Lambán exigirá al Gobierno compartir las competencias hidrológicas tras el varapalo del Constitucional

El presidente aragonés, Javier Lambán, reclamará al Gobierno central compartir las competencias hidrológicas tras la sentencia del Tribunal Constitucional que niega a Aragón la gestión de la reserva hídrica que aprobó por ley en 2014. Lambán ha subrayado este jueves que solo cabe la vía de la bilateralidad tras el varapalo judicial, que anula todos los artículos alusivos de la Ley de Aguas y Ríos de Aragón al considerar que invaden una competencia exclusiva del Estado.

En una comparecencia ante las Cortes de Aragón, el líder socialista ha señalado que respeta y acata la sentencia, pero ha defendido que la unidad de cuenca no impide que la Comunidad pueda defender la “gestión compartida” sobre el uso de las aguas del territorio. Ademas, ha recordado que el Tribunal Constitucional no invalida la reserva hídrica de 6.550 hectómetros cúbicos.

Por ello, ha adelantado que retomará la senda de la negociación en la comisión bilateral, que ya fracasó en 2009 y 2012 al acordar una comisión monográfica que no llegó a constituirse. Igualmente, ha abogado por que la reclamada reforma de la Constitución no solo aborde la financiación autonómica, sino que “clarifique” las competencias de las distintas administraciones en política hidráulica. “Es una cuestión de Estado tan importante como la propia financiación”, ha manifestado.

Al mismo tiempo, ha instado a todos los partidos al consenso ante la nueva Ley de Aguas que pretende llevar a las Cortes con un triple objetivo: ajustarse a la sentencia del Constitucional, reflejar las modificaciones en esta materia, como las del Instituto Aragonés del Agua y la anunciada para el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas, y “proyectar” las competencias sectoriales sobre el dominio público hidráulico. “En política hidráulica no cabe conformarse con mayorías raspadas”, ha sentenciado.

Lambán también ha hecho de la necesidad virtud al asegurar que la sentencia del Constitucional ofrece “garantías” de que pondrá los mismos impedimentos cuando otros territorios pretendan arrogarse competencias sobre el Ebro.

La respuesta de los partidos

Todos los grupos parlamentarios han defendido la necesidad de pactar la futura normativa, pero se han enzarzado en acusaciones sobre la amenaza del trasvase y los grandes pantanos. El primero en hacerlo ha sido el líder de Podemos, Nacho Escartín, quien ha considerado “muy preocupante” que el PP recurriera la ley aragonesa y politizara el Constitucional con un “clarísimo 155 menor” que abre una “amenaza real” de trasvase. “Están preparando un futuro trasvase y nos están negando el botón rojo”.

En coherencia con la línea de su partido, ha cuestionado el Pacto del Agua y ha pedido que se deje de tratar los ríos “como supermercados” en la futura normativa, de modo que se garanticen los caudales ecológicos. “Hay que sentar a políticos, técnicos y usuarios para lograr un pacto social del agua”, ha planteado.

También se ha desmarcado la portavoz de Ciudadanos, Susana Gaspar, al defender un nuevo plan hidrológico nacional para que ninguna autonomía pueda tomar decisiones unilaterales. A su juicio, la ley de Aguas fue un “pago” del PP a sus socios del PAR en la pasada legislatura al plantear un “uso partidista del agua”. Según Gaspar, se debe “aplaudir” la sentencia del Constitucional porque reconoce la competencia exclusiva del Estado y, con ello, “blinda” a los aragoneses ante cualquier intento de trasvase de cualquier comunidad autónoma. Y ha dado la bienvenida a Lambán porque su partido ya defendió en 2016 que se modificara la norma.

La portavoz popular, Mar Vaquero, ha censurado la actitud de los nuevos partidos al contraponer su "uso oportunista y electoralista” del agua con los que pretenden garantizar la riqueza del territorio, lo que les llevó a introducir la reserva hídrica en el Estatuto.

Frente a las críticas de la izquierda a su partido por recurrir una ley que aprobó en Aragón, Vaquero se limitó a señalar que la sentencia no afecta a la reserva hídrica, a criticar la “incoherencia” de quienes defienden la prosperidad de los regantes mientras critican las obras de regulación y censurar a los que traen a la Cámara el “fantasma” del trasvase.

Las críticas a los nuevos partidos también han llegado de la mano del presidente del PAR, Arturo Aliaga, que ha hecho extensivas al “exceso de celo constitucional” que tuvo el Gobierno del PP al recurrir la ley aragonesa. Aliaga ha salido en defensa de la ley que propuso en 2011 su partido para blindar “el futuro de Aragón”.

En la misma línea que Lambán, el portavoz de CHA, Gregorio Briz, ha instado a actualizar las competencias sobre el agua, “del siglo XIX”, en el marco de una reforma constitucional, porque no se fía de la “buena voluntad de la bilateralidad”. Y ha criticado, como la diputada de IU Patricia Luquin, que el PP aprobara en Aragón la norma y la recurriera después en Madrid.