La Fiscalía culpa a la DGA de la descarga eléctrica que sufrió un niño junto a las pistas del Actur
Acusa a un jefe de servicio por no contratar la revisión del equipo averiado y a la Administración, como responsable civil.
La grave descarga eléctrica que sufrió un chaval de diez años el 26 de septiembre de 2014 junto a las pistas de atletismo del Actur sentará finalmente en el banquillo a un jefe de servicio del Gobierno aragonés, al que la Fiscalía y los padres del menor acusan de un delito de lesiones por imprudencia grave. El funcionario, José María C. C., era el responsable del mantenimiento de las instalaciones deportivas y del alumbrado, incluyendo el del entorno del Centro Aragonés del Deporte (CAD). Y según las acusaciones, aunque este se preocupó de firmar un contrato para la conservación del equipamiento interior, no hizo lo mismo con el exterior, lo que impidió detectar la avería del armario eléctrico que provocó la electrocución del menor.
El día del accidente, sobre las 19.30, Jhon acabó de entrenar con sus compañeros del club de atletismo Trials y se puso a jugar junto al armario eléctrico que hay a la salida de las instalaciones del CAD. Cuando quisieron darse cuenta, el niño yacía en el suelo inconsciente: una descarga de 220 voltios le había entrado por la sien derecha y le había salido junto a la rodilla. Una ambulancia lo trasladó de urgencia al hospital Infantil, donde el chico pasó casi 24 horas en coma. Pero en los días siguientes experimentó una providencial mejoría. Los médicos advirtieron entonces a sus padres de que, con el tiempo, podrían surgir complicaciones. Y así fue, puesto que unas semanas después se descubrió que el paso de la corriente eléctrica le había causado un orificio en el cráneo que precisó de la colocación de un placa metálica en el quirófano.
32 días hospitalizado
Según los escritos de acusación, al final fueron 32 los días que el chaval estuvo hospitalizado y algo más de seis meses los que tardó en sanar. Le han quedado además como secuelas cefaleas y neuralgia dolor continuo a lo largo de un nervio y de sus ramificaciones frontoparietal irradiada a región cervical, así como parestesias hormigueo, adormecimiento o ardor de la piel en la zona de cicatrices del cuero cabelludo.
A la hora de depurar responsabilidades, el único que se sentará en el banquillo de los acusados será José María C. C., puesto que, como jefe de servicio de la Dirección General de Deportes, era él quien debía preocuparse del mantenimiento del CAD y del alumbrado eléctrico: interno y externo.Así lo entienden la Fiscalía y la acusación particular, quienes recuerdan que el encausado contrató con Electricidad Navarro y Orera S. L. el mantenimiento de las instalaciones eléctricas del centro deportivo, olvidándose de las exteriores.
"No informó al director general de Deporte de la necesidad de firmar un contrato de mantenimiento (para la zona exterior), siendo consciente de que reglamentariamente era necesario", dice el representante del ministerio público. Por todo ello, en el juicio que se celebrará antes del verano, propondrá que este alto funcionario sea condenado por un delito de imprudencia grave a una multa de 2.160 euros.
En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía pedirá también que el acusado indemnice a la víctima con un total de 22.660 euros por las lesiones, las secuelas, los gastos médicos de los padres y la pérdida de estudios del menor. Aunque declara a la DGA responsable civil subsidiaria, esta tenía una póliza con Mapfre para estas contingencias y la aseguradora responderá por tanto como responsable directa.
La acusación particular entendía que además del jefe de servicio debían exigirse responsabilidades penales al entonces máximo responsable de la Dirección General de Deportes, pero ni el juez instructor ni la Audiencia Provincial lo consideraron pertinente. Por ello, tan solo ha presentando cargos contra el jefe de servicio, para quien solicita una condena de cuatro meses de cárcel, así como 27.000 euros en concepto de indemnización.
Recuerda esta parte que, a raíz del accidente, la madre del niño precisó asistencia médica por un estado de ansiedad severo que llevó consigo la baja laboral. La mujer perdió entonces su empleo, de ahí que también se considere un daño añadido.
