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El expediente abierto por el Ministerio de Defensa contra las construcciones próximas a la planta de hidrocarburos de La Muela se ha cerrado con una sanción económica. Aunque entre los afectados estaba la propia alcaldesa, María Victoria Pinilla, los más perjudicados eran los propietarios de viviendas en una urbanización promovida por la cooperativa Arausta, que ya ha asegurado que presentará un recurso contencioso para tratar de eliminar cualquier duda.

La noticia saltó a la luz pública hace ya casi un año, en julio del año pasado, cuando se dio a conocer la apertura de un proceso sancionador contra todas las edificaciones situadas dentro de un perímetro de seguridad de 300 metros alrededor de las instalaciones, que protege Defensa y explota la compañía CLH, y que fueron construidas con posterioridad a 1995. El castigo podía conllevar incluso el derribo de los inmuebles, aunque las posibilidades de que los instructores del Ejército determinasen finalmente una pena tan drástica eran bastante reducidas.
De hecho, en octubre del año pasado ya se conoció la propuesta de resolución, en la que se fijaba una multa de 60.101 euros por una infracción grave de la Ley de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional y se descartaba la demolición por ausencia de peligro para el recinto.

"Obras inconsentidas"

El expediente sancionador a la cooperativa Arausta, que promueve una urbanización de 80 chalés denominada El Verdinal, confirma esta multa y la justifica en la "realización de obras inconsentidas" dentro "de la zona de seguridad del sistema del oleoducto Rota-Zaragoza". Asimismo, considera que las alegaciones formuladas por Arausta "resultan carentes de todo fundamento", por lo que rechaza cerrar el procedimiento. La sanción económica recae lógicamente en la promotora, no en cada uno de los propietarios de la urbanización.

Fuentes de la cooperativa han asegurado que presentarán un recurso contencioso administrativo para buscar una exención total de culpabilidad, ante el perjuicio que les ha causado todo el proceso. Así, buscarían un reconocimiento explícito de la ausencia de peligro para los residentes en la urbanización.

Una opción que tiene el Ministerio de Defensa, y que ya ha ejercido en más de una ocasión, es desafectar parte del perímetro de seguridad, de forma que se reduzca el alcance de 300 metros alrededor de la central de hidrocarburos. Esta posibilidad se encuentra contemplada en la legislación, entre otros, para supuestos en que el contorno tenga incidencias en desarrollos urbanísticos, como es el caso.

La tramitación de esta promoción de viviendas se inició en 2004. El Ayuntamiento de La Muela otorgó la licencia de obras en abril de 2005 y febrero de 2006. Ambos documentos no mencionaban la cercanía con la planta de CLH y la posibilidad de comenter una infracción. Este es uno de los motivos por los que Arausta justificó su inocencia en las alegaciones.

Mientras, la situación de la cooperativa Arausta es similar a la del resto de propietarios. Ayer, la alcaldesa de La Muela -también está situada dentro del perímetro la vivienda de su hijo, Víctor Embarba- se limitó a reconocer que se trataba de "buenas noticias", aunque reiteró su anterior confianza en que la resolución del expediente se quedaría en una sanción económica.

Dentro de la franja de seguridad también existen varias edificaciones construidas antes de 1995, año en que se aprobó la orden con la servidumbre de 300 metros. Por ello, el Ministerio de Defensa ya eximió al principio de sanción a sus propietarios.