Informar o no a los progenitores de una menor de su embarazo y tener su consentimiento para su interrupción. Este es el dilema que lleva varios años en el Congreso de los Diputados, debido a las sucesivas reformas realizadas. Cuando gobernó el PSOE se puso en marcha la ley “de plazos”, que permitía a las menores de 16 años abortar sin permiso de sus padres o tutores legales. Posteriormente, en 2015, el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, decidió modificar esta cuestión. Ahora, PSOE y Podemos han vuelto a poner sobre la mesa este tema, solicitando al Gobierno que se vuelva a la legislación anterior.

“La propuesta de volver a la situación inicial y permitir el acceso sin consentimiento paterno en esta franja de edad, alegando al principio de 'menor maduro' hasta los 16 años y la 'mayoría de edad sanitaria' para mujeres mayores de 16 años, me parece totalmente adecuado”, subraya Sira Repollés, ginecóloga del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa y coordinadora del Programa de Anticoncepción de Aragón. Desde su punto de vista, estos cambios legislativos no han contribuido a disminuir la tasa de abortos en estas edades.

Una cuestión que se puede comprobar con los datos ofrecidos por el Instituto Aragonés de Estadística (Iaest).  En 2011, cuando estaba en vigor la ley de plazos, se registraban un total de 309 interrupciones voluntarias de embarazo entre jóvenes aragonesas de 15 a 19 años. En 2015, con la puesta en vigor de la ley promovida por Gallardón, esta cifra se había reducido hasta las 206. Sin embargo, no es una reducción real ya que, porcentualmente, el volumen de abortos (en términos globales) también se había reducido. En definitiva, entre 2011 y 2015 el porcentaje de interrupciones voluntarias de embarazo de este colectivo no había variado en exceso: un 10,68% en el primer caso y un 9,32% en el segundo.

De hecho, según los últimos datos publicados por el Gobierno de Aragón, si se compara la tasa de abortividad en mujeres menores de 19 años, se puede comprobar que es la misma en 2014 que en 2016, a pesar del cambio legislativo producido en 2015. No obstante, es conveniente subrayar que en, términos generales, se viene constatando una reducción en el número de abortos, ligada principalmente a una mayor concienciación sobre el uso de métodos anticonceptivos. Además, independientemente de la regulación existente, muchos expertos recomiendan que las menores cuenten con el apoyo de sus progenitores a la hora de tomar una decisión tan importante, tanto por temas emocionales como físicos. De hecho, antes de 2015, las clínicas privadas ya recomendaban la presencia familiar en estos momentos; a pesar de que no había una legislación que lo exigiera.

"En la actualidad, los niños son cada vez más inmaduros emocionalmente (en términos generales, aquellos que han cumplido los 16, tienen emocionalmente unos 11 o 12); por lo que acortar las etapas legales actuales me parece un error", subraya Olga Lázaro, psicopedagoga y experta en educación infantil. Además, subraya que al igual que los menores de 18 años no pueden votar, ni conducir, ni beber; también deberían estar acompañados en una decisión tan complicada. Por ello, recalca que en estos momentos, lo más importante es la educación preventiva (en el ámbito familiar, educativo y sanitario). "Una buena comunicación entre padres e hijos es una herramienta decisiva. Además, cuando una mujer pasa por un situación como esta (un embarazo no cesado y su posterior aborto), la actuación psicológica posterior es fundamental para que pueda seguir con su vida", enfatiza.

Estar acompañadas (física y psicológicamente) en una decisión difícil y no banalizar el aborto eran algunos de los objetivos de la legislación actual. “Por el contrario, lo que se ha conseguido es dificultar el acceso a esta prestación; provocando una peor salud reproductiva para estas menores”, puntualiza Repollés. Asimismo, recalca que un estudio realizado por la Asociación de Centros Acreditados para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Acai), llevado a cabo antes del cambio legislativo de Gallardón, ya evidenciaba que el problema no estaba en que los padres fueran o no conocedores de la situación. Según la encuesta realizada, el 87% de las menores de 16 y 17 años informaban a sus padres de la situación, acudiendo, en la mayor parte de los casos, acompañadas por estos el día de la intervención. Tan solo un 13% de esas mujeres no informaban a sus tutores legales. Entre las razones se encontraban: desamparo familiar, familias desestructuradas, progenitores en prisión, riesgo de sufrir malos tratos y padres manifiestamente contrarios al aborto.

Los abortos, en la privada

Podemos también aprovechó el Día Internacional del Aborto Legal y Seguro para criticar que la mayoría de las interrupciones voluntarias de embarazo se sigan realizando en las clínicas privadas“porque no hay capacidad en nuestro Sistema Nacional de Salud para asumirlas”. Por ello, en la iniciativa aprobada por el Congreso la pasada semana, Podemos solicitaba implantar un programa de formación obligatoria para todos los profesionales que vayan a estar implicados en la realización de abortos en centros sanitarios públicos. De hecho, más del 99% de los abortos que se realizan en Aragón son en centros privados, generalmente, extrahospitalarios.

Asimismo, piden suprimir el periodo de reflexión de 3 días para la mujer antes de abortar e incluir en el Pacto de Educación medidas sobre salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo para su obligado cumplimiento en el ámbito educativo.

Según los últimos datos, el número de abortos ha bajado por quinto año consecutivo.