Aragón tiene 797 empresas contaminantes, de las que 147 son especialmente nocivas

El sábado de la semana pasada, una fuga en una de las torres de la papelera que el grupo Torras tiene en Zaragoza tiñó de negro parte del barrio rural de Montañana. Según la empresa, el escape se debió a una avería relacionada con el fuerte temporal de viento y la sustancia dispersada no es tóxica. No obstante, el Ayuntamiento de la capital aragonesa y la DGA están investigando lo sucedido para descartar cualquier riesgo y asegurarse de que no vuelve a ocurrir.

Este tipo de incidentes ponen de relevancia la importancia de que las distintas administraciones velen por la seguridad de las empresas con más riesgo ecológico. Aragón tiene casi 800 instalaciones que, según la normativa española, deben considerarse contaminantes y por tanto están sometidas a la legislación que pretende controlar los daños que provocan en el medio ambiente. Además, 147 de ellas pueden calificarse como especialmente nocivas, ya que superan unos determinados niveles de vertidos que les obligan a hacer públicos sus datos de emisiones.

Ese largo listado no hace referencia al grado de cumplimiento de la ley, ya que las empresas pueden hacer vertidos o emisiones siempre que estén dentro de los límites legales y las autorizaciones recibidas. El registro se limita a detallar cuáles son las instalaciones industriales, ganaderas o de otro tipo que, debido a su potencial contaminante, deben someterse a lo dispuesto en la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación (IPPC) como garantía de que serán especialmente cuidadosas con sus afecciones ambientales.

Esta normativa estatal entró en vigor en el año 2002 con el objetivo de evitar, o al menos controlar y reducir, la contaminación de la atmósfera, el agua y el suelo. Para lograrlo, puso en vigor un sistema de seguimiento al que deben adaptarse todas las actividades incluidas en el anexo de la ley.

De forma resumida, ese sistema consiste en que la empresa interesada tiene que obtener del órgano ambiental competente -en este caso, el Departamento de Medio Ambiente de la DGA- un permiso administrativo para explotar la instalación. Ese permiso, denominado autorización ambiental integrada, está condicionado a que se cumpla toda la normativa y todas las prescripciones que le afecten.

Además, una vez lograda la autorización, que solo se concede si la declaración de impacto ambiental es positiva, el titular de la actividad asume una serie de obligaciones posteriores: facilitar las actuaciones de vigilancia y control de las instalaciones, comunicar cualquier cambio en la empresa, proporcionar toda la información exigible... También debe avisar "inmediatamente" de cualquier accidente que pueda afectar al medio ambiente, algo que no sucedió en el caso de La Montañanesa.

Por sectores

En contra de lo que suele pensarse, de las 797 empresas que han obtenido la autorización ambiental integrada en Aragón, apenas un 20% son actividades industriales o energéticas propiamente dichas. Según el registro de actividades IPPC del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, el 80% restante -más de 600 instalaciones- son actividades alimentarias o ganaderas, en especial granjas de cerdos.

Todos estos datos, y la información sobre vertidos y emisiones de las empresas más contaminantes, pueden consultarse en la página web 'www.eper-es.es'. Además, próximamente se va a poner en marcha un nuevo registro todavía más detallado que ampliará tanto el número de actividades recogidas como las exigencias de información a las instalaciones.

Gases de efecto invernadero: las pequeñas y medianas fábricas deben reducir sus emisiones

zaragoza. El cambio climático lo provocan los gases de efecto invernadero (GEI) que emiten diversos sectores: el energético, el industrial, el transporte... El Protocolo de Kioto, firmado en 1997 para controlar y reducir las emisiones, recogió seis tipos de GEI. Cada uno de ellos contribuye al cambio climático de forma distinta, pero su potencial de calentamiento puede ponderarse y expresarse en una sola magnitud. Por eso, los impactos de todas las emisiones se miden siempre en CO2 equivalente.

En Aragón, en el año 2006 se emitieron 22,6 millones de toneladas de CO2 equivalente, lo que supone un incremento del 40,1% respecto al año de referencia del Protocolo de Kioto. Ahora, la DGA se ha marcado como reto hasta el año 2012 reducir ese porcentaje al 37%, lo que colocaría a la comunidad en el objetivo de cumplimiento nacional.

No obstante, esa reducción debe alcanzarse bajando las emisiones de los sectores denominados difusos -el transporte, el consumo doméstico, la agricultura, las pequeñas industrias-, ya que los sectores regulados -el energético y las grandes industrias- ya están sometidos a un régimen de comercio de emisiones, es decir, tienen una autorización del Gobierno central para producir una determinada cantidad de GEI sin perjudicar los intereses nacionales.

Según los datos que maneja la DGA, el 48% de los 22,6 millones de toneladas de CO2 equivalente generadas por Aragón proceden del sector regulado. De hecho, tres de las 50 instalaciones sometidas al comercio de emisiones -dos centrales térmicas y una cementera- emiten el 35% de todos los GEI de la comunidad.

La reducción de emisiones que persigue la DGA deberá producirse, por tanto, en el 52% de emisiones del sector difuso, lo que obliga a tomar medidas en el campo del transporte, en el doméstico y en el agrícola, pero también en el de las pequeñas industrias que tengan un consumo energético relativamente reducido.

Calidad del aire: Zaragoza incumple los niveles máximos de partículas en suspensión

El área metropolitana de Zaragoza supera los niveles permitidos de partículas en suspensión en el aire. La Comisión Europea menciona la capital aragonesa entre las 132 zonas problemáticas incluidas en una denuncia contra España y otros nueve estados miembro por incumplir en este capítulo las directivas comunitarias sobre calidad del aire.

Las partículas en suspensión, conocidas como PM10, son un contaminante perjudicial para la salud que puede llegar a causar asma, problemas cardiovasculares, cáncer de pulmón y muertes prematuras. Lo emiten, principalmente, las industrias, el tráfico y las calefacciones domésticas. No obstante, en las mediciones también influye el polvo de las obras y un factor no relacionado con el hombre al que suele hacer referencia el Ayuntamiento de Zaragoza para justificar sus malos datos: el polvo llegado del Sáhara.

La Unión Europea estableció hace años unos niveles máximos de partículas en suspensión que entraron en vigor el 1 de enero de 2005: una concentración de 50 microgramos por metro cúbico de aire medida a lo largo de 24 horas, límite que no puede sobrepasarse más de 35 días al año, y una concentración de 40 microgramos por metro cúbico medida a lo largo de todo un año.

Según los datos del Consistorio zaragozano recopilados por Ecologistas en Acción, en el año 2007 -el último del que tienen información- las cuatro estaciones de medida de las que el grupo conservacionista tiene registros superaron esa media anual de 40 microgramos: 44 en el paseo de Renovales, 52 en la calle de Roger del Flor, 55 en el Picarral y 67 en la avenida de Navarra.

Además, los niveles de PM10 se suelen incumplir en otras dos zonas de Aragón: en la estación de medida que la DGA tiene en Sariñena y en la de Alcañiz. En el primer caso, los ecologistas sostienen que el problema está relacionado con las deshidratadoras de alfalfa que hay en la comarca. En cuanto al Bajo Aragón, las quejas vecinales apuntan desde hace años a la empresa de caolines (arcillas blancas) que hay en el casco urbano de Alcañiz.

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