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Los obispados de Barbastro-Monzón y de Lérida siguen negociando los pasos que hay que dar para hacer efectiva la devolución de las 113 obras de arte de las parroquias aragonesas retenidas en Cataluña, intentando superar "los obstáculos" que plantean las autoridades civiles catalanas. A punto de cumplirse cinco meses desde la firma del acuerdo entre las dos diócesis que ponía fecha a la salida de las piezas del Museo de Lérida, los dos prelados han mantenido conversaciones en los últimos días, aprovechando su asistencia a la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española que se celebra esta semana en Madrid.

El obispo barbastrense reconoció ayer que "hemos hablado, pero hemos quedado en hablar más detenidamente", reconociendo que "no hemos concretado nada". Alfonso Milián aseguró que la actitud de su homólogo catalán, que apenas lleva dos meses en el cargo, es "positiva".

En cuanto a los pasos que hay que dar en el futuro, el prelado aragonés dejó claro que entre las dos diócesis ya existe un pacto. "Desde el 30 de junio estamos de acuerdo y por la Iglesia estarían los bienes en Barbastro, con el administrador apostólico anterior y con este obispo también". El convenio suscrito en esa fecha establecía que los titulares de ambas diócesis acataban plenamente las decisiones del Vaticano sobre la devolución de las piezas. El documento, que de momento es papel mojado, comprometía a Lérida a devolver las obras a las parroquias del Aragón oriental en 30 días, es decir, antes de que acabara el mes de julio.

El veto de la Generalitat

Respecto al retraso en hacerlo efectivo, Milián declaró que "ahora estamos hablando para ver cómo tratamos de evitar los obstáculos que se ponen, pero no por nuestra parte, eso que quede muy claro, por parte de los obispos no hay ninguna dificultad", en clara referencia a las instituciones civiles catalanas.

La Generalitat ya advirtió tras la firma del acuerdo entre los dos obispados, rubricado ante el Nuncio, que no lo acataría, que no levantaría el blindaje sobre los bienes. Según su interpretación, están afectados por la Ley de Patrimonio Cultural Catalán y cualquier decisión que se tome se debe hacer en el seno del Consorcio del Museo de Lérida. De esta forma los políticos catalanes volvían a desoír los continuos pronunciamientos de los tribunales eclesiásticos a favor de Aragón y con ello el Concordato entre el Gobierno español y la Santa Sede, que reconoce la competencia de esas instancias.