Aragón logra un aprobado bajo en la prestación de servicios sociales

Aragón ha conseguido un aprobado bajo de 5,20 puntos en la gestión de los servicios sociales respecto al resto de comunidades autónomas del país, siete de las cuales han suspendido.

Son puntuaciones recogidas en el Índice DEC 2017 (Desarrollo de los Servicios Sociales), que elabora la asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales a partir de 30 indicadores, como la cobertura de servicios, el gasto por habitante y los derechos que reconoce cada autonomía en el Sistema Público de Servicios Sociales.

Aragón se sitúa en el límite del aprobado, por encima de Baleares, que suspende en la prestación de sus servicios sociales con un 4,60.

A nivel nacional, las comunidades autónomas han conseguido por primera vez un aprobado de media respecto a los servicios sociales, aunque siete siguen suspendiendo -Cantabria (4,6), Baleares (4,6), Galicia (4,1), Madrid (3,5), Murcia (3,5), Canarias (3,3) y Comunidad Valenciana (2)-, mientras que País Vasco (7,7) y Castilla y León (7,5) obtienen buenas notas.

Este año ha obtenido una media de 5,07 puntos (sobre 10), la mejor calificación desde que se comenzó a hacer esta evaluación en 2012 (en 2015 fue 4,54, en 2014 4,71, en 2013 4,91 y en 2012 4,72).

"Hay una evolución positiva de los servicios sociales desde 2014 por el impulso de los nuevos gobiernos de las CC.AA., se ha registrado una menor recuperación de los servicios sociales en el ámbito local y respecto a la administración del Estado acumula recortes de casi 5.000 millones de euros", ha explicado el coordinador del estudio, Gustavo García Herrero.

El informe señala que las diferencias entre comunidades "se amortiguan a nivel general" y el nivel de desigualdad es menor, pero sigue existiendo una "extraordinaria diversidad de esfuerzos, cobertura y derechos garantizados" entre territorios.

En la reducción de la desigualdad ha influido que las dos autonomías con la menor puntuación, Canarias y la Comunidad Valenciana, "han comenzado a avanzar" y el desarrollo de los servicios sociales "ya no es prácticamente nulo" como hasta ahora.

Pero en general, las diferencias son "extremas", y mientras comunidades como Baleares, País Vasco o Galicia tienen un profesional en los servicios sociales básicos por menos de 2.000 habitantes, en Galicia llegan a los 4.930 ciudadanos por cada trabajador.

"Los recortes en el sector tocaron fondo en 2013 y desde entonces el nivel general registra una tendencia creciente de la inversión en servicios sociales, pero a distinto ritmo y no se recupera el nivel alcanzado en 2012", ha asegurado García.

Sin embargo, considera que esa recuperación no se aprecia en mejoras en servicios esenciales, como los domiciliarios, que deberían ser una prioridad "porque todas las personas quieren estar en sus casas lo máximo".

"Estos servicios domiciliarios generan mucho empleo y son muy necesarios y vemos que los indicadores de cobertura de esos servicios no solo no aumentan, sino que se reducen en algunas CCAA", ha alertado.

El presidente de la asociación, José Manuel Ramírez, ha denunciado que el sistema actual "está retornando a un modelo asistencialista de ayudas económicas" y ha propuesto establecer una ley de garantías de rentas mínimas, para que "la gente no tenga que estar buscando recovecos y mendigando ayudas".