Los servicios sociales de Aragón mejoran, pero tienen un grave déficit en la atención a los mayores

Aragón ha mejorado en el último año su sistema público de servicios sociales, aunque aún presenta déficits –si se compara con la media nacional y con otras comunidades– y, sobre todo, muestra carencias importantes en la atención de las personas mayores. Este es el resumen general de Aragón que mostró el estudio anual que elabora la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales (Índice DEC 2017), presentado ayer en Madrid.

Según este informe, que hace un repaso periódico a la evolución de las prestaciones sociales en las diferentes comunidades, Aragón está recuperando poco a poco su nivel, gracias a la legislación aprobada en los últimos tiempos –que garantiza y ordena una serie de derechos– y, sobre todo, a que se está haciendo un mayor esfuerzo inversor por parte de las administraciones públicas de la Comunidad.

Así, lo primero que destaca el estudio cuando habla de Aragón es que se está "rompiendo" la tendencia a los recortes registrada en años anteriores, cambio que se traduce en un mayor gasto por habitante y año en servicios sociales. Desde 2014 a 2016, apunta el escrito, este aumento fue del 20% (de 304,6 euros a 365,25 euros) y se encuentra ya por encima de la media nacional, fijada en 339,69 euros.

Yendo a aspectos concretos, el informe recoge la mejora lograda en la cobertura de la atención a la dependencia (pasando en el último año del 5% al 6,6% de la población potencialmente dependiente), aunque también recoge que, pese a este avance, Aragón sigue por debajo de la media nacional (8,5%).

También ha aumentado el número de personas que reciben en la Comunidad las rentas mínimas de inserción (IAI), pasando del 14,8% de la población en riesgo de pobreza en 2013 al 19% en 2015 (último año del que se tienen datos oficiales), porcentaje que duplica la media española (8,7%).

Y donde se nota una mejoría más clara es en la ratio referida a los alojamientos para personas sin hogar. Aragón continúa muy por encima de la media nacional, con 80 plazas por cada 100.000 habitantes (duplicando la media estatal, que es de 38,77).

En el apartado de carencias, el informe destaca la reducción de plazas de residencias públicas para mayores de 65 años, que ha pasado de 2,22 por cada 100 personas mayores (en 2013) a 2,09 (en 2015). Tampoco sale bien la fotografía relativa al servicio de ayuda domiciliaria y de teleasistencia, cuyas coberturas son muy inferiores a la media nacional.

Retos pendientes

"El principal reto que tiene Aragón en materia de servicios sociales es seguir aumentando la cobertura de prestaciones y servicios para recuperarse del deterioro que se produjo en la anterior legislatura", dijo ayer Gustavo García, responsable en Aragón de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales y coordinador del Índice DEC (Desarrollo de los Servicios Sociales). A modo de recomendaciones, García hizo especial hincapié en la aprobación de la Ley de Renta Básica. "Si no se aprueba y se pone en marcha en esta legislatura –dijo– será un fracaso". También mencionó que la Comunidad debe seguir avanzando en el desarrollo de la Ley de Dependencia y en la recuperación del nivel de inversión en servicios públicos (principalmente en la ayuda a domicilio).

Un retorno al asistencialismo, al ‘limosnismo’

El último Índice DEC (que repasa anualmente el desarrollo de los servicios sociales en España), pone de manifiesto un aspecto que Gustavo García considera "preocupante». Se trata del desequilibrio percibido en todas las comunidades entre el gasto destinado a servicios sociales y la situación de la cobertura efectiva en prestaciones y servicios.

"Por primera vez en cinco años (el índice DEC comenzó a aplicarse en 2012) –afirmó García– se ha detectado un descenso de la eficiencia. Es decir, el aumento de la inversión pública no se corresponde con un incremento y mejora de la calidad de los servicios sociales".

García entiende que esta situación merece una reflexión seria sobre las razones que la están generando, ya que según los indicios recogidos podría deberse a un "retorno al asistencialismo, a la caridad: al ‘limosnismo’».

El coordinador de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales en Aragón recordó el volumen de recursos públicos que se está destinando a resolver necesidades puntuales y concretas de la población como la comida o el bono eléctrico.

La calificación

El último Índice DEC ha dado a Aragón una calificación de 5,20 por el desarrollo de sus servicios sociales. La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, que es quien elabora este índice anualmente, obtiene las notas después de analizar 30 indicadores. Aragón se ha situado este año en la media nacional (5,20) y por detrás de País Vasco (7,75), Castilla y León (7,50), Navarra (7,40), La Rioja (6,45), Castilla-La Mancha (5,40), Asturias (5,35) y Andalucía (5,25). Cataluña también obtuvo una nota de 5,20 y Extremadura, un 5,15. El resto de las comunidades quedaron por debajo de 5. Cantabria y Baleares obtuvieron 4,60; Galicia, 415; Madrid, 3,50; Murcia, 3,40; Canarias, 3,30 y la Comunidad Valenciana, 2,05.