El Gobierno de Aragón y el Ejecutivo central han vuelto a empezar el año con parte los deberes sin hacer. Y otro año más, las principales consecuencias no las van a sufrir los diputados, sino el resto de habitantes, especialmente los funcionarios y personal laboral de administraciones públicas, quienes sean padres durante los primeros meses del año y las organizaciones sociales, entre otros.

Junto a los efectos para los ciudadanos, las prórrogas presupuestarias –tanto la aprobada por el Gobierno central, como las de la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza– tienen un coste objetivo para la propia Comunidad. Este año va a superar los 300 millones, cuantía que irá reduciéndose a medida que las diferentes administraciones cumplan su parte y aprueben sus cuentas para 2018.

De estos 300 millones que Aragón no puede utilizar mientras haya prórrogas presupuestarias, 148 están bloqueados de forma directa por el Ministerio de Hacienda. El Gobierno central argumenta que, mientras el Congreso no apruebe los Presupuestos del Estado para 2018, no tiene amparo legal para enviar ese dinero a Aragón. Esos 148 millones son el dinero extra que va a recibir Aragón del Estado en 2018 en comparación con lo que le tocó de financiación en los Presupuestos de 2017.

Además, a estos 148 millones hay que sumar el bloqueo de los 60 millones del Fondo de Inversiones de Teruel. En este caso, 30 millones están vinculados a la aprobación de los presupuestos estatales y otros 30 a los autonómicos. Y a estas cifras hay que añadir más de 100 millones que están reconocidos en los Presupuestos del Estado para convenios con Aragón, entre otras partidas.

El incremento salarial

En cuanto al efecto directo en los funcionarios, el retraso supone que todo el personal que trabaje en Aragón para cualquier Administración –tanto la estatal, como la autonómica o las locales– no tendrán en sus próximas nóminas la subida del 1,5% que tienen acordada para 2018. Ese dinero no lo perderán, pero los trabajadores no podrán acceder a él hasta que el Congreso dé el visto bueno a las cuentas del Estado. Y esta aprobación no llegará hasta que PP, Ciudadanos y PNV desbloqueen la negociación presupuestaria, lo que previsiblemente sucederá después de la formación de gobierno en Cataluña.

Además, numerosas organizaciones sociales no van a recibir las subvenciones comprometidas durante el primer trimestre del año. Esto sucede también porque la prórroga a los primeros meses de 2018 del Presupuesto de 2017 excluye estas partidas. También quedan fuera nuevas inversiones.

El páramo presupuestario que hay actualmente en Aragón ya se repitió en 2017, aunque la diferencia es que el pasado año era un problema generalizado de todas las Comunidades. Este 2018, la mayoría de las coaliciones que gobiernan en otras autonomías sí han hecho los deberes. Así, hay 12 Comunidades que ya tienen sus presupuestos: Andalucía, Galicia, Madrid, Canarias, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Navarra, Cantabria, País Vasco, Valencia y Murcia. Otra Comunidad, Asturias, aún no los tiene aprobado por reparos de Podemos, pero aseguran que sería cuestión de días el desbloqueo. Este escenario hace que, junto a Aragón, terminarán enero sin cuentas autonómicas solo otras tres: La Rioja, Extremadura y Cataluña.

En el caso de la DGA, el bloqueo es temporal, una vez que ya está cerrado el pacto entre PSOE, Podemos, CHA e IU, aunque dejaron para enero la tramitación parlamentaria. En el lado positivo hay que valorar que aún podía ser peor. En 2017 fueron todavía más lentos y no aprobaron el presupuesto autonómico hasta después de Semana Santa.