El ex alcalde de Alhama de Aragón, Pedro Lacruz, se sentó ayer en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Zaragoza para ser juzgado por un presunto delito de prevaricación y falsedad en documento público. El fiscal pide para él siete años de inhabilitación por la primera de las acusaciones por considerar que se incumplieron las normas para apartar de su puesto de trabajo al secretario municipal, Pascual García.
El juicio se celebra ahora por unos hechos que ocurrieron en 2005 cuando Lacruz estaba al frente de la Alcaldía y García era el secretario municipal. Aunque la situación actual es bien distinta. Después de dos años fuera de su puesto, García se reincorporó a su trabajo en Alhama en junio del pasado año, después de unas elecciones municipales en las que, un pacto entre CHA, PSOE y PP arrebató la Alcaldía al ahora aragonesista (antes fue en la lista del PSOE) Pedro Lacruz.
Los hechos se remontan al 24 de mayo de 2005, cuando el ex alcalde acordó mediante providencia incoar un expediente disciplinario al secretario y separarlo del servicio. "Se le abrió expediente por nueve puntos que consideramos de gravedad", declaró ayer Lacruz, y por los que existen otras causas judiciales abiertas.
Al parecer, la providencia fue notificada el mismo día en que se acordó la separación de su trabajo y el secretario abandonó su puesto. "El decreto se hizo el mismo día por la tarde", añadió, aunque aseguró que no se le pudo notificar porque el funcionario ya había abandonado su puesto de trabajo nada más recibir la notificación. Lacruz aseguró que, "en todo momento", estuvo "asesorado tanto por el Ministerio de Administraciones Públicas, como por la Subdirección General de la Función Pública y un asesor externo". "Mi formación jurídica es cero", añadió el ex alcalde.
Un día después, Pascual García solicitó el amparo de la Delegación del Gobierno en Aragón. Y, precisamente, el 27 de mayo, el organismo autonómico requirió a la Alcaldía que se anulara el acuerdo por el que se suspendía al secretario y se reintegrara en su puesto en un plazo máximo de diez días. Pero el funcionario no se llegó a incorporar porque el mismo día que fue a hacerlo, en agosto de ese año, le dieron las vacaciones.
El secretario, por su parte, aseguró que nunca había tenido problemas con los dos alcaldes anteriores con los que trabajó. "Cuando leí la providencia, hice las llamadas oportunas y me aconsejaron que saliera de mi puesto de trabajo y al día siguiente fuera a la delegación. Vimos que la providencia no cumplía el ordenamiento jurídico", dijo García.
Después de más de dos horas de un juicio en el que hubo dos funcionarios públicos como testigos (uno del Gobierno de Aragón y otro del Ministerio) y el asesor del ex alcalde, este quedó visto para sentencia.
La petición de las partes
El ministerio fiscal pide siete años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación. Por su parte, la acusación, que ejerce el abogado Enrique Trebolle, añade un presunto delito de falsedad documental por considerar que la fecha del decreto fue manipulada. Por esta acusación solicita tres años de prisión. Además, por un presunto delito de prevaricación en grado continuado, solicitan que se le impida diez años desempeñar cargo público. El abogado defensor del alcalde, José Bernad, pedirá la libre absolución, ya que considera que no existe delito porque "no se puede probar la existencia de falsedad ni de prevaricación".
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