ACUSA AL GOBIERNO DE FALTA DE TRANSPARENCIA

El PP aragonés pide regular la administración paralela de las empresas públicas

El Grupo del PP en las Cortes ha presentado una proposición no de ley para conseguir "la reestructuración, la regulación, la deducción y el control" del sector empresarial público aragonés.

El Grupo del PP en las Cortes ha presentado una proposición no de ley para conseguir "la reestructuración, la regulación, la deducción y el control" del sector empresarial público aragonés, que para los populares se ha constituido en una "administración paralela" con "falta de transparencia" y un "alto coste" para las arcas públicas.


El portavoz del PP, Eloy Suárez, ha presentado esta iniciativa, de catorce puntos, que pretende que el presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, deje de "mirar hacia otro lado" y se avenga a aplicar en la administración autonómica "medidas de austeridad", sobre todo relacionadas con el "entramado" de empresas, fundaciones, consorcios y entidades de derecho público, que se ha convertido en un "peligroso lastre" para Aragón.


Además, ha añadido Suárez, es una herramienta con la que el Gobierno de Aragón, "conscientemente", se ha burlado del "principio elemental y básico de transparencia" y ha eludido el control parlamentario.


La estructura empresarial pública del Gobierno de Aragón estaba integrada al finalizar 2010 por 77 empresas, de las que 23 tienen participación mayoritaria del Ejecutivo y en las 54 restantes participa de forma minoritaria. A éstas hay que añadir nueve fundaciones y dos consorcios.


Entre las sociedades mercantiles, las fundaciones, consorcios y las entidades de derecho público se gestionan 900 millones de euros, lo que supone un sexto del presupuesto de la Comunidad, dinero sobre el que el Gobierno de Aragón está obligado a dar explicaciones, ha incidido Eloy Suárez.


"La mayor parte del entramado empresarial es ineficaz, hay un derroche de recursos públicos y en algunos casos se duplican las tareas del gobierno y de las empresas", ha añadido el portavoz popular.


Preguntado por la posibilidad de que el PP acepte la invitación del Gobierno y comience a participar en los consejos de administración de estas empresas, Suárez ha mostrado la disposición de su grupo, pero no si eso supone "avalar los nueve años anteriores de gestión" en los que no se sabe "lo que ha pasado" y sobre los que reiteradamente el PP ha pedido información en las Cortes.


Por todo ello, la iniciativa incluye catorce puntos, entre ellos la petición para que se elabore en tres meses un plan de reorganización del sector público empresarial; para que se delimite la actuación de este sector público a los principios de eficacia, productividad y rentabilidad social; para que se reduzcan sus pérdidas, y para que se adopten medidas urgentes que les permitan generar ingresos suficientes.


Además, se exige la reducción de las transferencias corrientes y subvenciones; que no se realicen encomiendas de gestión o encargos de ejecución a estas empresas si son tareas que se pueden hacer desde la propia administración autonómica; que se apruebe un código de buen gobierno del sector público, y que se establezcan medidas de control en las retribuciones e indemnizaciones del personas directivo.


El PP pide también que se respeten los principios de concurrencia y publicidad en la contratación administrativa del sector público; que se ajuste la política de contratación de personal; que se remita información al Parlamento sobre los contratos realizados, tanto de empresas como de plantilla, y sobre las cuentas anuales, y, finalmente, que se eliminen todas aquellas empresas públicas y entidades cuyos objetivos deberían de ser asumidos directamente por los diferentes departamentos del Gobierno de Aragón.