Aragón da rango de ley a la asesoría jurídica a mujeres, presos e inmigrantes

Aragón ha dado rango de ley a los servicios de asesoría jurídica gratuita a las mujeres víctimas de violencia o discriminación, a los presos y a los inmigrantes, con una norma pionera que ha salido adelante en el pleno de las Cortes con un amplio consenso.

La ley, que tiene su origen en una proposición de ley presentada por el PP, ha sido recibida con satisfacción por los colegios profesionales de abogados, que ya venían prestando este servicio con éxito desde hace años, pero que ahora contarán con respaldo legislativo y, por tanto, con menores trabas burocráticas.

Antes de la sesión plenaria, el decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, Antonio Morán, ha destacado que uno de los méritos de la ley es que es "pionera" en España.

Pero sobre todo que la prestación los servicios de asesoría jurídica a estos colectivos vulnerables se ordena "de manera sistemática" y se ofrece un marco adecuado para garantizar los derechos de la ciudadanía.

Ha agregado, además, que la "única forma" de garantizar que estos servicios se prestan con imparcialidad, objetividad y profesionalidad es que lo hagan los colegios de abogados y no "a través del mercado", es decir, sacándolos a concurso.

Los colegios, ha concluido Morán, no tienen ánimo de lucro y entre sus obligaciones propias está prestar este servicio.

La ley establece que los servicios de asesoramiento y orientación jurídicos universales son un servicio público y que, por tanto, la norma pretende garantizar la cobertura jurídica universal para quienes, que por algunas de sus características personales o económicas, no pueden asegurarse la asistencia y orientación jurídicas necesarias para su convivencia pacífica en sociedad.

El coordinador de la ponencia que ha analizado las enmiendas presentadas por los grupos a la proposición de ley, el popular Fernando Ledesma, ha destacado, al igual que el resto de portavoces, el "altísimo" grado de consenso alcanzado, con un 93 por ciento de las enmiendas aprobadas o transaccionadas.

Se han mantenido vivas, no obstante, algunas, como las defendidas por el diputado de Ciudadanos Ramiro Domínguez, quien ha recordado que su formación pretendía que la asesoría jurídica gratuita se extendiera al colectivo de mayores de 65 años y a los servicios de mediación, para favorecer a quienes pretenden dirimir sus conflictos al margen de los tribunales.

Aunque Domínguez ha lamentado que no se hayan incluido estas opciones, ha reconocido que la ley deja la puerta abierta a poder hacerlo en un futuro.

También ha destacado algunas de las modificaciones incluidas al texto original, como la eliminación de la obligatoriedad de que los inmigrantes estuvieran empadronados en Aragón para que pudieran ser asesorados o que los profesionales que atiendan a las mujeres sean especialistas en derecho penal y civil a la vez.

La diputada del PAR María Herrero ha coincidido en que hubiera sido bueno incluir las asesorías a mayores y a la mediación y ha destacado, por otro lado, que la norma incluye, a petición expresa de los aragonesistas, un recordatorio de que las transferencias de justicia llegaron mal dotadas, lo que supone un "esfuerzo extraordinario para Aragón", que "no renuncia" a reclamar el incremento de la financiación para hacer frente a cuestiones como la del asesoramiento.

Por parte de IU, Patricia Luquin ha recordado que los colegios de abogados prestan este servicio desde hace veinte años "con muy buena calidad", pero ahora, con la ley, ya no tendrán que preocuparse o "pelear" con los problemas burocráticos y podrán centrarse en prestar en servicio.

Finalmente, Violeta Barba, por Podemos, ha recordado que la Constitución Española regula el derecho a la tutela jurídica efectiva, y esta ley viene a garantizarla aun más, mientras que Darío Villagrasa (PSOE) ha insistido en el consenso alcanzado entre los grupos.