El Gobierno de Aragón propuso ayer crear una tarifa progresiva y mejorar las bonificaciones que acompañan al Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas un tributo (ICA). Lo hizo durante la primera reunión de la mesa del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas, en la que la DGA y las asociaciones de consumidores y empresarios y los representantes de municipios, comarcas y provincias evidenciaron su total falta de entendimiento de cara a la posible reforma de este gravamen.

El Ejecutivo, representado por el director general de Tributos, Francisco Pozuelo; la directora general de Protección de Consumidores y Usuarios, Rosa María Cihuelo, y la directora del Instituto Aragonés del Agua, Inés Torralba, entre otros, propuso revisar el ICA a fin de garantizar una "progresividad medioambiental" que incentive "el consumo responsable de agua", evite consumos "excesivos o incontrolados" y tenga en cuenta "el número de habitantes de cada hogar". Los agentes convocados, en cambio, exigieron que deje de cobrarse. "Pedimos que se remunicipalice la gestión de la depuración, que se sustituya el ICA por las tasas municipales que correspondan y que se asuman los sobrecostes y las ineficiencias que genera el sistema actual", explicó José Ángel Oliván, portavoz de la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA).

El también secretario general de la Unión de Consumidores de Aragón (UCA) aseguró que las propuestas del Gobierno de Aragón son "un simple maquillaje". "Debe negociarse la Ley de Aguas en su conjunto. Todo lo demás son parches", recalcó. Pese a que el Instituto Aragonés del Agua (IAA) se abrió a revisar el sistema de bonificaciones para "dar mayor seguridad jurídica, más transparencia y una mayor agilidad a la gestión", los colectivos convocados criticaron que únicamente se quisiese hablar de modificaciones puntuales y no de una reforma "estructural".

También que quienes ayer representaban al Gobierno de Aragón no tuvieran capacidad resolutiva. "Son meros receptores de las demandas que podamos hacer. No ha sido una reunión de acuerdos o avances, sino poco más que una conversación", dijo Oliván.

La versión de Santisteve

La DGA reconoció que "hay recorrido" para lograr "una regulación tributaria más perfecta" y que se podría haber hecho una "mejor" labor informativa. Aseguró, no obstante, que el ICA se seguirá cobrando y que los acuerdos que puedan alcanzarse no tendrán carácter retroactivo.

El encuentro, de más de una hora y media de duración, estuvo marcado por la ausencia del Ayuntamiento de Zaragoza, "un interlocutor necesario", según admitió la directora del IAA, Inés Torralba. El Consistorio justificó su ausencia y aseguró que el encuentro de ayer, de perfil técnico, no era "el foro adecuado para resolver este conflicto". A su entender, el tema debería de haberse abordado en el marco de la Comisión Bilateral. El propio alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, aseguró desde Fitur que la resolución "no se puede enmascarar con reuniones técnicas". Recordó, por otra parte, que el Gobierno de Aragón lleva "un año sin contestar" a sus planteamientos sobre el ICA.

Aunque el Gobierno de Aragón espera alcanzar un acuerdo de cara a marzo, los planteamientos de unos y otros siguen en las antípodas. Las partes volverán a verse en "dos o tres semanas". Mientras, el número de recursos sigue disparado en Zaragoza. Oliván aseguró que se han superado holgadamente los 15.000 y que el total, teniendo en cuenta aquellos que se han presentado a título individual, roza ya los 20.000.

El Instituto Aragonés del Agua, en todo caso, solo tiene constancia de que se hayan registrado unos 10.000 (la mayor parte, procedentes de Zaragoza capital).