La DGA ficha para el Tribunal de Contratos a una ex directora general denunciada por la Policía

El Gobierno de Aragón ha propuesto como vocal del Tribunal de Contratos a Paula Bardavío, la ex directora general de la DGA que fue detenida por la Policía Local junto a su cuñado por el altercado en la calle de Alfonso I de Zaragoza durante la Ofrenda de Flores, el pasado 12 de octubre. La DGA acaba de rescatar su candidatura tras la renuncia hace una semana de las dos expertas en contratación pública que había designado en un primer momento, lo que ha generado aún más perplejidad en la Administración autonómica.

Bardavío está denunciada por un delito de atentado contra la autoridad y está pendiente de declarar ante la juez que instruye el caso. A su vez, ella ha presentado una denuncia por lesiones contra los agentes de la Policía Local que intervinieron en el altercado, cuando al parecer fue increpada por varios ciudadanos al paso del grupo de oferentes de la Policía Nacional. Esta letrada de la DGA fue arrestada junto a su cuñado, que es policía nacional, y su pareja, bombero de Zaragoza.

Esta alta funcionaria no ha sido expedientada ni suspendida de empleo por estos hechos y desarrolla con normalidad su trabajo en los servicios jurídicos de la DGA. Cuando ocurrieron los incidentes, ya se había presentado al proceso de renovación del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa), optando tanto a la presidencia como a las vocalías.

Fuentes internas de la DGA mostraron su sorpresa por su nombramiento, incluido en la nueva propuesta que fue remitida ayer por la mañana a las Cortes de Aragón. Desde el Gobierno defendieron su cualificación para el puesto y señalaron que en ningún momento se ha vetado a ningún candidato por su filiación política. De hecho, recordaron que Paula Bardavío ocupó la Dirección General de Administración Pública en la pasada legislatura, como alto cargo del PAR en el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi. Tras las pasadas elecciones municipales de mayo de 2015, en las que se presentó como número dos al Ayuntamiento de Zaragoza por las filas aragonesistas, se dio de baja del partido.

Su nombre consta junto a la del secretario interventor Sergio Ibarz, que en su caso ejercerá de vocal con funciones de secretario del Tribunal de Contratos.

Ambos juristas cumplen las condiciones exigidas en el proceso para la "profesionalización de este órgano de control, las de ser alto funcionario con más de diez años de experiencia en Derecho Administrativo "relacionada directamente con la contratación pública".

La renuncia de una de las mayores expertas en contratación pública de la DGA, Asunción Sanmartín, y de la también letrada autonómica Gloria Melendo, dejó al Gobierno sin apenas opciones: quedaban cuatro aspirantes que cumplían los requisitos, pero uno de ellos también renunció y se optó por las dos personas que más méritos y experiencia reunían para acompañar a la futura presidenta del Tacpa, Esperanza Ríos.