El juicio del llamado caso Plaza, el más importante de cuantos se han instruido hasta la fecha en Aragón por presunta malversación, comenzará el próximo 1 de octubre y se prolongará durante cuatro meses. Así lo comunicó ayer la Audiencia Provincial de Zaragoza a los 25 acusados, a los que se vincula con una trama que provocó una supuesta malversación de 140 millones de euros en las obras construcción de la Plataforma Logística de Zaragoza.

Como ocurrió con el macrojuicio del caso La Muela, dado el importante número de acusados y la duración de la vista, la Sección Primera de la Audiencia ha optado por celebrar las sesiones en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza. Estas comenzarán cada día, de lunes a jueves, a las 10 de la mañana. Salvo imprevistos que puedan obligar a modificar el calendario, el juicio concluirá el 31 de enero de 2019.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, José Ignacio Martínez, recordaba en su auto de apertura de juicio oral que los escritos de acusación tanto de la Fiscalía Anticorrupción como de los letrados de la DGA y Plaza presentaban escasas variaciones en cuanto a los hechos, personas y delitos objeto de acusación. De hecho, todos colocan al exgerente de Plaza Ricardo García Becerril -para el que el fiscal pide 23 años de prisión- al frente de una trama que valiéndose de sospechosas "maniobras" alteró la adjudicación y contratación de las obras de urbanización del complejo logístico hasta disparar su coste en 150 millones de euros. Como la sociedad dejó de abonar las últimas certificaciones, se calcula que el ‘agujero’ final en las cuentas fue de 140 millones de euros.

Para el juez , de esta presunta malversación fueron responsables también José María Jordán y Miguel Ángel Bretón, los dos exgerentes de la UTE Acciona-MLN (encargada de urbanizar las distintas fases del complejo logístico), así como varios directores técnicos y jefes de obra. En total, ocho personas a las que las acusaciones pedirán en el juicio que respondan con su patrimonio del sobrecoste millonario que supuestamente generaron a Plaza. El ministerio público solicita para ellos penas que van de los 5 a los 14 años de prisión.

En la lista de acusados figura también Carlos Escó, el que fuera viceconsejero de Obras Públicas de la DGA con el PSOE, para el que la Fiscalía solicita siete años y medio de prisión.