CUENTAS PÚBLICAS

Zaragoza debe devolver al Estado 73,8 millones de la liquidación de 2009

La capital tiene cinco años para saldar esta deuda, que se suma a los 22,4 millones de 2008. Gimeno pide una ampliación del plazo, como está reivindicando el PP para las autonomías.

El vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno
Zaragoza debe devolver al Estado 73,8 millones de la liquidación de 2009
OLIVER DUCH

Tras conocerse el informe del interventor, en el que se detecta un desequilibrio en las cuentas municipales por valor de 103,4 millones de euros, el vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno, anunció este miércoles en el pleno municipal que el Ayuntamiento de Zaragoza tendrá que devolver al Estado más de 70 millones de euros por la liquidación de las transferencias de 2009. En concreto, serán 73,8 millones, una cifra muy superior a las previsiones iniciales del gobierno del PSOE, que estimó en unos 50 millones de euros esta deuda.


El dato se hizo público en el transcurso del pleno extraordinario en el que, a petición del PP, el Ayuntamiento debatió sobre el plan de ahorro decretado la semana pasada por el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, y que supondrá un recorte de gastos por valor de 20 millones de euros. Los grupos no lograron ningún acuerdo más allá del compromiso del gobierno de cumplir la exigencia legal de presentar un plan económico y financiero a tres años antes de que acabe 2011 por no haber cumplido el principio de estabilidad presupuestaria.


El nuevo susto para las arcas públicas compromete la elaboración del presupuesto del próximo año, que quedará seriamente condicionado por las deudas del Ayuntamiento con el Estado. Los 73,8 millones de euros correspondientes al año 2009 deberán devolverse en el plazo de cinco años, casi 15 millones por ejercicio. Esta deuda se produce por la participación municipal en los ingresos del Estado, es decir, en la recaudación de impuestos. Desde Madrid se transfiere cada ejercicio al ayuntamiento una cantidad en función de una estimación de ingresos. Después, teniendo en cuenta la recaudación real obtenida por el Estado, se liquida con la administración local.


Pero, además, a esta cantidad hay que sumar la liquidación negativa para el Ayuntamiento correspondiente al año 2008, cuando las arcas municipales recibieron 22,4 millones de euros. Esta deuda ya está en fase de pago. Fuentes municipales consideran que en 2010, asumidos ya los efectos de la crisis, las transferencias por parte del Estado estarán mucho más ajustadas y la liquidación será más o menos equilibrada.


Ante este nuevo quebranto económico para las arcas municipales, el vicealcalde urgió a los populares a que convenzan al PP nacional a que pida para los ayuntamientos el mismo trato que reclaman para las comunidades autónomas que gobiernan, es decir, una ampliación de plazo. «Estaría encantado de que se pagara a diez años», afirmó.


El edil del PP Jorge Azcón le espetó que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se opone a esta iniciativa. «Cuando hable debe documentarse. Esta propuesta del grupo parlamentario popular ha sido rechazada por el PSOE. ¡Y usted es del PSOE aunque no lo quiera!», exclamó Azcón.


Además del asunto de las deudas con el Estado, en el pleno municipal también se habló del plan de ahorro municipal, precisamente el asunto que había convocado a la corporación. Las críticas procedieron del PP, que calificó el decreto de «ineficiente, incoherente, inoportuno y tramposo». Además, el popular Jorge Azcón exigió al gobierno que en el plazo de dos meses se redacte tanto un plan económico y financiero como otro de saneamiento. Ofreció la colaboración del PP y planteó la creación de un grupo de trabajo.


El PSOE, junto a CHA e IU, sus socios de investidura, bloqueó esta posibilidad y recordó que la ley da plazo hasta diciembre para presentar el plan. Además, la propuesta de los populares de fusionar algunas sociedades o recortar altos cargos fue derivada por el alcalde, Juan Alberto Belloch, a la junta de portavoces.


Los grupos de izquierda defendieron sin fisuras los recortes, que Gimeno achacó a «la crisis global» de la economía. Por su parte, Juan Martín, de CHA, recordó que el «79%» de los ajustes estaban incluidos en el programa del PP, mientras que José Manuel Alonso, de IU, defendió que con el decreto se articulan medidas «ejemplarizantes» y que permiten «articular una nueva estructura de ingresos y gastos» en el Ayuntamiento.