El director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), Carlos Ontañón, ha defendido ante los miembros de la Comisión de Medio Ambiente de las Cortes de Aragón la gestión llevada a cabo en la emisión de informes medioambientales previos a los dragados solicitados por los municipios de la Ribera del Ebro para minimizar las afecciones causadas por las avenidas.

Ontañón, que ha comparecido a petición del grupo de IU, ha admitido la "preocupación" del Gobierno aragonés ante las recurrentes avenidas que afectan a los pueblos ribereños, pero ha asegurado a renglón seguido que la emisión de informes previos a las actuaciones a ejecutar por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) se sujeta a un marco legal al que se ajustan los plazos a cumplir.

Ha señalado, además, que las peticiones formulada en 2009 desde estos municipios, entre los que se encuentran Novillas, Pradillas, Cabañas, Gallur o Pina de Ebro, fueron contestadas inicialmente en plazos de 8 a 20 días, tras los que se abrieron otros periodos de solicitud de consultas con la CHE previos a la emisión de los informes medioambientales requeridos para la ejecución de las obras.

En este sentido, ha destacado que las actuaciones en los municipios de Cabañas y Gallur fueron informadas con rapidez por parte del INAGA al no estar condicionados los territorios por las prescripciones establecidas para la Red Natura, que sí afectan al resto de poblaciones ribereñas.

Ha rechazado la existencia de "agravios" entre los municipios, en relación a las críticas hechas desde los grupos de IU y CHA ante la "rapidez" con la que se realizaron informes para valorar la navegabilidad del río Ebro a su paso por Zaragoza frente a la supuesta dilación con la que se habrían afrontado las peticiones de los municipios ribereños.

Según Ontañón, la sensibilidad de la Administración autonómica con la situación de los pueblos ribereños "es total porque somos conscientes de la importancia del tema", aunque ha admitido que el marco legal establecido para dar "seguridad jurídica" al proceso adolece de deficiencias.

El responsable del INAGA ha asegurado que su oficina ha actuado en relación a los dragados solicitados con "diligencia, coherencia y equidad", pero ha recordado al tiempo que estas peticiones de actuación, formuladas en 2009, constituyen la "primera vez" que se realizan en la Comunidad.

Ha insistido en que no se han producido "agravios" en el proceso seguido por el INAGA, resaltando que los informes solicitados por el Ayuntamiento de Zaragoza han llegado a superar los dos meses en alguno de los casos.

Los portavoces de los distintos grupos políticos se han interesado ante el responsable del INAGA por el grado de ejecución de las actuaciones solicitadas por los pueblos ribereños, que, según el representante del PP, Javier Gamón, son "actuaciones puntuales que resuelven problemas muy puntuales, pero que no resuelven el problema de las inundaciones".