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Economía

Guillén afirma que el Gobierno ha sido "proactivo" para favorecer la instalación de Pirotecnia Zaragoza en Belchite

El consejero de Presidencia recalca que el Ejecutivo ayuda a las empresas, pero al final depende de las decisiones empresariales.

Efe Europa Press Actualizada 14/11/2017 a las 21:26
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Pirotecnia Zaragoza, dos años después del accidente

El consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, ha rechazado que el Ejecutivo haya estado "inactivo" respecto al proyecto de ubicación de Pirotecnia Zaragoza en el municipio zaragozano de Belchite, "al contrario somos proactivos".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Guillén ha subrayado que desde el Ejecutivo se ayuda a las empresas para que "se ubiquen en nuestro territorio", "también con la pirotécnica a la hora de su posible ubicación" en Belchite, pero "las decisiones empresariales son eso, decisiones empresariales".

Al respecto, ha comentado que si como la propia compañía ha manifestado, se ha quedado sin uno de sus clientes principales y eso les ha hecho abandonar su inversión en ese municipio, es una "decisión legítima" en la que el Gobierno de Aragón "ni puede, ni debe, ni ha tenido la oportunidad de hacer absolutamente nada".

La empresa Etienne Lacroix, propietaria de Pirotecnia Zaragoza, había previsto instalarse en Belchite para la fabricación y venta de productos de fuegos artificiales ecológicos, pero después de un cliente se decantase por otra opción, el proyecto deja de ser rentable y la compañía seguirá centrada en la distribución desde su planta logística del barrio rural de Garrapinillos, en el municipio de Zaragoza. 

La polémica del ICA

En otro orden de cosas, el consejero de Presidencia ha comentado que el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) es "un elemento posible de negociación" dentro de las conversaciones iniciadas entre el Ejecutivo y Podemos para pactar los Presupuestos de la Comunidad de 2018.

Ha añadido que hasta el momento "no hemos estudiado nada", un impuesto que recauda el Gobierno autonómico en toda la Comunidad y que el Ayuntamiento de la capital aragonesa, gobernada por Zaragoza en Común, rechaza aplicar en esta ciudad puesto que el municipio ya ha financiado la construcción de sus propias depuradoras.





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