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La crisis en el PP de La Muela se cerró el martes en falso. Los populares pidieron hace dos días por carta al presidente provincial, Domingo Buesa, la "expulsión inmediata" de Carlos Rodrigo, el edil que en el último pleno prestó su apoyo al gobierno del PAR y votó en contra de su compañera y cabeza de lista, Marisol Aured. En la misma sesión se aprobó la recalificación del terreno que ocupa la industria de Rodrigo.

La misiva está firmada prácticamente por toda la lista que concurrió a las últimas elecciones (en La Muela, el PP no posee agrupación local), además de otros afiliados y simpatizantes. "Desde el mes de noviembre", dicen en la carta, el concejal "dejó de asistir a las reuniones del grupo". Mientras, en el pleno del 31 de enero -prosiguen los afiliados-, "rompió la disciplina de voto" e "incurrió en varias contradicciones" al apoyar al gobierno del PAR en algunas iniciativas que "había rechazado en el pleno anterior". "Este hecho -sigue la nota- coincidió con la aprobación de la modificación puntual del PGOU", que "afecta directamente" a la empresa de Rodrigo, medida con la que, aseguran, "se incurre en un trato de favor".

Así, piden la "expulsión inmediata del concejal" por su "falta de compromiso", que ha provocado la "pérdida de confianza del grupo y de los votantes del partido". Finalmente, exigen una "pronta respuesta" a la Dirección Provincial.

Por su parte, el edíl díscolo dijo no saber "nada" de la carta, restó legitimidad a la lista confeccionada para las últimas elecciones y repitió sus ataques contra la portavoz popular: "El otro día solo consiguió una bronca del partido, pero veo que no ha escarmentado". Pese a revelar que había interpuesto una denuncia contra Aured por las acusaciones vertidas tras el último pleno, Rodrigo manifestó que a partir de ahora respetaría la disciplina de voto.

El pasado martes, el presidente provincial se reunió con los dos concejales que tiene el PP en el Ayuntamiento de La Muela. Buesa declaró tras la cita que "el problema" era "menor de lo que parecía", reconoció haber oído a ambas partes y vinculó la discusión a "un malentendido" y a la "falta de experiencia". Además, dio un plazo de 48 horas para solucionar de forma definitiva la crisis.