La DGA autoriza 21 parques eólicos que suman más de 400 millones de inversión

Los promotores prevén comenzar las obras a partir de primavera y se alargarán cerca de un año

Aragón cuenta con casi 2.000 megavatios de potencia eólica instalada.
Aragón cuenta con casi 2.000 megavatios de potencia eólica instalada.
Rafael Gobantes

El Gobierno de Aragón ya ha concedido la autorización administrativa y de construcción a 21 parques eólicos, lo que permitirá que sus promotores puedan iniciar las obras a partir de la próxima primavera tras cerrar una inversión valorada en más de 400 millones de euros. El primer paso se dio con la aprobación de dos parques ya construidos y en explotación en Zaragoza, de la compañía eléctrica portuguesa EDP, y a los que se sumarán ahora otros 21 en las tres provincias, que suman, en total, 540 megavatios. Si no surgen contratiempos, los aerogeneradores estarán evacuando electricidad a la red un año después.

Los nuevos proyectos suman más de una cuarta parte de la potencia instalada en Aragón a lo largo de su historia, lo que da una idea del reto técnico y humano que supone acometer semejante volumen de obras. Y estos 21 parques solo implican una avanzadilla, puesto que la Consejería de Industria tramita otros 117 proyectos eólicos y el tiempo corre en su contra: la mitad de los planes deben estar listos antes de un año para cumplir los plazos fijados en las tres últimas subastas eléctricas del Estado y están en juego avales millonarios.

La inversión total, sostenida por los principales operadores del sector, rondará los 3.000 millones, más de la mitad del presupuesto anual de la DGA. Su traducción a puestos de trabajo es directa, aunque solo será intensiva durante la fase de construcción y conllevará la contratación de cientos de trabajadores para hacer frente a la instalaciones de los aerogeneradores, repartidos por las tres provincias aragonesas.

Los promotores

El principal impulsor es la compañía aragonesa Forestalia, la gran adjudicataria de las subastas estatales y propietaria de un tercio de los proyectos ya autorizados por la DGA, que representan 192 megavatios concentrados en tres municipios de Zaragoza (Aguilón, Azuara y Herrera de los Navarros).

Su pretensión era iniciar las obras a finales del año pasado, aunque comenzarán en la próxima primavera. Sus primeros siete proyectos eólicos van holgados para cumplir los plazos fijados por el Ministerio de Industria, pero tendrá que desarrollar otros 1.318 megavatios eólicos, 316 fotovoltaicos y 49,5 de biomasa en menos de dos años.

La nómina de promotores se completa con reconocidos operadores del sector, como Gamesa y la danesa Vestas, las eléctricas Endesa y EDP y empresas que han irrumpido en las renovables, como Villar Mir Energía, perteneciente al fundador de la constructora OHL. En este último caso, lo que ha hecho es comprar proyectos ya desarrollados a empresarios aragoneses, aunque otros siguen adelante, caso del Grupo Jorge.

Fuentes del sector subrayan a este diario que el desafío constructivo que supone desarrollar al mismo tiempo tantos parques es mayúsculo, tanto por la dificultad de encontrar mano de obra cualificada como de suministros. "Los anclajes de los aerogeneradores son ahora totalmente distintos y bastante más grandes. Requieren entre 400 y 500 metros cúbicos de hormigón, lo que implica que una planta de hormigón trabaje todo el día para cada molino, aparcando la atención del resto de sus clientes", detallan a modo de ejemplo.

Una de las constructoras con más experiencia en el sector eólico apuntó que la mano de obra especializada casi ha "desaparecido" en Aragón, dado que en los últimos seis años no se han construido parques.

Algunos operadores ya han hecho los deberes y han firmado los contratos de obras. Este es el caso de Forestalia, que ha contratado la construcción de sus parques eólicos con una Unión Temporal de Empresas formada por contratistas nacionales, según confirmaron fuentes oficiales.

Otro de los problemas que se deberán solucionar es la capacidad de conexión de los nuevos parques a la red eléctrica, ya que la Administración obliga a utilizar líneas existentes infrautilizadas y que, en algunos casos, sus propietarios están poniendo "condiciones difíciles de asumir e incluso inasumibles", según aseguran fuentes del sector empresarial.

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