El Gobierno de Aragón ha cerrado la negociación del presupuesto con Podemos con el objetivo de aprobarlo antes de que acabe el año. Tras 17 reuniones, el equipo negociador consensuó este martes el borrador definitivo que se pretende llevar el día 28 al Consejo de Gobierno para iniciar su tramitación parlamentaria, aunque la última palabra la tiene el consejo ciudadano de la formación morada. La ejecutiva se reunirá este martes para valorar el documento y los socios de investidura de Lambán trasladarán la respuesta definitiva el miércoles en el que será el último encuentro entre las partes.

El último escollo se salvó a la última hora de la mañana de este lunes y se circunscribía a la extensión del servicio de las brigadas forestales que luchan contra el fuego, dependientes de la empresa pública Sarga. Esta cuestión protagonizó un agrio cara a cara en el pleno del pasado viernes entre el consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, y la diputada de Podemos Marta de Santos, que ha sido precisamente una de las negociadoras.

La formación morada exigía que el dispositivo antiincendios se extendiera a los doce meses del año, aunque finalmente ha tenido que llegar a un acuerdo ante el coste que suponía, de varios millones de euros. El encuentro estuvo presidido por el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno.

Aunque el detalle de los números no ha trascendido, fuentes oficiales de Podemos señalaron este lunes que la última versión del borrador presupuestario es "más aceptable" del que les presentaron cuando comenzaron las negociaciones hace un mes. Y utilizando el símil educativo, apuntaron que ahora obtendría un "aprobado raspado" tras las modificaciones pactadas y solo podrá lograr un "progresa adecuadamente" en el trámite de enmiendas. De hecho, se ha pactado de antemano la aprobación de un paquete de propuestas, aunque la formación morada podría ampliarla.

Ahora le tocará al Gobierno de Aragón sentarse a negociar con Izquierda Unida, cuyo único voto no es decisivo para sumar la mayoría parlamentaria. No obstante, el presidente, Javier Lambán, pretende que las cuentas salgan con el voto en bloque de la izquierda, como ya sucedió con sus dos primeros presupuestos.

La confianza en cerrar el acuerdo con sus socios de investidura llega hasta el punto de que la semana pasada se empezó a trabajar en las Cortes en el calendario de tramitación de las cuentas. Sus señorías querían saber si tendrían que acudir al palacio de la Aljafería por Navidades a cuenta de los presupuestos y se les trasladó que así será, salvo sorpresas.

De hecho, el acuerdo con Podemos no solo se circunscribe a la tramitación del proyecto de ley de presupuestos, sino a la aprobación previa del techo de gasto. Este paso es imprescindible, pero la coalición PSOE-CHA no contó con el respaldo de Podemos para sacar adelante el límite presupuestario ni en 2016 ni en 2017. Los podemistas optaron el primer año por abstenerse y luego por no votar, algo inaudito en la Cámara, lo que dejó en manos de los partidos de centroderecha la responsabilidad de permitir que se pudieran presentar las cuentas.

Las advertencias del PP de que este año no iba a repetir, a las que se unieron las de Ciudadanos condicionando su voto a una rebaja fiscal que no se va a dar, puso a Podemos ante la disyuntiva de ser ahora decisivo. Y bajo el liderazgo de Nacho Escartín ha decidido dar el paso, un cambio ya transmitido hace días a los negociadores del equipo PSOE-CHA. Es la "política del mal menor" que ya defendían los nacionalistas, dado que tampoco están de acuerdo con la imposición del techo de gasto que vino de la UE.

Si se cumplen las previsiones, las Cortes celebrarán el día 27 un pleno exclusivo para aprobar el techo de gasto, que ascenderá a 5.270 millones de euros en 2018, frente a los 5.052 millones de este año. La cuantía total del presupuesto consolidado de Aragón será de 6.107 millones (en 2017 fue de 5.577 millones).

Con esta garantía, el Consejo de Gobierno aprobará justo un día después el proyecto de ley de presupuestos. En ese misma jornada o a la siguiente lo registrará en las Cortes de Aragón para iniciar así su tramitación. De este modo, se cumplirá el compromiso de Lambán de presentar las cuentas antes de que acabe el año.

La Cámara, presidida por Violeta Barba (Podemos), trabaja en el calendario de la ley más importante del año. La pretensión es que después de las fiestas navideñas comiencen las comparecencias de los nueve consejeros de la DGA para explicar los números y las líneas maestras de sus respectivos departamentos, para lo que antes se habrá tenido que calificar el proyecto de ley y publicarse en el boletín a principios de año.

Varios parlamentarios señalaron que si las cosas no se tuercen en el último momento, se celebrará el debate a la totalidad en enero y se abrirá seguidamente un periodo de quince días para presentar enmiendas.

A partir de ese momento, se constituirá la ponencia para debatir las enmiendas y se redactará un dictamen que se elevará a la comisión de Hacienda antes de que acabe en el pleno. La previsión es que las cuentas se aprueben de forma definitiva en la segunda quincena de febrero o, como muy tarde, en la primera de marzo.