La DGA se reafirma en su decisión de sacrificar la ganadería 'La Rebomba'

El Gobierno de Aragón se mantiene firme en su decisión de sacrificar la histórica ganadería ‘La Rebomba’ y ha notificado a la familia Arnillas, propietaria de la explotación, que desestima el recurso de alzada presentado contra la resolución -data del 20 de junio de 2017- que les obliga a acabar “obligatoriamente y sin indemnización” con todos sus animales.

El documento, al que ha tenido acceso este periódico, se remite a distintas irregularidades -vinculadas a la identificación- cometidas entre 2014 y la actualidad, sosteniendo que “las mismas no se han subsanado a pesar del tiempo transcurrido y de los ofrecimientos realizados por la administración para corregirlas”.

Por ello, el Ejecutivo autonómico insiste en que los Arnillas deben comunicar al Servicio Provincial de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, a través de los Servicios Veterinarios Oficiales de la Oficina Comarcal Agroambiental, “el matadero o centro de destrucción autorizado al que van a enviar los animales en el plazo de 15 días”. Si no es así, únicamente les queda la posibilidad de interponer un recurso contencioso administrativo en el juzgado, que paralizaría este procedimiento.

“Estamos sufriendo una persecución sin precedentes y vamos a agotar todas las vías posibles”, adelanta -como representante de la ganadería- José Mari Arnillas, y asegura que “la orden del Gobierno de Aragón viene motivada por asuntos ajenos a la identificación o el saneamiento de los animales”.

Se da la circunstancia de que Arnillas está en juicios con los propietarios del terreno sobre el que se asienta ‘La Rebomba’ (Fuentes la Corona Industrial SA), y entiende que, en su afán por expulsarle, están presionando a la DGA. “Me consta que han amenazado a altos cargos y la administración, después de hacerme la vida imposible durante varios años y comprobar que resisto, ha optado por obligarme a sacrificar”, sostiene el ganadero, antes de recordar que “la juez Maria Gema Luengo dictaminó que mientras no conste la identidad de todos los animales y se completen las pruebas de saneamiento, no se puede desalojar la finca".

Dicha providencia, que se hizo pública el 14 de julio y a la que también ha tenido acceso este periódico, insta a Arnillas a “abstenerse de actos de disposición sobre el ganado sin autorización previa del juzgado”.

“Es evidente que la DGA está cometiendo una irregularidad, puesto que hace caso omiso a la juez, que ha ordenado identificar y sanear los animales. Mi abogada ya está trabajando en el recurso contencioso administrativo que tenemos que presentar antes del próximo 20 de octubre”, indica Arnillas, que necesitaría “alrededor de 400.000 euros” para deshacerse de las más de 300 cabezas que tiene dadas de alta. “Nunca se ha visto que un ganadero tenga que hacerse cargo de los gastos del matadero, pero esta orden parece que sea una especie de castigo”, concluye.