José Mari Arnillas no se da por vencido. Después de que el Gobierno de Aragón rechazase el recurso de alzada que presentó contra la resolución que le obliga a sacrificar “obligatoriamente y sin indemnización” todos sus animales, el propietario de la ganadería La Rebomba ha recurrido a la vía judicial para frenar el procedimiento.

Esta misma semana, justo antes de que finalizase el plazo correspondiente, Arnillas ha interpuesto un contencioso administrativo que ha sido admitido a trámite y, una vez que el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad presente el expediente completo del caso -así lo requiere la Justicia en procedimientos que superan la cuantía de 30.000 euros-, tendrá 20 días hábiles para argumentar su reclamación.

Cabe recordar que la orden de sacrificio del Gobierno de Aragón se fundamenta en irregularidades -se refieren a problemas de identificación de las reses- cometidas por Arnillas entre 2014 y la actualidad, y que el ganadero acumula casi cuatro años sin poder acudir a los festejos populares. Por ello, en caso de que los tribunales le den la razón, deberá recibir una indemnización por los daños y perjuicios que ha sufrido en este periodo. Además, como es evidente, la DGA debería revocar la orden y regularizar la situación administrativa del ganado.

En caso de perder el juicio -todavía no se ha determinado la fecha-, Arnillas podría recurrir en segunda instancia y, si saliese nuevamente derrotado, la sentencia sería firme y tendría que deshacerse de las alrededor de 300 cabezas que tiene dadas de alta. Él mismo asumiría los gastos de transporte, matadero e incineración.

Problemas en la finca

Tal y como ya adelantó este periódico, José Mari Arnillas está enfrentado con Fuentes la Corona Industrial SA, propietaria del terreno sobre el que se asienta La Rebomba en Alfajarín. De hecho, al ver que el ganadero “no va a hacer nada por llevar las reses a un matadero autorizado" y “teniendo en cuenta que suponen un peligro para la salud pública", la compañía ha presionado a la DGA para que solucione el conflicto.

Recientemente, solicitaron que el Seprona de Zaragoza "acceda a la finca, sacrifique los animales y elimine los cadáveres”, alternativa que, en opinión de sus responsables, “restauraría la legalidad de la finca”.

Al respecto, la Juez instructora del caso ha emitido una providencia que señala que “no hay lugar al sacrificio de los animales”, puesto que es consecuencia de “una resolución adoptada por la Administración competente”. Arnillas, por su parte, entiende que la Orden de la DGA viene motivada, precisamente, por el interés de Fuentes la Corona Industrial SA de expulsarle del terreno y no por cuestiones de sanidad. Además, reitera que las reses no se pueden mover sin autorización previa del Juzgado.