EDUCACIÓN-ARAGÓN

Colegios e institutos tendrán un protocolo para prevenir y actuar ante la violencia escolar

DGA, profesores, patronal, padres, ayuntamientos y alumnos firman un acuerdo para mejorar la convivencia en los centros. Se creará un gabinete de asesoría psicológica y jurídica para atender a los miembros de la comunidad educativa que lo necesiten.

Todos los colegios y los institutos aragoneses tendrán un plan de convivencia y un protocolo para actuar ante posibles casos de violencia escolar. La comunidad educativa al completo (DGA, padres, alumnos, profesores y patronal de la concertada) firmó ayer un acuerdo para mejorar el ambiente de los centros de la Comunidad y fomentar los valores y las prácticas que permitan detectar y tratar cualquier manifestación de violencia.


Este compromiso lleva gestándose muchos meses y comenzará a aplicarse progresivamente. En unos 30 días se celebrará una reunión entre los firmantes para determinar la prioridad de las actuaciones y constituir los grupos de trabajo que desarrollarán las partes del acuerdo. En estas comisiones participarán 29 personas. Todo el programa debe estar en marcha antes de dos años, según explicó la directora general de Política Educativa, Carmen Martínez Urtasun.


El proyecto acordado se compone de una decena de actuaciones entre las que destaca la elaboración de un plan de convivencia estable en el que se plasmen el proyecto curricular del centro, el reglamento de régimen interior y un plan de acción tutorial. Para poder crearlo, el departamento de Educación deberá cambiar algunas normas ahora vigentes. Entre ellas, renovará la definición y tipificación de las conductas consideradas como faltas y las medidas correctoras que se aplicarán.


Para facilitar la respuesta ante conflictos graves con violencia en los centros, la DGA publicará protocolos en los que se definirán las conductas ante las que hay que actuar, las medidas de prevención, las funciones de mediación y los planes de intervención, entre otros puntos. Estas pautas serán elaboradas por un equipo técnico e irán acompañadas de documentación de apoyo. Algunas medidas, como las referidas a la responsabilidad de inicio y trámite, tendrán carácter prescriptivo.


Todas las acciones del plan de convivencia estarán financiadas por el Gobierno de Aragón, aunque no se ha concretado cuánto costarán. Sí se ha anunciado que se incrementarán los recursos humanos y materiales en orientación, tutoría y mediación. Se hará en aquellos colegios e institutos en los que sea necesario, bien por la cantidad de alumnos, por la problemática sociocultural de sus estudiantes o cualquier otra razón que los servicios provinciales consideren de peso.


El nuevo acuerdo para la convivencia, "será vital para conseguir el mejor clima en los centros y extenderlo después a toda la sociedad", apuntó ayer la consejera de Educación, Eva Almunia. Esta recordó que la situación en Aragón "no es mala" y que según los estudios de la Universidad de Zaragoza, "hay un buen clima" en las aulas. Sin embargo, insistió en que "hay que seguir trabajando en la prevención".


Con este fin se crearán asesorías jurídicas y psicológicas para el alumnado, las familias y el personal de los centros docentes en casos relacionados con la convivencia. La atención será individualizada y correrá a cargo de profesionales que orientarán y apoyarán a los afectados. Las consultas podrán hacerse de forma presencial, telefónica o telemática.


Atención individualizada


En esta línea, Educación divulgará un protocolo de intervención y asistencia jurídica para los trabajadores en colegios e institutos que sufran malos tratos, vejaciones, ataques o cuando vean amenazada su seguridad en su empleo. "Esto permitirá agilizar los procesos, evitar casos de descoordinación entre colegios y Administración y dará protección a los profesores. Seguiremos vigilantes para ver que se cumplen los plazos de aplicación", aseguró el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC. OO., Manuel Martínez, que habló en representación de los docentes de la escuela pública.


En la concertada también se mostraron satisfechos por la firma del documento. "Es el primer acuerdo que no distingue entre pública y concertada y eso es un paso que debería seguir", apuntó Jesús Pueyo, de FSIE. "Entre todos lograremos que la convivencia mejore", añadió José María Marín, presidente de la CECE Aragón.


Las federaciones de padres (Fapar, Fecapa y Concapa) mostraron también su esperanza en los beneficios de la aplicación del acuerdo ayer firmado y consideraron que es "un gran avance" para la educación aragonesa.