Blanco no aclara cómo quedarán las obras salvadas del recorte en Aragón

No aclaró absolutamente nada. Su comparecencia se limitó a dar una lista de 49 infraestructuras de todo el país (se corresponden con 98 actuaciones) que inicialmente estaban afectadas por el severo recorte del Ministerio de Fomento -bien reprogramadas o rescindidas- y que ahora el ministro José Blanco salva gracias a la "variación positiva en la restricción del presupuesto". Y en esa relación se incluyen los proyectos aragoneses de la autovía A-21 (Jaca-Pamplona), la A-22 (Lérida-Huesca), la A-23 (Huesca-Jaca), la Ronda Norte, el Eje Pirenaico (N-260) y la variante de Alcañiz. Ninguna novedad respecto a lo que a principios de agosto el secretario de Estado de Infraestructuras, Víctor Morlán, transmitió a alcaldes y empresarios de la provincia de Huesca.

El título de la carretera es lo único que aportó en la comisión celebrada ayer en el Congreso. No concretó qué tramos se recuperan, qué inyección de dinero reciben, qué calendario se ha marcado, qué cambios se prevén respecto a la situación anterior al recorte... La única cifra que dio fue la que le permitía apuntarse el tanto de aumentar el montante económico que evita el recorte gracias a "sus planes de eficiencia y austeridad": 700 millones de euros en lugar de 500. Nada más. Para conocer los detalles remitió a los Presupuestos Generales del Estado del próximo año. "Ahí se incluirá la programación obra a obra, las actuaciones y las cuantías mejoradas", reiteró.

Blanco se escudó en que las cuentas del Gobierno central pueden variar en el debate en el Congreso para no avanzar nada más, pese a que todos los portavoces de los grupos parlamentarios no pararon de insistir para arrancar al ministro algún dato. "Las inversiones en infraestructuras siempre salen distintas a cómo entran en la Cámara", argumentó. Además, recordó el fuerte tijeretazo que ya han sufrido las inversiones en 2010 y que obligan a ralentizar, retrasar o paralizar la ejecución de determinadas obras. La previsión para el próximo año no es más halagüeña, pero -según Blanco- "aunque habrá un ajuste severo, es mejor que hace un mes".

Su número dos en Fomento fue más prolijo en detalles hace apenas 15 días. Entonces, aseguraba que la A-22 se inauguraría antes de las elecciones de 2012; que el corredor Jaca-Navarra se pagaría con financiación privada; que se concluiría la variante de Alcañiz; que se retomarían las obras en la Ronda Norte (en algunos tramos ya se está asfaltando)... Los operarios han vuelto a algunos tajos, pero se desconoce si proseguirán los trabajos, a qué ritmo y qué cuantía económica recibirán. Sobre todo, no se sabe qué ocurrirá con algunos tramos rescindidos, cuándo se licitarán ni cómo se financiarán.

Fórmulas de financiación

Morlán adelantó que cinco tramos del trayecto entre Jaca y Pamplona, cuyo contrato se ha rescindido, se licitarán el próximo año para que se paguen a través de una fórmula de financiación público-privada. También existe otro sistema, que se podría aplicar en algunos tramos de la A-23 y que se conoce como el método alemán. Esto es, se abona la factura a las empresas al acabar la obra.

Más allá de los recortes, el ministro Blanco anunció en su comparecencia que este año se licitará la electrificación de la línea ferroviaria Zaragoza-Teruel, dentro del Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI), que supone un desembolso global de 17.000 millones de euros articulado a través de un sistema de financiación público-privada.

De esta forma, se adelanta casi un año este trámite. La redacción del proyecto se adjudicó hace justo tres años y se entregó el verano pasado, pero no se llegaron a licitar las obras pese a disponer de consignación presupuestaria. Para este año se disponía de una partida de algo más de diez millones.

Basado en un modelo concesional, el PEI establece el pago de las infraestructuras una vez se haya finalizado y puesto en servicio la obra, a lo largo de un amplio periodo de tiempo (de 25 a 30 años). De esta forma su repercusión sobre las cuentas públicas se aplaza a 2014. Con ello, el plan no compromete los objetivos del Gobierno de disminución del déficit público para 2013.