El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha sugerido al Gobierno de Aragón que "se plantee reducir la carga fiscal del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, aumentando las bonificaciones y exenciones fiscales para que sea menos gravoso". Asimismo también se dirige al Gobierno central para que "modifique la norma del Impuesto con el fin de garantizar idéntico tratamiento en todo el Estado", tras las quejas de la asociación Aragón Stop Sucesiones y Plusvalía.

La sugerencia del Justicia, apuntan desde el organismo, cierra un detallado informe elaborado a instancias de Stop Sucesiones y Plusvalía, que presentó una queja ante la Institución sobre la regulación en Aragón del Impuesto sobre Sucesiones.

García Vicente argumenta que "a la mera existencia de un gravamen sobre las sucesiones por causa de muerte y donaciones, sin entrar en su contenido, no se le puede poner tacha ni de ilegalidad ni de inconstitucionalidad, porque está formulado dentro de las competencias compartidas que la Constitución reserva al Estado y a las Comunidades Autónomas". Por otro lado, el Justicia sostiene que "este es un impuesto histórico y en recesión, base del sistema  recaudatorio de otros tiempos, criticado por hacendistas en cuanto que no encaja bien dentro de un sistema impositivo moderno que tiende a gravar más los beneficios que se producen que la fuente de riqueza que los genera y que además recae sobre las clases medias".

“No parece que sea compatible con el principio de igualdad"

El Informe continúa planteándose si el impuesto es compatible con el principio de igualdad recogido en la Constitución que prevé los mismos derechos y obligaciones para todos los españoles con independencia de su lugar de residencia, así como un sistema tributario justo, de acuerdo con la capacidad económica de las personas inspirado en los principios de igualdad y progresividad y, por lo tanto, sin excepciones por razón de domicilio o residencia fiscal.

En ese punto insiste el Justicia, la libertad normativa de las Comunidades autónomas, dentro de ámbito de sus competencias fiscales, no permitiría dejar sin efecto el principio de igualdad. “No parece que sea compatible con el principio de igualdad, por no ser objetivo ni razonable y expresamente contrario a lo establecido en el art 139.1 de la Constitución, que la residencia fiscal sea determinante a la hora de pagar este impuesto”, apunta el Justicia.

El informe del Justicia insta a tener en cuenta que algunas de las Comunidades en las que hay notorias exenciones son vecinas, lo que provoca el que haya desplazamientos reales del domicilio fiscal para obtener un trato más favorable. Esto, según la Institución provoca "un doble efecto perjudicial: pérdida de población y tributación en vida en otras comunidades". Otro aspecto que apunta el Informe, es que no se trata de un impuesto generalizado ni Europa ni en los países de la OCDE.

En referencia a las Administraciones, indica el Justicia que "lo más fácil sería subir los impuestos igualando por arriba hasta llegar al que más paga y que paguen todos". Pero, insiste en que "el Impuesto es un tributo en recesión, mal visto, en cuanto que grava las fuentes productoras de riqueza en lugar de los beneficios que estas producen, por lo que sugiere que antes de subir los impuestos para aumentar la recaudación tributaria lo primero es tratar de racionalizar y justificar el gasto y que paguen los que no pagan”

García Vicente hace notar que este impuesto tiene un fuerte rechazo social, ya que además de las 748 quejas presentadas, se recogieron 100.000 firmas. Alega a su vez que "no va dirigido a los grandes patrimonios, que pueden hacer una planificación fiscal, sino a la clase media que ha ahorrado con privación, esfuerzo y sacrificio pensando en poder vivir dignamente hasta el final de su vida, o en ayudar a sus hijos".

El Justicia también se refiere en el informe a la mejora de la situación económica y al incremento general de la recaudación, como "datos que la Administración puede tener en cuenta a la hora de replantearse el cobro de este impuesto".

Finalmente, el carácter estatal de este tributo, ha llevado al Justicia a remitir el Informe al Defensor del Pueblo.