CHA pide 365 euros por habitante y año para los ayuntamientos pequeños

 La portavoz del grupo parlamentario de CHA en las Cortes de Aragón, Nieves Ibeas, ha considerado este martes que los ayuntamientos más pequeños deberían recibir del Estado, al menos, 365 euros por habitante y año, una cantidad "mínima" para poder hacer frente a los gastos derivados de sus competencias.

En una rueda de prensa, Ibeas ha señalado que actualmente reciben 139 euros -frente a los 429 de que disponen los consistorios más grandes- por lo que así es "muy difícil" que puedan "dar servicio" a la gente que vive en estas localidades.

Además, hay que tener en cuenta que muchos ayuntamientos asumen competencias que no les corresponden y que son propias del Gobierno de Aragón, y eso supone "una carga económica" adicional que los sitúa en una "situación de asfixia real" y "muy preocupante".

Otra de las cuestiones que preocupa a la portavoz de CHA es la Ley Orgánica de Sostenibilidad Financiera, ya que no permite el endeudamiento de los municipios y estos, "para no incurrir en un delito penal", dejarán de dar los servicios básicos y de mantener las infraestructuras.

"Las cosas se están poniendo muy complicadas", las administraciones locales "se las ven y se las desean para dar servicios" y "va a ser peor", ha augurado Ibeas, quien ha indicado que mientras llega la ley de redistribución de las competencias locales "hay que sobrevivir".Un tema "muy serio"

No obstante, ha remarcado que se trata de un tema "muy serio" y por ello en la reforma de las administraciones públicas las Cortes de Aragón deberían tener el "papel central" y no debería llevarse a cabo "en los despachos del Pignatelli" y tampoco en los de los partidos.

Sobre este asunto, ha rechazado la idea planteada por el PAR de que la gestión de los ayuntamientos de menos de 500 habitantes se llevase a cabo en las comarcas, una cuestión que según Ibeas habría que discutirla y debería ser valorada.

En esta situación, CHA ha presentado una moción para ser debatida en pleno con la que solicitan la constitución de una Comisión Especial de Estudio, en el plazo de tres meses, en la que puedan comparecer expertos en el ámbito de la Administración local y territorial, así como representantes de los entes locales de carácter municipal y supramunicipal.

Así, el dictámen de esta comisión supondría el punto de partida para que se pudieran adoptar las medidas necesarias para la reordenación de competencias de la Administración Local aragonesa.