Los consumidores piden paralizar el cobro del ICA y amenazan con ir a los tribunales

La Unión de Consumidores de Aragón (UCA) instó ayer a la DGA a paralizar el cobro del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) en toda la Comunidad hasta que se revise la ley de Aguas de Aragón.

Su presidenta, Fernanda Blanco, y su secretario general, José Ángel Oliván, no descartan llevar el polémico tributo a los tribunales. Sobre todo teniendo en cuenta que la directora del Instituto Aragonés del Agua (IAA) "ya anunció –según recordó Oliván– que los recursos que se presentaran serían desestimados". "Serán los jueces quienes obligarán a la DGA a devolver el dinero", auguró Blanco.

En Zaragoza se han recogido ya más de 7.000 alegaciones contra el ICA, que sirve para financiar el abastecimiento, el saneamiento de las aguas, la prevención de la contaminación y la depuración, aunque en unas semanas se podría llegar a las 10.000, ya que el recibo ha comenzado a girarse en barrios como el Actur o el Arrabal.

La UCA cree tener "sólidos" argumentos para recurrir a la vía judicial, aunque sostiene que "aún se está a tiempo de aplicar soluciones políticas". El colectivo reclama "una postura de consenso" que no haga a los aragoneses "pagar más" por la depuración de las aguas y permita "dar una solución definitiva" a este problema. También que el ICA "sea una tasa y no un impuesto".

El Ejecutivo autonómico prefirió no entrar ayer en valoraciones. Tampoco hizo excesiva referencia a este impuesto el consejero Olona, que por la tarde desgranó el presupuesto del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad en las Cortes de Aragón. Allí, Podemos llegó a asegurar que tributos como este son "impropios" de un gobierno progresista e Izquierda Unida criticó que quiera utilizarse el ICA "para tapar agujeros".

La DGA ya ha descartado en varias ocasiones paralizar el cobro del ICA. No obstante, el acuerdo presupuestario alcanzado con la formación morada hará que partidos políticos, ayuntamiento y colectivos sociales se sienten en una mesa para debatir su reforma.

Se trata, según los consumidores, de una revisión urgente, ya que "la gestión de este impuesto está siendo un auténtico desastre". La presidenta y el secretario general de la UCA aludieron a los "múltiples" errores que se están encontrando los zaragozanos (hay hogares que han recibido más de una carta y otros a los que no ha llegado ninguna), así como a los cerca de 40.000 vecinos de la llamada zona 2 (Las Fuentes, San José, Torrero, Venecia y La Paz) que no han pagado el ICA. Oliván insistió, en este sentido, en que el Gobierno de Aragón "no ha comunicado correctamente" el envío de las primeras remesas, ya que "no ha habido acuse de recibo" y, por tanto, no deberían correr los plazos.

Tampoco ve normal que los siguientes "vayan a comunicarse a través de un edicto" por considerarlo "un abuso de la Administración".

El colectivo cargó contra el Ejecutivo de Lambán por querer achacar a la UCA una imagen "de insumisión fiscal". "Nosotros ya hemos procedido a pagar el recibo, pero lo recurriremos", adelantó Blanco.

Diálogo y bonificaciones

La UCA no fue el único colectivo que ayer se pronunció sobre el ICA. La Unión Vecinal Cesaraugusta instó al Gobierno de Aragón y al Ayuntamiento de Zaragoza a sentarse y dialogar. "Se podría llegar a entender la legalidad de este tributo, que en cualquier caso no compartimos desde la Unión, pero lo que no puede ser de ninguna manera es que se produzca una duplicidad en el pago", manifestó su presidente, José Luis Rivas.

Tanto la Unión Vecinal como la UCA se refirieron a la bonificación del 70% que ha acompañado a los recibos ya girados, que este 2018 pasará a ser del 60%. "Al ir disminuyendo en años sucesivos, este tributo podría llegar a suponer hasta 200 euros anuales para muchas familias", señalaron ambos.

El gesto de Híjar "no ayuda"

Oliván aseguró que gestos como el del concejal de ZEC, Pablo Híjar –que publicó una imagen en redes sociales en la que se le veía rompiendo el recibo del ICA– "no ayudan a la campaña de oposición al Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas".

Tanto él como la presidenta de la UCA, Fernanda Blanco, creen que existen "argumentos suficientes" para respaldar el ‘no’ y que, por consiguiente, no es necesario llamar a la insumisión fiscal, acción que, según sus palabras, podría tener el efecto opuesto.

Reconocen, no obstante, que cada ciudadano es libre de decidir qué hacer una vez que reciba en su hogar la carta del Instituto Aragonés del Agua (IAA).

Ambos se mostraron especialmente críticos con el Ayuntamiento de Zaragoza, que "podría haber hecho más" para defender los intereses ciudadanos. Criticaron, en este sentido, que el Gobierno de ZEC utilizase el ICA "como una baza dentro de la negociación de la ley de capitalidad". "Hay acciones llevadas a cabo, como la entrega del censo, que podrían haberse evitado", opinó Oliván, que instó a los zaragozanos a protegerse por sí mismos si el Consistorio no lo hace.

Respaldo al secretario general

Blanco mostró ayer su apoyo a Oliván y respaldó todas las declaraciones realizadas hasta la fecha en nombre de la Unión, ya que todas las decisiones, recalcó, "se toman siempre en equipo". Lo hizo después de que el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, asegurase en Radio Zaragoza que el secretario general de la UCA "contaminaba" a la asociación al "hacer política en sus horas libres intentando ser secretario general de UGT o apoyando a candidatos alternativos del PSOE". "Una cosa es presentar recursos y otra, hacer política", afirmó este lunes.

El propio Oliván declinó hacer comentarios al respecto y se limitó a decir que el consejero "tuvo un mal día" y "no estuvo acertado". Recalcó, en cualquier caso, que la Unión de Consumidores de Aragón va a seguir recogiendo recursos y participando en las actividades que se impulsen desde la Red de Aguas Públicas de Aragón (RAPA), de la que forma parte. La próxima gran cita será la manifestación que, previsiblemente, recorrerá las calles de Zaragoza el 4 de febrero.