El que fuera director de la oficina principal de Popular Banca Privada en Zaragoza, Francisco Javier C. V., admitió este martes haberse apropiado de los 50.000 euros que le confió un matrimonio al que asesoraba en sus inversiones. De esta manera, el exbancario logró un acuerdo con la Fiscalía y las acusaciones particulares que le garantizó una condena de seis meses de prisión por estafa, cuando la pena a la que inicialmente se enfrentaba podía ser de hasta seis años.

Como requisito indispensable para alcanzar el arreglo, el acusado, al que asiste la letrada Carmen Cifuentes, tuvo que comprometerse a abonar a Popular Banca Privada los 22.000 euros que esta adelantó en concepto de indemnización al matrimonio. Los otros 28.000 euros restantes ya se los devolvió el exbancario en su día a los denunciantes.

En cualquier caso, el acusado todavía no ha saldado cuentas con la Justicia, puesto que otro juzgado de la capital aragonesa lo investiga por las denuncias presentadas por otros clientes, que le reclaman en torno a un millón de euros por un engaño similar.

Los hechos que llevaron ayer al asesor financiero al banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial se remontan a junio de 2013, cuando el matrimonio le entregó un cheque de 22.000 euros para que le sacara la mayor rentabilidad posible invirtiéndolo en productos y fondos de Popular Banca Privada. Con idéntico fin, la pareja confió en enero de 2015 otros 28.000 euros al entonces director de la sucursal.

Sin embargo, en lugar de cumplir lo pactado con los clientes, el encausado ingresó ambas sumas en cuentas particulares del Sabadell para invertirlas en su propio beneficio. Como recuerda el abogado Mariano Tafalla, que representa a los denunciantes, en aquellos años la clienta tuvo que hacer frente a la grave enfermedad de su marido. Esta circunstancia y el hecho de que los 50.000 euros entregados al acusado representaran una mínima parte de los ahorros que el matrimonio tenía depositados en Popular Banco Privada hicieron que el engaño pasara al principio desapercibido.

Al enterarse de que se sus padres habían entregado unos cheques al portador al enjuiciado, a sus hijas les extrañó la forma de proceder y decidieron seguir el rastro del dinero. Comprobaron entonces que esos 50.000 euros no se habían invertido en productos de la entidad, por lo que informaron a su madre para que denunciara.

Las irregularidades del empleado hicieron que Popular Banca Privada lo despidiera. La entidad decidió personarse también como perjudicada en el procedimiento, ya que el acusado, lejos de colaborar y reconocer que se había apropiado del dinero, aseguró que lo había destinado a inversiones fallidas. Además, el banco le reclama los 22.000 € con los que tuvo que indemnizar a los denunciantes.