Las reacciones de la oposición no se hicieron esperar tras salir a la luz el informe de correcciones técnicas -elaborado por un letrado de las Cortes- que pone en duda la constitucionalidad de la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad, que hoy se aprobará en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, tras una tramitación meteórica (apenas una semana de ponencia). El PP anunció que no apoyará los artículos controvertidos, CHA dijo que se plantea llevar la ley al Defensor del Pueblo e IU busca apoyos para recurrirla ante el Tribunal Constitucional.

El PP, que nunca ha mostrado un rechazo frontal a esta ley y a este proyecto, anunció que no votará ningún artículo de los cuestionados. "No apoyaremos los puntos que no garanticen la seguridad jurídica o la constitucionalidad", argumentó. No obstante, sí dijo que avalará aquellos en los que se han aceptado sus enmiendas, entre ellos, otorgar mayor peso en el consorcio a los ayuntamientos afectados por el proyecto.

Precisamente, los populares han presentado enmiendas a uno de los artículos controvertidos, que el letrado de las Cortes considera que puede ser inconstitucional. En concreto, el que permite declara proyectos como Gran Scala "de utilidad pública o interés social". Sin embargo, la propuesta del PP no hace referencia a este párrafo sino al anterior, en el que se exige a los promotores presentar copias notariales de las escrituras de adquisición de la propiedad de los terrenos. Los populares piden su supresión.

El diputado de CHA Chesús Yuste anunció que su partido estudia acudir al Defensor del Pueblo una vez que se apruebe la ley. Yuste aclaró las cuatro vías para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional a una norma autonómica: el respaldo de 50 diputados del Congreso, de 50 senadores, el presidente del Gobierno de España o el Defensor del Pueblo. Ante las dificultades para materializar las tres primeras vías, Yuste razonó que la única posibilidad que queda es "iniciar un proceso ante el Defensor del Pueblo".

En cualquier caso, opinó que el informe es "clarificador" porque "pone el dedo en la llaga de las contradicciones de esta ley con el resto del ordenamiento jurídico aragonés". Y recordó que la enmienda a la totalidad presentada por su formación se fundamentaba en la vulneración de varios principios constitucionales.

Por su parte, el portavoz de IU, Adolfo Barrena, denunció que este informe se haya publicitado, porque -dijo- "es un documento interno de trabajo" y recordó que no es vinculante. "Los diputados tenemos capacidad para decidir si estamos de acuerdo en algunas cosas o no", concretó. No obstante, sí reconoció que el dictamen "coincide" con las críticas de su formación. Además, explicó que se están buscando apoyos para poder llevar la ley al Tribunal Constitucional. "Estamos iniciando contactos en Madrid con oficinas públicas y con diputados y senadores, pero hasta que no se apruebe la ley...", apostilló Barrena.