Ni la fiscal ni la acusación particular variaron sustancialmente sus posiciones tras escuchar a todos los testigos y los informes de los peritos en el juicio contra el empresario Agapito Iglesias que este jueves quedó visto para sentencia. Las dos partes acusaron al constructor de un delito de falsificación de documento mercantil en concurso ideal con otro de estafa procesal, puesto que mantienen que aportó una factura falsa en un pleito civil con el fin de provocar error en el juez del caso para que dictara una sentencia favorable a sus intereses. Por eso, la representante del Ministerio Público, Ana Cabeza, solicitó penas que suman cinco años y medio de prisión que la acusación en nombre de la Plataforma Logística de Zaragoza, José Luis Gay, elevó a ocho años.

Ambos expusieron que el expresidente del Real Zaragoza, Agapito Iglesias, presentó en aquel juicio una factura y una certificación de unos trabajos de excavación, saneo y compactación en un terreno de Plaza que realmente no se hicieron. En esa parcela, Codesport y Zaragoza Plaza Center (ZPC), dos empresas de Agapito Iglesias, construyeron un aulario de Formación Profesional, obra por la que la sociedad pública pagó casi 6,5 millones de euros, de los cuales 1,4 correspondían al citado saneo.

Los informes presentados en la vista oral han demostrado, a juicio de las acusaciones, que esas obras no se ejecutaron tal y como recogía la certificación. "Sí se hizo un movimiento de tierras –dijo la fiscal– pero muy inferior al que se dice. También se hizo un relleno, pero con un material no tan seleccionado como el que afirman". La fiscal apoyó su argumentación en los peritajes encargados por el juzgado, estudios que le merecen más credibilidad y los considera más fidedignos que los presentados por la defensa de Iglesias.

El letrado de la DGA puso en cuestión precisamente el testimonio de uno de ellos, José Antonio Plaza, funcionario de carrera y jefe del Servicio de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. En opinión de Gay, este ingeniero habría infringido el régimen de incompatibilidades y no debería haber emitido su informe. Destacó, además, la gravedad del delito cometido por Iglesias ya que, a su juicio, logró engañar al Poder Judicial. Planteó también qué habrían respondido los miembros del consejo de administración de Plaza si les hubieran explicado si estaban de acuerdo en vender una parcela por 18 millones y comprar después una décima parte de la misma por 32, poniendo en tela de juicio que el gerente de la sociedad pública, Ricardo García Becerril, lo hubiera hecho.

Por su parte, Miguel Ángel Alemán, abogado de Agapito, calificó de "surrealista" este procedimiento y dijo que aunque la controversia del letrado de la DGA estaba en si se pagó mucho o poco por la parcela, el objeto del juicio es si la factura que Codesport repercutió a ZPC es falsa o no. Al margen, añadió que en su opinión esa factura no tuvo "trascendencia" ni "perjudicó" a Plaza puesto que los 6,4 millones que pagó por el aulario era el precio fijado de antemano. A pesar de ello, el letrado mantuvo ante el tribunal que la factura sí que se corresponde con la realidad y que se podrían discutir algunas partidas, pero eso sería una falsedad "ideológica" que no puede ser cometida por un particular, como es Agapito Iglesias. Por esa razón, solicitó su absolución, al igual que los abogados de Codesport y de ZPC, acusadas como responsables civiles.