Aragón ante el nuevo sistema de financiación
Las comunidades autónomas tienen encomendada por la Constitución y sus respectivos estatutos de autonomía la prestación de los servicios esenciales sanidad, educación y servicios sociales, que constituyen la base fundamental del Estado de Bienestar. En el caso de Aragón, 3.187.396.420 euros del total de gastos no financieros se destinan a sufragar este tipo de servicios; precisamente los que igualan al conjunto de los ciudadanos y garantizan el mínimo indispensable para que las personas con menos recursos puedan vivir dignamente.
La crisis, que ha provocado una disminución muy importante de los ingresos, ha afectado al nivel de calidad en la prestación de estos servicios. Para evitar un deterioro dramático de los mismos, la Comunidad Autónoma de Aragón, como el resto de territorios y el Estado, se ha visto obligada a endeudarse y a incrementar sus recursos.
Aragón necesita en este momento más ingresos para garantizar la prestación de los servicios a que está obligada. Además, hay que tener en cuenta que los costes que ello supone no son iguales en todas las comunidades. En la nuestra hay factores como el envejecimiento de la población, la densidad y la dispersión que implican un mayor gasto para garantizar a todo el mundo los mismos servicios.
Cuando nos enfrentamos a una nueva negociación para reformar el sistema de financiación autonómica, ante las distintas posiciones que mantienen los territorios es precisa una distribución diferente de los recursos entre el Estado y las comunidades autónomas y son necesarios más ingresos para garantizar la suficiencia financiera. Todo ello hay que hacerlo cumpliendo los objetivos de estabilidad, es decir, disminuyendo el déficit y el endeudamiento. Se requiere, en definitiva, más dinero.
En este sentido, cuestiones como la reciente aprobación del cupo vasco o la reclamación que están realizando algunas comunidades para que la Administración Central apruebe una quita de la deuda acumulada en los últimos diez años hacen más necesario si cabe volver a una concepción del Estado en la que impere una garantía de solidaridad. Esta fidelidad de carácter horizontal entre administraciones debe completarse con una de tipo vertical entre las comunidades autónomas y el Gobierno central. No puede ser que sean aquellas quienes soportan todo el peso de la prestación de servicios mientras que es este el que gestiona el mayor volumen de los ingresos.
Para Aragón, que durante los últimos años ha hecho un esfuerzo importante de control del gasto público con la intención de alcanzar los objetivos de déficit público que fijan las leyes de estabilidad, una quita lineal de la deuda resultaría un ejercicio de falta de solidaridad interterritorial. No puede ser que el Estado acabe premiando a las comunidades que han resultado más incumplidoras. De llevarse a cabo esa quita, debería hacerse de manera proporcional teniendo en cuenta el porcentaje que representa sobre el PIB de cada territorio.
España, que es un país en el que tradicionalmente se ha ejercido la solidaridad, está en la obligación de alcanzar acuerdos que no resulten lesivos para unos territorios mientras otros resultan beneficiados en demasía. Para ello, además de requerir una inyección cercana a los 15.000 millones de euros por parte del Estado, el nuevo sistema de financiación que surja de la negociación deberá tener en cuenta las peculiaridades que cada territorio presenta a la hora de hacer frente a la gestión de sus servicios públicos. Solo así será posible mantener el Estado del bienestar; solo si impera la solidaridad entre territorios y solo si el Estado es capaz de contribuir a esa necesaria solidaridad.
