Los empresarios, preocupados por las afecciones

Aragón es uno de los principales clientes de las firmas catalanas, representando así el 20% de sus ventas al conjunto de España.

El comité ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Aragón mostró ayer su "profunda preocupación" por las "importantes afecciones económicas y los riesgos financieros" que entraña la deriva independentista para las empresas de la Comunidad. Sus integrantes insisten en que Aragón va a ser una de las regiones más afectadas "sea cual sea el resultado de los acontecimientos" y aseguran que los efectos "ya se están empezando a sentir en algunos sectores".

Los empresarios creen que "mantener las relaciones con la comunidad vecina es deseable y fundamental para el tejido autonómico", de ahí que pongan a disposición del empresariado local todos sus medios personales y técnicos a fin de proporcionarles el asesoramiento que necesiten.

El colectivo también quiso ponerse a disposición del Gobierno de Aragón y del Ejecutivo nacional "para elaborar un plan que minimice los posibles impactos económicos sobre las empresas aragonesas". Aseguró, asimismo, que continuará atendiendo, como ha hecho hasta ahora, las consultas de las compañías catalanas que han pedido información acerca de posibles ayudas y de la disponibilidad de suelo industrial.

Millones de euros en juego

En juego, señalan desde CEOE Aragón, está una relación económica que supera los 15 millones de euros. "Las ventas de las empresas aragonesas alcanzan en Cataluña los 4,1 millones de euros. Al mismo tiempo, Aragón es uno de los principales clientes de las firmas catalanas, con un volumen de compras de más de 10,7 millones, porcentaje que representa el 20% de sus ventas al conjunto de España y por encima de las exportaciones de la comunidad vecina a cualquier país", recuerdan desde el colectivo.

El problema, según explica su presidente, Fernando Callizo, está en que el referéndum ilegal ha generado "una incertidumbre que ya se ha trasladado al día a día". La situación, no obstante, podría agravarse una vez que el Gobierno recurra al artículo 155.

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