La DGA reclama a Montoro que frene con una ley el cambio de residencia por motivos fiscales

La DGA no quiere más fugas de contribuyentes. El Ejecutivo aragonés ha propuesto al Ministerio de Hacienda que la nueva financiación autonómica "establezca medidas que eviten" que los ciudadanos puedan seguir cambiando su domicilio fiscal a otras autonomías con el objetivo de pagar menos impuestos. La petición que hace Aragón al Gobierno central es que la nueva ley que deberá aprobar el Congreso durante 2018 incluya esas nuevas medidas de control, que no concreta. Según ha concluido la DGA, los requisitos que hay en la actual ley de financiación para evitar el transfuguismo fiscal se han mostrado "absolutamente ineficaces". "Hay que incorporar nuevas medidas que sean de una mayor efectividad", concluye el informe que ha enviado el Gobierno aragonés al Ministerio de Hacienda para valorar el dictamen técnico sobre cómo debería ser la próxima financiación autonómica.

La actual ley de financiación plantea como requisito principal estar residiendo tres años en la otra autonomía para beneficiarse de su marco fiscal. Además, incluye como requisito añadido para que por ejemplo un aragonés que se ha empadronado en el País Vasco tribute ahí, que en su primer año, la base imponible que pague sea superior a la del último ejercicio en su anterior Comunidad.

En el caso de que el Gobierno central atienda la petición de la DGA, complicará que siga creciendo el número de aragoneses que se domicilian en Comunidades cercanas para pagar menos impuestos. Los principales receptores son las forales País Vasco y Navarra, con numerosos privilegios fiscales contra los que las Comunidades de régimen común apenas pueden luchar. Sin embargo, Madrid es la otra principal receptora y en este caso es exclusivamente por su política fiscal, no por un trato especial del Gobierno central.

En el informe elaborado por la DGA hay más alusiones a la situación de País Vasco y Navarra. El consejero de Hacienda de la DGA, Fernando Gimeno, fue claro en este sentido: "Desde Aragón exigimos que País Vasco y Navarra contribuyan a la solidaridad autonómica", indicó.

En este sentido, además de incluir cláusulas para complicar los cambios de domicilio entre autonomías, Aragón aboga en su propuesta que las dos Comunidades forales aporten dinero a los fondos de solidaridad que existen y en los que no participan.

Esos fondos –incluidos en la actual ley de financiación– sirven para ayudar a la nivelación de riqueza entre las Comunidades, pero solo se aplica para las 15 del régimen común. El Ejecutivo PSOE-CHA reivindica que País Vasco y Navarra también aporten la parte que les corresponde, algo que consideran compatible con el mantenimiento de su singularidad constitucional.

La propuesta de Aragón llega después de convertirse en la Comunidad en la que más se va a pagar en 2018 por el impuesto de Sucesiones. Y también después de convertirse en la autonomía con el umbral más bajo a partir del cual debe pagarse por Patrimonio. En el caso de la DGA, ha optado por quejarse al Ministerio de Hacienda, exigiendo cierto blindaje en los cambios de residencia autonómica y pidiendo una "armonización" de impuestos. Otras autonomías, como Andalucía y Extremadura han optado por acuerdos más inmediatos. Así, ambas han decidido suavizar directamente su carga fiscal y han bajado hasta casi eliminarlo el impuesto de Sucesiones a los empadronados en sus territorios.

Valorar el sobreenvejecimiento

Por otro lado, el Gobierno de Aragón también ha solicitado a Hacienda que dé "más peso" en el momento de repartir el dinero entre autonomías "a la dispersión geográfica, la densidad de población y el sobreenvejecimiento".