"Haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda si es que ello es posible, y haré incluso lo posible si es que lo imposible es posible". Parafraseando al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha respondido el responsable del Ejecutivo aragonés, el socialista Javier Lambán, a la pregunta "¿Qué medidas va a tomar para solucionar los problemas que ha causado su gobierno a los aragoneses?" planteada por el PP en las Cortes. Con media sonrisa en los labios, el líder regional de los populares, Luis María Beamonte, no ha tenido más remedio que reconocer que no se esperaba, ni mucho menos, recibir esa respuesta. Ha sido una pequeña tregua antes de iniciar, una vez más, la batalla dialéctica entre los líderes del PSOE y el PP que se libra, desde hace semanas, en el Parlamento aragonés.

Beamonte considera que Lambán es "un lastre para el conjunto de la sociedad aragonesa" y que pasará a la historia "por ser el mayor confiscador de los ahorros de los aragoneses". En su opinión, la reforma que prepara el Ejecutivo PSOE-CHA, a petición de todos los partidos, en Sucesiones y el Impuesto de Contaminación de Aguas se debe a que se ha dado cuenta de que "el lío que aprieta electoralmente es el atraco impositivo que ha hecho a la sociedad aragonesa en los últimos tres años". 

La carga fiscal es uno de los motivos de enfrentamiento entre Lambán y el líder de los populares. Una cuestión que, según el socialista, "monopoliza el discurso" de su principal opositor al que acusa de "llevar un año y pico diciendo lo mismo" porque "toda su habilidad consiste en descalificar lo que hace el Gobierno porque se limita a decir 'no' a todo porque no tiene soluciones para nada".

La visión que tiene Beamonte de la realidad es radicalmente distinta. Para él, es Lambán quien lleva años "creando problemas, generando agravios" por una razón: "Nunca ha creído ni se ha preocupado de la sociedad aragonesa". 

El enfrentamiento entre el PP y el PSOE ha ido en aumento en las últimas semanas no solo en los plenos de las Cortes, sino también en la elección de figuras claves en Aragón. Comenzó con el voto en contra de los populares a la propuesta de que Samuel Barraguer se convirtiera en director general de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV), que acabó con la renuncia del candidato, y ha seguido con la falta de propuestas, al menos por ahora (el lunes 26 acaba el plazo), para relevar al actual Justicia despejando el camino a Ángel Dolado, propuesto por CHA, para asumir el cargo.

Los combates dialécticos empezaron ya hace unas semanas. La ley de capitalidad y el golpe del alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, en las sociedades municipales llevó a Beamonte a acusar a Lambán de "cambiar un presupuesto por un sillón". Y fue a más con las acusaciones tanto por parte de Lambán y de su consejero de Presidencia, Vicente Guillén, al PP de intentar "desestabilizar la política aragonesa". El presidente de Aragón pidió este jueves en el pleno a Beamonte que "deje de actuar como vocero del Gobierno, y opte por defender alguna vez los intereses de Aragón". Y en el debate apareció, de nuevo, el fantasma de un trasvase que, para el popular, "está finiquitado para disgusto de muchos de ustedes".