El Parlamento aragonés no es el único que ha topado con el Tribunal Constitucional en el momento de intentar regular el Ebro. El Alto Tribunal ya paró un intento –en este caso promovido por el Ejecutivo central de José Luis Rodríguez Zapatero– de dar en exclusividad a Cataluña la gestión del Delta del Ebro. Además, el Alto Tribunal también ha marcado jurisprudencia de forma reiterada respecto a que la competencia sobre ese río es exclusivamente estatal, ante recursos lanzados por La Rioja y la Comunidad Valenciana. En este sentido, el fallo del Constitucional negando a las Cortes de Aragón el derecho a regular de forma unilateral una parte de la gestión del río (la de la reserva hídrica de 6.550 hm3 para Aragón), que dio a conocer ayer HERALDO, ha ido en la línea con toda su jurisprudencia anterior.

La ley anulada parcialmente fue aprobada por las Cortes de Aragón en 2014, y en síntesis planteaba que la DGA pudiese decidir sobre los usos de la reserva hídrica de Aragón que está reconocida por el Estatuto de Autonomía. La crítica del Constitucional no se refiere a la existencia de esa reserva, ni tampoco a que la DGA pueda gestionarla. El matiz que introduce es que debe ser una ley aprobada por el Congreso de los Diputados y no por las Cortes de Aragón la que tome esa decisión.

En este sentido, el presidente del PAR, Arturo Aliaga, apostó ayer por encontrar una solución consensuada con el Gobierno central para que la Comunidad pueda participar en la gestión de la reserva hídrica. Tras dejar claro que la formación aragonesista "acata y respeta" la sentencia del Tribunal, Aliaga pidió que se pongan en marcha "los mecanismos de cooperación entre Aragón y el Estado" y se encuentre ahí la forma legal para poder articular esa gestión. El PAR fue el partido que impulsó la ley, aunque después fue ampliamente consensuada en las Cortes de Aragón.

"En todos los territorios"

Por su parte, el consejero de Desarrollo Rural de la DGA, Joaquín Olona, indicó que la sentencia "anula la posibilidad de que el Gobierno aragonés pueda gestionar esa reserva de forma unilateral". "Acatamos las sentencias, pero desde luego exigimos que esos mismos criterios se apliquen a todos los territorios". En este sentido, hay que recordar que la DGA recurrió recientemente ante el Tribunal Constitucional una regulación catalana de aguas en la que –entre otras cuestiones– esa comunidad intenta apropiarse de la gestión de las aguas subterráneas del Ebro que pasan por su territorio.

Además del pronunciamiento de Olona, el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha solicitado comparecer en las Cortes la próxima semana para abordar las consecuencias de la sentencia del Constitucional.

Por parte del PP, socio del PAR en el momento de aprobarse esa normativa, el diputado Ramón Celma trasladó su "acuerdo y respeto" con la sentencia del Constitucional. Celma dejó claro que "la reserva hídrica se mantiene" y que lo que se ha puesto en cuestión es la forma en que se puede decidir su gestión.

El diputado de CHA, Gregorio Briz, mostró su "preocupación" ante el fallo del Tribunal Constitucional. Briz advirtió de que "estamos en la antesala del nuevo plan hidrológico, donde el trasvase del Ebro puede volver a ser el eje sobre el que pivote las políticas del Gobierno de Rajoy".