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Cortes de Aragón

La izquierda aprueba en las Cortes la ley de Capitalidad, que garantiza 21,5 millones a Zaragoza

La norma ha salido adelante con el apoyo de los grupos de la izquierda y el rechazo de PP, PAR y C's, que han criticado que no se hayan aceptado ninguna de sus 157 enmiendas y han vaticinado su poca perdurabilidad.

Actualizada 30/11/2017 a las 17:54
Pleno en las Cortes de Aragón

Tras más de 20 veinte años de reivindicaciones, el Ayuntamiento de Zaragoza cuenta desde hoy con una ley de Capitalidad que le garantiza una aportación mínima de 21,5 millones de euros al año, aunque muy lejos de los 50 millones que todos los grupos municipales pactaron exigir a la DGA hace tan solo dos años. La izquierda ha aprobado hoy en solitario, sin tocar una coma, el texto que acordaron hace nueve meses el presidente aragonés, Javier Lambán, y el alcalde, Pedro Santisteve, que también recorta las competencias urbanísticas defendidas de forma unánime por la actual corporación hace ahora dos años.

El debate parlamentario no ha deparado este jueves sorpresas, ya que los cuatro partidos progresistas han defendido el “respeto” a la ley que llegó pactada a la Cámara, mientras PP, PAR y Ciudadanos han vuelto a hablar de “vergüenza y bochorno político” por ni siquiera debatirse las 157 enmiendas que presentaron.

El texto establece un fondo fijo de 8 millones para el Ayuntamiento, que se incrementará en la “misma proporción” que lo hagan los ingresos no financieros de la DGA hasta que se apruebe una ley que regule la participación de los municipios en los ingresos de Aragón. Y establece un convenio bilateral para cubrir la factura de las competencias impropias, que ahora asciende a 13,5 millones y que se incrementará anualmente en 1,5 millones durante el periodo de vigencia, 2017-2020. La cifra actual se limita a 10 millones.

Si la aportación no llega siquiera a la mitad de lo que exigían los grupos municipales a finales de 2015, tampoco se puede decir que se haya avanzado mucho en el reconocimiento de competencias. Todos los ediles querían que la prerrogativa de aprobar definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) pasara al Ayuntamiento, al igual que sus modificaciones sustanciales, los planes especiales o de desarrollo territorial, pero no se ha recogido.

La posición de los partidos

Los grupos parlamentarios no han llegado a debatir sobre el contenido de la ley y han mantenido otro rifirrafe acerca de la propia tramitación. Miguel Ángel Lafuente (PP) ha hablado de “despropósito y desprecio al Parlamento” y ha lamentado el “intercambio de cromos” al garantizar la DGA financiación al Ayuntamiento a cambio de la aprobación del presupuesto.

Lafuente ha considerado que la norma “tutela” al Consistorio y recorta los fondos que el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, exigía en la pasada legislatura como concejal.

La aragonesista María Herrero ha asegurado que “jamás” se había rechazado en bloque las enmiendas de la oposición y ha tildado la ley de “chapucera, imprecisa y parcial”, de la que ha vaticinado su poca perdurabilidad. En la misma línea, Susana Gaspar (C’s) supone un “atraco a mano armada” con un coste incalculable para los zaragozanos.

La defensa de la ley de Capitalidad ha sido cerrada por parte de la izquierda, hasta el punto de referirse a que era un día “histórico”. El ponente de la norma, el socialista Darío Villagrasa, ha señalado que las “soflamas” de la derecha solo buscan “agitar a 20 meses los intereses electorales”.

Igualmente, se ha referido a las críticas como “rabietas” de la derecha, a la que ha acusado de echarse “al monte”, y ha recordado que la norma es fruto de 16 reuniones entre la DGA y el Ayuntamiento.

Con ironía, Maru Díaz (Podemos) ha aludido a que “los novatos” a los que se recrimina no saber hacer nada han sido capaces de aprobar una ley atascada durante más de dos décadas que blinda las competencias de Zaragoza y triplica su financiación. Y ha censurado al PP por hablar de vergüenza política cuando a su presidente se le ha relacionado directamente con la caja B del partido.

Por su parte, Carmen Martínez (CHA) y Patricia Luquin (IU) han recordado que los votos de la izquierda tienen la misma legitimidad y suman una mayoría que ha querido respetar el acuerdo sellado entre dos instituciones.





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