ACUERDO ENTRE AMBAS ADMINISTRACIONES

Aragón y Cataluña garantizan la atención sanitaria mutua

El acuerdo garantizará que la atención sanitaria va a funcionar con "total normalidad", incluido el tema de la dispensación de recetas, han agregado las mismas fuentes.

El consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Ricardo Oliván
Oliván prevé externalizaciones de servicios y recortes en el gasto farmacéutico
JOSE MIGUEL MARCO

Aragón y Cataluña han alcanzado un acuerdo por el que se garantiza la atención sanitaria adecuada entre ambas comunidades y la dispensación de recetas, un compromiso que beneficia, fundamentalmente, a los aragoneses que viven en las zonas limítrofes o que se tienen que desplazar a la comunidad vecina.


Para llegar a este acuerdo se han sucedido intensas semanas de negociaciones "a la sombra", entre diferentes responsables de las respectivas consejerías de sanidad y los propios consejeros, que finalmente dieron su fruto en la tarde de este jueves, han informado fuentes del Gobierno aragonés.


Así, el consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia de Aragón, Ricardo Olivan, y el consejero de Salud de Cataluña, Boi Ruiz, se comprometieron, en una conversación telefónica, a solucionar "de forma inmediata los problemas que han dificultado últimamente una adecuada atención sanitaria a los ciudadanos de la zona limítrofe entre ambas comunidades".


Un acuerdo que ha sido ratificado y que garantizará que la atención sanitaria va a funcionar con "total normalidad", incluido el tema de la dispensación de recetas, han agregado las mismas fuentes.


Oliván y Ruiz tenían prevista una reunión para el 11 de noviembre en Lérida, que por el momento ha quedado aplazada.


Desde el Departamento aragonés de Sanidad han mostrado su satisfacción por este acuerdo que "es bueno para los aragoneses de la zona del Aragón oriental" y porque, desde hoy mismo, "se ha podido solucionar un problema que tenían los aragoneses en Cataluña".


"Normalidad" entre administraciones

Además, los consejeros se han comprometido a analizar conjuntamente los puntos de discrepancia en lo que se refiere a la asistencia sanitaria y a buscar soluciones consensuadas a la problemática actual.


Ya que según el Gobierno aragonés los dos consejeros coinciden en que "la relación sanitaria entre ambas comunidades debe ser de total normalidad".


Por ello, Oliván y Ruiz han emplazado a los directores de los respectivos servicios autonómicos de Salud a crear una Comisión Técnica de Estudio para evaluar la asistencia sanitaria entre Aragón y Cataluña y crear una colaboración entre comunidades.


Esta comisión debe elaborar un marco estable de consenso en materia de asistencia sanitaria en zonas limítrofes entre comunidades autónomas, y que pudiera ser un germen para extrapolar dicho planteamiento sanitario al ámbito nacional, previo acuerdo con el Ministerio de Sanidad.


"Con este acuerdo se evidencia la voluntad política de poner fin al problema de la asistencia sanitaria entre las comunidades de Aragón y Cataluña y se potencian aún más si caben los intensos lazos de vecindad existentes entre ambos territorios", agrega el texto enviado a los medios de comunicación aragoneses y catalanes.


El pasado 17 octubre, el consejero aragonés mantuvo un encuentro, en Zaragoza, con el director general de Ordenación Profesional, Cohesión del Sistema Nacional de Salud y Alta Inspección, Francisco Valero, para abordar la problemática que había surgido entre Aragón y Cataluña sobre la asistencia sanitaria.


Una cuestión que según dijo entonces Oliván se había agudizado en los últimos meses y que preocupaba mucho al Gobierno de Aragón, sobre todo por la "deriva" que estaba tomando porque empezó con cuestiones puntuales, y recetas de crónicos, y acabó extendiéndose a toda la atención sanitaria.


El consejero se comprometió a enviar un documento al Ministerio de Sanidad con los casos de incumplimientos a los aragoneses desplazados en la comunidad catalana, y Valero se comprometió, por su parte, a estudiarlo para intentar solucionar las incidencias por su pudiera existir "alguna quiebra" del derecho de todos los ciudadanos a la asistencia sanitaria.