El precedente del intento del trasvase del Ebro a Barcelona, hace ahora un año y medio, con la excusa de la sequía y la necesidad de abastecimiento a la ciudad condal provocó un fuerte recelo en todas la sociedad aragonesa.

El mismo que ahora se ha vuelto a suscitar por el proyecto de transferir caudales para abastecer a cuarenta y tres municipios catalanes, diez de ellos no están completamente dentro de la cuenca del Ebro (cuatro no tienen su casco urbano en la delimitación).

Hay varias cuestiones en el aire, tal y como ayer dejaron ver claramente todos los grupos políticos aragoneses: no se conoce el proyecto; no se sabe la intención; no se dice si hay alternativas; si cumple la legalidad; cómo va a ser esa infraestructura; por qué se plantea sin remitir antes todo el proyecto, alternativas y necesidades reales; y por qué lo pide la Agencia Catalana del Agua al Ministerio de Medio Ambiente sin conocimiento de la CHE ni de las Comunidades Autónomas de la Cuenca.

Nadie va a negar la cesión de esos caudales para abastecer a los mencionados municipios, si esa es la única posibilidad viable y no esconde un trasvase mayor.

De todas formas, el Gobierno aragonés quiere conocer en profundidad todo el proyecto por si "hay consecuencias de futuro y las infraestructuras van más allá de una necesidad puntual de abastecimiento de agua potable porque no hay más alternativa".

Hasta entonces, no se comenzará a elaborar el informe preceptivo, según afirmaron fuentes de la DGA. Además, desde la parte aragonesista del Gobierno de coalición ya han lanzando el mensaje de la necesidad de "hablar de compensaciones, porque hay más de un centenar de pueblos en la Comunidad con problemas de suministro".

Asimismo, en la DGA hay cierta confusión porque "es complicado oponerse al agua de boca sin perder legitimidad en el debate hidráulico, salvo que esté claro que detrás de la solicitud de Cataluña esté agazapado crear un antecedente para luego ir a proyectos de mayor calado a Barcelona capital, a comarcas y a zonas de Tarragona". Tanto el consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné (PAR), como el de Presidencia, Javier Velasco (PSOE), que será el encargado de coordinar el informe, insistieron en esperar hasta que llegue toda la documentación.

En Aragón todos lo tienen claro, aunque existan matices y diferencias, incluso intereses electorales. La total coincidencia es para valorar positivamente que por primera el Gobierno central cumpla lo que dice el Estatuto. Lo que no hizo con el intento de trasvase a Barcelona en 2008, como ayer recordaron con ironía y preocupación PP, CHA e IU.

A partir de aquí empiezan las matizaciones, las críticas, los recelos, las advertencias y el ya consabido enfrentamiento cuerpo a cuerpo entre PSOE y PP.

El portavoz popular, Eloy Suárez, entró a saco en la polémica. "Es evidente que se trata de un trasvase. En dos años, el Gobierno socialista ya lleva dos intentos de transferir agua a Cataluña. Tras lo sucedido el año pasado con Barcelona, esto parece la antesala de un gran trasvase. Y eso cuando no se hacen las obras del Pacto del Agua".

La respuesta fue rápida por parte del socialista Javier Sada: "Ya veremos el proyecto y tomaremos decisiones. El PP esconde sus debilidades cuando Rajoy ha vuelto a resucitar el PHN al completo y ha prometido el trasvase al Levante si gana unas elecciones".

El portavoz del PAR, Javier Allué, mantuvo la misma línea que el consejero Alfredo Boné, y dijo que "de partida no admitimos ningún trasvase, porque supone hipotecar el futuro de los aragoneses". Bizén Fuster, de CHA, declaró que "si el Estatuto dijera que el informe, como pidió Chunta, fuera vinculante no habría problema". "Ahora veremos si la infraestructura es el trasvase encubierto a Barcelona", avisó.

Adolfo Barrena (IU) manifestó que "hay que conocer todo el proyecto y los criterios de obras, de gestión y de uso del agua, así como el estudio de alternativas". "Tendrán que demostrar que no hay otra vía", recalcó.