¿Cómo se calcularán las pensiones de futuro? Esta es la pregunta que se hacen miles de personas tras el anuncio realizado este martes por la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez. En una entrevista con TVE explicó que había propuesto a la Comisión del Pacto de Toledo (espacio en el que se negocian el futuro de las pensiones) ampliar el periodo de cálculo de la pensión a toda la vida laboral, de forma voluntaria. De este modo, se computaría toda la carrera laboral y no solo los últimos años, como está haciendo en estos momentos. Parece que el objetivo de esta propuesta es que las personas mayores de 50 años que han perdido su empleo, no vean reducir su pensión de manera drástica.

Sin embargo, esta información fue matizada y concretada este miércoles. Ahora, la iniciativa ya no incluye toda la vida laboral, sino que se centran en que cada persona pueda elegir sus mejores 25 años de cotización para que se compute su jubilación. Esta opción sería voluntaria y reservada solo a los que hayan agotado su vida laboral y, por lo tanto, se hayan jubilado lo más tarde posible. Esta propuesta tampoco especifica si estos años tienen que ser consecutivos o pueden ser alternos. Todo ello se deberá negociar en el Pacto de Toledo para ver si realmente se aplica y en qué condiciones. Con este cambio, parece que ya no solo se verían beneficiados los parados de larga duración, si no buena parte de la ciudadanía.

El cambio de opinión y la escasa concreción ha provocado que los sindicatos no estén a favor de la iniciativa. “No entendemos cómo se puede realizar esta propuesta de manera pública sin explicar a qué colectivos afectaría, en qué condiciones y cómo se aseguraría la sostenibilidad del sistema de pensiones. Para lo único que sirve es para crear confusión en la sociedad”, lamenta Pura Huerta, secretaria de Formación y Empleo de UGT Aragón. Este sindicato se mostraría partidario de esta medida “si estuviera concretada y viniera acompañada de otras que permitieran que los mayores de 50 años pudieran reinsertarse laboralmente y que los jóvenes tuvieran contratos dignos”. De este modo, se aumentaría los ingresos de la seguridad social y el sistema de pensiones sería sostenible.

En CC. OO. comparten una opinión similar: la propuesta se puede valorar, pero es necesaria una mayor concreción. La secretaría de Acción Sindical y Política Sectorial de Aragón, Sonia García, especifica  que esta medida no afectaría a los que tienen una vida laboral estable en el tiempo e ingresos. Otra cuestión sería cuándo hay momentos de salarios más bajos o incluso paro. “Habrá que ver caso por caso puesto que dependerá de las circunstancias de cotización de cada uno y de los requisitos que finalmente se acuerden, si la medida prospera”, recalca.

Por ello, al igual que UGT, lo que se reclama es que se pongan medios para evitar la expulsión del mercado de trabajo de las personas de más edad: “Hay que introducir medidas de protección social para garantizar la cotización en esas situaciones, además de implantar políticas de empleo que incentiven la contratación de este colectivo”.

10.000 parados de larga duración con más de 55 años

Los parados de larga duración de más de 55 años forman el colectivo más afectado por la crisis (tanto por la falta de empleo durante varios años como por las consecuencias que ello tendrá en su futura pensión). “Hace menos de un año le presentamos a la ministra un informe sobre la situación laboral de aquellas personas que con 55 años han sido expulsadas del mercado de trabajo”, explica Huerta.

Según este estudio, tras la crisis, la pensión media de este colectivo se vería menguada en un 40%. Esto se produce porque en los últimos años de su vida laboral han tenido menores ingresos, producto de las prestaciones por desempleo, las ayudas de los 450 euros y, en muchas ocasiones, ni siquiera han tenido acceso a la protección social (es decir, no han cobrado nada). “En estos casos, la mayoría se quedan o quedarán con una jubilación de poco más de 500 euros”, sostiene. Según los cálculos realizados, alrededor de un millón de españoles estarían en esta situación. Lo que extrapolado a Aragón podría suponer unos 30.000, aunque no es una cifra oficial.

Lo que sí que se puede asegurar es que en Aragón hay casi 10.500 parados de larga duración con más de 55 años; una cifra que ascendería hasta los 14.000 si también se tuvieran en cuenta a aquellos cuya edad varía entre los 50 y los 55 años. Todo ello según las cifras publicadas en diciembre de 2017 por el Instituto Aragonés de Estadística (Iaest). “Estas personas y otras muchas que no aparecen en las estadísticas están viendo cómo sus cotizaciones bajan por la imposibilidad de encontrar un empleo en los últimos años de su vida laboral”, sostiene Huerta.

Además, en las estadísticas oficiales no aparecen aquellos que han encontrado un trabajo, pero es de escasa remuneración; ni los que han decidido hacerse autónomos. Algunos están consiguiendo mantenerse, especialmente gracias a unas bases de cotización bajas, y otros ni siquiera lo han logrado. “Luego están los que lo han dejado por imposible y ya no están inscritos en las oficinas del paro”, puntualiza Huerta.

¿Cuál es la situación actual?

La ley actual, aprobada en 2013, va elevando de manera progresiva la edad de jubilación (de 65 en 2113 a 67 a partir de 2027) y el número de años cotizados para determinar la cuantía de la prestación (de 15 a 25 años que se exigirán en 2022). En estos momentos, se calcula en función de las bases de cotización de los 21 años inmediatamente anteriores al mes previo de la jubilación (a los 65 años o 65 años y seis meses). Además, desde el 1 de enero de 2017, los trabajadores de más edad expulsados prematuramente del mercado laboral, pueden optar por la aplicación de un periodo de 25 años para que el cálculo de la pensión resulte más favorable.