Haciendo balance de este año en materia de justicia, lo más destacable es la respuesta dada por el Estado de derecho al desafío independentista catalán. Resulta triste que en pleno siglo XXI se cuestionen principios básicos de una democracia como el sometimiento de todos los ciudadanos, comenzando por los gobernantes, a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Democracia y legalidad son conceptos indisolublemente unidos. Pues bien, ante los hechos acaecidos en los últimos meses, han funcionado los mecanismos legales para hacerles frente, y entre ellos, los judiciales, y desde aquí quiero enviar a mis compañeros de Cataluña mi reconocimiento y apoyo por su compromiso inquebrantable con la Constitución.

La justicia emana del pueblo

y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Independencia que muchas veces es puesta en duda por la apariencia de politización que transmite la designación por el poder político de los doce vocales del Consejo General del Poder Judicial de procedencia judicial. Es una demanda histórica de las cuatro asociaciones judiciales que estos sean elegidos por los propios jueces, demanda que ha encontrado respaldo en diversas instancias internacionales. Y así figura en el pacto alcanzado recientemente por el Partido Popular y Ciudadanos y que espero se plasme en una próxima reforma legislativa.

La propia Constitución configura el Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno y establece como funciones propias del mismo el nombramiento y ascenso de los jueces así como la inspección y el régimen disciplinario. Pero en la Administración de Justicia concurren otras instituciones: el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias en esta materia, como es el caso de Aragón. A esta última corresponde la dotación de medios personales y materiales. Y en este año 2.017 se ha perdido una oportunidad de mejora de los mismos. El Ministerio de Justicia sometió a informe de estas instituciones la creación de 93 nuevas unidades judiciales para el año próximo, contemplando dos juzgados de primera instancia en Zaragoza. Sin embargo, el Gobierno de Aragón, por sus limitaciones presupuestarias, solo informó favorablemente a la creación de uno de ellos y propuso la transformación de un juzgado de instrucción, medida totalmente desaconsejada teniendo en cuenta sobre todo que dos años antes se había modificado la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el sentido de limitar el tiempo de instrucción de los procesos. Finalmente, se creará solo un juzgado de primera instancia, que se dedicará a la materia de familia; todavía, no se ha determinado la fecha concreta de su constitución, que espero sea lo antes posible por la enorme carga social y emocional que pesa en ese tipo de juzgados.

Por otro lado, el Gobierno de Aragón ha adoptado una importante decisión en materia de medios materiales, el suministro de un nuevo sistema informático. Se encuentra en fase de implantación y se prevé su puesta en funcionamiento en el año próximo. Ojalá que suponga una mayor agilidad y eficacia en el trabajo diario.

Es pública y notoria la escasez de medios materiales y personales. La ratio de juez por cada 100.000 habitantes en España es casi la mitad que en la Unión Europea, 12,2 frente a 21. En términos comparativos con el resto de España, Zaragoza ofrece unos buenos tiempos de respuesta, debido a la estabilidad y experiencia de los jueces y del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia. Pero ello no es óbice para la necesidad de aproximarnos a los parámetros comunitarios.

La jurisdicción civil ha vivido en este año la masiva llegada de demandas de nulidad de contratos bancarios de todo tipo, lo que dio lugar a la especialización del juzgado de primera instancia nº 12 y la constitución de una sección independiente. Desde el pasado 1 de junio se le han repartido más de cuatro mil demandas, carga de trabajo totalmente inasumible. Con un juez de refuerzo, la ampliación de jornada de un letrado de la Administración de Justicia y cinco funcionarios poco se puede hacer. Aunque la solución del problema debe venir del Tribunal Supremo, resolviendo con claridad y precisión varias cuestiones jurídicas controvertidas, y después, con el sometimiento de las entidades bancarias a esos criterios. De otra manera, habrán de destinarse ingentes recursos para atender esta carga de trabajo.

Y no quiero terminar sin hacer una mención a los juzgados de violencia sobre la mujer, que año tras año ven aumentar el número de asuntos, lo que hace deseable la creación de otro para una mejor atención y protección de las víctimas.