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Impuestos

La subida fiscal de la DGA reportó 103 millones más en su primer año de aplicación

Los ingresos por los tributos con competencia regional fueron de 1,514 millones, un 7% más que en 2015. El incremento se ha notado en el IRPF, Sucesiones, Donaciones, AJD, Patrimonio y Transmisiones.

15/11/2017 a las 06:00
Los consejeros de Hacienda y de Educación, junto al presidente Javier Lambán, en las Cortes.Oliver Duch

La subida de impuestos que sufrieron los aragoneses en 2016 ya está oficialmente cuantificada: el Ministerio de Hacienda dio ayer a conocer que los aragoneses pagaron 103 millones de euros más en impuestos de 2016 por los seis tributos sobre los que el Ejecutivo PSOE-CHA centró su subida fiscal. Así, la DGA ingresó 1.514 millones por los tributos de Sucesiones, Donaciones, Actos Jurídicos Documentados, Patrimonio y Transmisiones tras la reforma fiscal de 2016. Un año antes, la recaudación había sido de 1.411 millones, así que la subida ha superado el 7%.

Entre los datos, destaca la eficacia recaudatoria mostrada por la DGA en el momento de diseñar su reforma fiscal. En vez de que esa reforma tuviese un efecto neutro, buscando algún tipo de reequilibrio fiscal (beneficiando a determinados tramos de renta y perjudicando a otros, de tal forma que el saldo final fuese cercano a cero), el resultado fue una subida generalizada en cada uno de los tributos. En concreto, la distribución de los 103 millones extra recaudados tras la reforma fiscal es la siguiente: ingresó 44 millones más que en 2015 por Sucesiones y Donaciones; 11 millones más por Patrimonio y 10 millones más por los dos impuestos que gravan la compraventa de viviendas (transmisiones y AJD). Además, en el IRPF (que es de competencia compartida, pero sobre el que la DGA impuso subidas en su tramo), los ingresos aumentaron en 38 millones en 2016 respecto a 2015.

La octava según el PIB

Si se compara con 2015, Aragón fue una de las autonomías que más subió su presión fiscal durante 2016. Pese a todo, el Gobierno PSOE-CHA aún puede llegar a concluir que tiene más margen para apretar fiscalmente. Según el PIB –si se tiene en cuenta a todos los niveles de renta y no solo a las clases medias– es la octava entre las de régimen común. Como dato de referencia, la DGA ingresaba en 2015 a través de tributos el equivalente al 4,5% del PIB aragonés. La reforma fiscal ha elevado la contribución que tienen que hacer los aragoneses para sostener la DGA al 4,8% del PIB. En el conjunto de España es el 4,9%.

La reforma fiscal fue el primer acuerdo de calado que cerró el secretario general del PSOE-Aragón, Javier Lambán, con sus socios tras el apoyo que le dieron para asumir la presidencia de la Comunidad. La iniciativa –pactada por PSOE, Podemos, CHA e IU– entró en vigor el 1 de enero de 2016. En 2017 apenas hubo cambios.

Todo apunta a que Lambán no flexibilizará su posición en los presupuestos para 2018, cuyo proyecto está ahora en plena negociación. De hecho, el dirigente aragonés ya se ha desmarcado públicamente de los presidentes socialistas de Extremadura y Andalucía, que han optado por rebajar sus tributos ante el malestar ciudadano. Pese a todo, la negociación de Lambán ha de ser multilateral y ha habido un cambio en sus interlocutores.

Aunque no hay indicios que indiquen una política diferente en materia de impuestos, tampoco es descartable que el nuevo líder de Podemos-Aragón, Nacho Escartín, tenga una sensibilidad fiscal con los aragoneses con rentas medias diferente a la de su antecesor.

Los sueldos de los profesores

El presidente Lambán ha defendido de forma reiterada la reforma fiscal que aprobó para 2016. A su juicio, la subida de impuestos que pactó con sus socios parlamentarios era necesaria para aplicar el programa que acordaron para la legislatura 2015-2019, con un incremento de las partidas para las consejerías responsables de la sanidad, educación y los servicios sociales. Ese cambio de política, además de una subida de impuestos, supuso una bajada notable en las inversiones y un aumento fuerte del gasto en nóminas, que ya se llevan más del 50% del presupuesto. Desde el Ejecutivo insisten que se ha superado ese umbral precisamente por la contratación de profesores y personal sanitario.





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