La DGA asegura que no hay ningún “error” en el reparto de las ayudas sociales del IRPF
El PP ha criticado en las Cortes la gestión de estas subvenciones del 0,7% y la consejera María Victoria Broto ha defendido que se han aplicado criterios técnicos.
El Gobierno aragonés ha repartido este año casi 8,9 millones de euros, concretamente 8.874.973,16, entre 95 entidades sociales a cuenta del 0,7% del IRPF. Una convocatoria a la que se presentaron 161 proyectos, por valor de 35 millones de euros. Es el primer ejercicio en el que el Ejecutivo autonómico tramita el 80% de estas subvenciones, en virtud de las sentencia del Tribunal Constitucional que otorgó estas competencias a las comunidades, mientras el 20% restante sigue dependiendo el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales. En 2016 estos mismos 8,9 millones se distribuyeron entre 76 de las 101 propuestas que concurrieron.
La gestión de estos fondos por parte de la DGA ha originado este jueves un cruce de acusaciones en las Cortes de Aragón entre el PSOE y PP, justo una semana después de que la Cruz Blanca en Aragón alertara de que su labor corría peligro al verse reducidas estas ayudas de 1,7 millones a 300.000 euros.
La diputada del Partido Popular, Ana Marín, criticó que si en 28 años de reparto estatal "no ha habido ningún problema", en unos meses el Ejecutivo aragonés "lo ha convertido en un caos, en un desconcierto y, en ocasiones, en un drama", algo que tachó de "chapuza". Esgrimió una decena de organizaciones, entre ellas Cáritas Diocesana, la Asociación de Familias Numerosas Tres y Más, Adislaf y Aspace, que no han recibido contribuciones lo que, dijo, "deja en la cuneta" a más de 5.000 de sus usuarios.
La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, Mariví Broto, censuró el "populismo" de la diputada del PP. Defendió que en el reparto de estos fondos no hay ningún error y que se ha hecho en base a "criterios técnicos" y la "concurrencia competitiva". Aseguró, además, que Cáritas ha recibido en conjunto este año del Gobierno aragonés 120.000 euros más que el año pasado.
Broto sí reconoció que existe un problema con Cruz Blanca que se está intentando solucionar desde el momento en que se detectó y que se ha trasladado al secretario de Estado de Servicios Sociales, Mario Garcés. El contratiempo radica en que uno de los programas de esta organización, el de atención de urgencia social, es de ámbito nacional por lo que puede que tenga que incluirse en el 20% que sigue gestionando el Ministerio y que todavía no se ha asignado.
La consejera precisó que los criterios de la convocatoria de estas ayudas excluían los proyectos y programas ya concertados o contratados con la DGA y la obra nueva, situación esta última por la que se rechazaron algunos de los casos mencionados por la diputada del PP. Broto subrayó que la DGA aceptó realizar la gestión en un tiempo récord, a pesar de la falta de personal para ello, y aseguró que la mayoría de las entidades sociales están conformes con el proceso.
La opinión del resto de partidos
El resto de grupo parlamentarios han rebajado la tensión de este debate. La diputada del PSOE, Pilimar Zamora, ha defendido la eficiente gestión realizada y ha reprochado al PP que lance sospechas sobre los criterios de reparto y pida a la consejera saltarse los criterios técnicos.
La parlamentaria de Podemos, Amparo Bella, ha recordado que la propia Plataforma del Tercer Sector de Aragón ha reconocido que ha podido haber errores de interpretación que tienen que solventarse.
Desde el PAR, Elena Allué, ha pedido a la consejera Broto que reconozca un error que no se ha hecho conscientemente y le ha recriminado que han cambiado las reglas del juego con la partida empezada.
Por parte de Ciudadanos, Desiré Pescador, ha reclamado que se reduzca la incertidumbre que se está generando entre las entidades sociales y se establezca un marco responsable, dialogante y eficaz.
Por último, la diputada de IU-Grupo Mixto, Patricia Luquin, ha aludido con ironía a que algunos grupos ya han iniciado la precampaña electoral.
