Aragón usará todas las vías judiciales para forzar la devolución de los bienes

Las demandas penales contra el consejero de Cultura de la Generalitat, el alcalde de Lérida, el presidente de la Diputación el presidente del consejero comarcal y el obispo de Lérida no serán las únicas actuaciones judiciales que impulsará la DGA para forzar la devolución del patrimonio aragonés. Fuentes del Ejecutivo explicaron que se están analizando todos los flancos posibles y que su estrategia jurídica no se centrará exclusivamente en el ámbito penal. La primera decisión podría estar relacionada con la propia ejecución de la sentencia.

Fuentes de los servicios jurídicos de la DGA explicaron que sería positivo para el objetivo de Aragón que el obispo de Barbastro, Alfonso Milián, solicitara (o directamente o dando el permiso para hacerlo a la DGA) la ejecución de los decretos vaticanos que ordenan la devolución. A pesar del tiempo que ha pasado desde que se dictó la sentencia, este paso no se ha llegado a dar. Vista la actitud de las instituciones catalanas, sería clave para acelerar la situación y, quizá, forzar la intervención del Gobierno central.

Además, se está analizando la posibilidad de impulsar otras actuaciones dirigidas directamente a que las instituciones catalanas que controlan el patronato del museo de Lérida ratifiquen una posición concreta. De los posibles delitos que atribuyó ayer Marcelino Iglesias a los cuatro políticos que están en el citado patronato y al obispo de Lérida, el que se está estudiando con más detalle es el de prevaricación. Hasta ahora, los protagonistas de esta presunta apropiación indebida estarían ahondando más en el delito a través de sus omisiones que de sus acciones, aunque también las ha habido. Hay que decir que ya hay sentencias que determinan que cargos públicos han incurrido en prevaricación al evitar conscientemente dictar una resolución que debían asumir.

Además, se podría sumar a la lista de cargos el de desobediencia. Los funcionarios públicos y las autoridades incurren en este delito cuando incumplen una sentencia o mandato judicial.

La autorización, el 24 de febrero

Algunas de estas consideraciones ya las ha tratado el presidente Iglesias, quien ha tenido una primera reunión con sus servicios jurídicos y con algunos letrados de reconocido prestigio. La DGA se ha marcado de plazo hasta el próximo lunes para definir con más detalle su estrategia. La autorización formal llegará en el Consejo de Gobierno del martes 24 de febrero.

Y mientras en el Pignatelli se ha instalado por fin la convicción de responder a las instituciones cataluñas, desde el Gobierno central se mira la situación -de momento- con total distancia. Diferentes fuentes ministeriales dejaron claro que no tienen intención de salir en defensa de Aragón en este contencioso. "Estamos al margen", señalaron varios departamentos. Ni Administraciones Públicas, ni Justicia ni Cultura tienen previsto intervenir, al contrario de lo que ocurrió en el conflicto de los bienes que reclamaba Cataluña del Archivo de Salamanca. Solo cambiaría esta situación si hay una petición expresa por parte de la DGA o de las Cortes, situación que aseguran que no ha ocurrido aún.

Otra cuestión es el Ministerio de Exteriores. En este caso, asume su papel de garante del cumplimiento de los acuerdos internacionales y el Concordato con la Santa Sede lo es. Este Ministerio, que de momento no ha marcado una posición, podría asumir la responsabilidad que conlleva el Concordato y velar por la ejecución de la sentencia vaticana.

Tresserras, "firme"

Por otra parte, el consejero de Cultura catalán, Juan Manuel Tresserras, afirmó ayer que que la Generalitat mantendrá una posición "firme", aunque matizó que su postura es "absolutamente dialogante" y que probablemente estudiarán propuestas "en positivo" para resolver el litigio.