Agapito Iglesias será juzgado en enero acusado de hinchar 1,4 millones las obras de un aulario
La Fiscalía y la DGA solicitan penas de entre 6 y 8 años de cárcel, ya que creen que el empresario falseó facturas e incluyó en ellas un movimiento de tierras que no se hizo.
El exdueño del Real Zaragoza Agapito Iglesias comenzará el año sentado de nuevo en el banquillo de los acusados, ya que la Audiencia Provincial tiene previsto juzgarlo entre el 8 y el 10 de enero por el llamado caso Aulario de Plaza. El empresario soriano se enfrenta a penas de entre 6 y 8 años de prisión por un supuesto sobrecoste de 1,4 millones de euros en la construcción de un edificio encargado por el Gobierno aragonés y destinado a impartir clases de Formación Profesional. El encausado niega que se hincharan los precios o facturara trabajos ficticios, pero tanto la Fiscalía como la DGA le atribuyen delitos de estafa agravada y falsedad documental.
La querella fue presentada por la Unidad Especial Anticorrupción de la Fiscalía Provincial al saber que la empresa Zaragoza Plaza Center Campus Empresarial -de la que también es propietario el encausado- había cobrado a Plaza 5,7 millones de euros por el mencionado inmueble, cuando un informe pericial reducía considerablemente el coste de las obras.
Según las acusaciones, en los trabajos facturados por la constructora de Agapito Iglesias se incluía un movimiento y saneo de tierras irreal. El constructor presentó una factura en la que detallaba que había excavado la parcela del aulario a una profundidad de 5 metros "para retirar material de baja calidad y rellenarlo después con uno seleccionado". Sin embargo, tanto la Fiscalía como el Gobierno aragonés cuestionan la ejecución de dichos trabajos.
Basándose en los informes periciales practicados durante la instrucción del caso, las acusaciones mantienen que lo único que se hizo en la parcela donde se levantó el aulario de FP fue nivelar la tierra con material propio de la zona. Según estas, por dichos trabajos Plaza debería haber abonado a Codesport un total de 22.543 euros, cantidad muy inferior a la que acabó facturando la empresa de Agapito Iglesias.
Cuando compareció ante el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, el empresario insistió en que se llevaron a cabo todos los trabajos reflejados en la factura. Y estos incluían la limpieza de la parcela, excavación a cielo abierto, relleno, compactación dinámica del terreno, transporte al vertedero o extendido de capa de zahorra artificial.
El Supremo, pendiente del juicio
De lo que suceda en el juicio del caso Aulario dependerá el pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre otra causa en la que también se vio involucrado Agapito Iglesias: el llamado caso Codesport. Un Juzgado de Primera Instancia condenó en 2014 al empresario a devolver a Plaza 12,2 millones de euros al considerar probado un "enriquecimiento injusto" en la construcción de un bloque de oficinas. El fallo fue recurrido después ante la Audiencia Provincial, que desmontó los argumentos de la sentencia y dio la razón al exdueño del Real Zaragoza. Porque, para el tribunal, la compra se había basado en un acuerdo libre entre las partes y no había nada que reclamar.
El asunto llegó finalmente ante el Tribunal Supremo, que hace unas semanas anunció que esperará a que se celebre el juicio del caso Aulario para decir si los cuestionados 12,2 millones estaban bien o mal pagados. Y ¿por qué vincula el Alto Tribunal ambas causas? Porque fue precisamente al recurrir la sentencia del caso Codesport cuando salió a la luz la supuesta factura falsa del movimiento de tierras del edificio del aulario. Y esta dio a una nueva causa penal, que es la que ahora se dirime.
Al margen de estos procedimientos, Agapito Iglesias todavía está pendiente de la celebración del bautizado como caso Plaza, en el que se enfrenta a otra petición de cárcel de casi seis años.
