísta patológico, que antepone su beneficio personal al impacto negativo que puede tener en la comunidad y en las generaciones venideras (si les enseñamos que esto es desarrollo somos unos pésimos educadores). Ojalá el Constitucional pare esta locura.
  • Luz14/07/09 00:00
    ¿No tendrá ninguna consecuencia el que miembros del Gobierno hayan mentido al parlamento y a la opinión pública?
  • Emil14/07/09 00:00
    Desde luego el tema de Gran Scala es muy preocupante y eso que segun Biel es el proyecto mas importante para Aragon desde los Reyes Catolicos. Es muy preocupante porque parece ser que detras de ILD no hay nada , solo el interes de un gran pelotazo urbanistico.Un gran negocio privado a costa de que la administracion le recalifique terrenos,le haga leyes a medida,.e haga AVE, autopista,........ Por favor un poco de seriedad.
  • Javier14/07/09 00:00
    100 por 100 de acuerdo con Rafa. No se puede explicar mejor. Cuantos pueblos en Aragon sufren de despoblacion? cientos. Y en España? Miles. Y que vamos a hacer? un Gran Scala en cada uno??? Por favor, un poco de seriedad. Por esa misma regla de tres (la del empleo a cualquier precio), por que no ofrecemos nuestro territorio aragones como cementerio nuclear? Seguro que habria muchos paises interesados en invertir y mandarnos todos sus residuos. Y tambien se crearian puestos de trabajo. Por cierto, que Rusia (si, el pais) ha prohibido todos los casinos a menos de no se cuantos cientos de kilometros de sus ciudades por los grandes problemas que tiene el pais a causa del juego (y eso que recaudaba miles de millones en impuestos). Parece mentira, en Rusia prohibiendo los casinos y aqui haciendo leyes para que haya muchos muchos mas!!!
  • Javier14/07/09 00:00
    Tanto el Presidente como el Vicepresidente de Aragón han sacado adelante la Ley para Gran Scala basándose en informes hechos a medida puesto que los emitidos por los servicios jurídicos de la DGA y de las Cortes planteaban serias advertencias sobre posibilidades de inconstitucionalidad. Pero eso que le importa a los dos citados. Se hace uno a medida de nuestras necesidades y adelante con los intereses ¿de Aragón?.
  • Rafa14/07/09 00:00
    Nos han metido Gran Scala con calzador. Es un proyecto de suficiente envergadura como para someterlo a consenso de la Comunidad. Es un tema polémico, que ha sembrado y siembra muchas dudas sobre su legalidad, con informes que hablan de inconstitucionalidad, tremendo impacto ambiental, promotores de dudosa reputación, etc... y todo de prisa y corriendo. Así no se hacen las cosas, espero que prospere la iniciativa de IU de llevarlo al constitucional.
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