Señora Presidente, señoras y señores diputados:

No habla bien del mundo actual el hecho de que no esté apenas presente en el discurso y en el debate político la amenaza cada vez más real que se cierne sobre la supervivencia misma de la vida en el planeta como consecuencia del cambio climático, la supervivencia de la humanidad misma.

Tampoco hemos sido capaces de reconstruir el cierto orden surgido de las enseñanzas de la II Guerra Mundial: permanecen agudizados los problemas que no se resolvieron entonces y reaparecen otros aparentemente resueltos en aquel tiempo.

No acaba aquí el relato de los problemas que nos acechan.

La desigualdad creciente, el segundo problema más importante, de dimensión planetaria también, de calado y respuestas distinta en los diferentes países

El terrorismo yihadista, que nos golpeó recientemente en Barcelona y Cambrils pero que puede hacerlo en cualquier lugar.

El populismo y la crisis de la democracia, extendido también por todo el globo, con manifestación especialmente dañina y grotesca en la mismísima Casa Blanca.

La crisis del proyecto europeo, con las incertidumbres generadas por el Brexit, el nuevo encaje de la UE sin Gran Bretaña y el euroescepticimo que se ha ido expandiendo por todo el continente avivando aún más los radicalismos.

Y aquí, en España, una recesión superada, pero con un crecimiento muy injustamente repartido, con una creación de empleo esperanzadora en las estadísticas pero muy desalentadora por la naturaleza de ese empleo creado, precario, temporal y mal pagado en general, una realidad que se manifiesta de manera especialmente preocupante entre la población joven.

La “primavera del empleo” de la que presume la ministra Báñez, asegurando que la recuperación es “sólida, sana y social” y que “el empleo que llega con la recuperación es de mayor calidad que el que se fue con la crisis”, choca con el espejo de una realidad en la que más del 90% de los contratos son temporales y de ellos, un 23% tienen una duración inferior a una semana.

Y en la que tres millones de trabajadores cobran menos de 820 euros al mes, sin contar los contratos basura. Tener un trabajo ya no es garantía de vivir dignamente, por no hablar de que la baja recaudación de la seguridad social que hace inviable el actual sistema público de pensiones si no se toman medidas de manera inmediata.

A todo esto, hay que sumar la corrupción, el goteo incesante de casos y los detalles de desfalcos públicos que se fraguaron en plena crisis económica, con extensión a otros ámbitos como el deporte. Un fenómeno cuyo efecto sobre la credibilidad de las instituciones y sobre la política está resultando demoledor.

Y, por si fuera poco, la crisis de Cataluña, el desafío más grave al que se enfrenta nuestro país desde el golpe de Estado de 1981, que va a poner a prueba en los próximos meses el compromiso de cada uno de nosotros con la democracia y con la Constitución y que, por razones de vecindad, va a tener en Aragón un impacto especial.

¡Cómo imaginar hasta hace poco que las fuerzas de seguridad tuvieran que intervenir para impedir el cumplimiento de una orden de un gobierno autonómico!

Si a todo ello añadimos la crisis de la política, que carece del vigor de una Transición cuyo 40 aniversario celebramos, de la capacidad y de la voluntad de grandes consensos, del patriótico espíritu que la hizo posible, no parece exagerado decir que vivimos tiempo de incertidumbres y quebrantos profundos, a los que no sabemos bien cómo enfrentarnos.

Si centramos la mirada en Aragón, es justo empezar por reconocer a una sociedad plena de potencialidades, a la que la autonomía le ha sentado bien. Nada tiene que ver el Aragón preestatutario con el actual, ahora que celebramos el 35º aniversario de su aprobación inicial y el 10º de su última reforma.

Ninguno de los problemas a los que acabo de referirme nos resultan ajenos, ninguno. Pero nuestra comunidad presenta algunos indicadores solo compartidos con las regiones más modernas y prósperas del país.

Por poner un ejemplo, a todos nos satisface que Aragón se encuentre a la cabeza en lo que a motores básicos de la competitividad se refiere, compartiendo esa posición con Cataluña y Madrid. Un indicador de la Comisión Europea que valora la calidad de las instituciones, la estabilidad macroeconómica, las infraestructuras, la salud y educación básica, la cualificación y eficiencia del mercado laboral y la innovación.

Podríamos poner otros, relacionados con los servicios públicos o la economía.

Pero todos indicadores no son sino exponentes de la salud de nuestra sociedad, de su calidad a todos los niveles, a cuya altura trata de estar el gobierno.

Son méritos de nuestra sociedad, de cada uno de los aragoneses que formamos parte de ella. El caudal de talento aflora en prácticamente todos los sectores. Son numerosos los aragoneses que integran listas de excelencia nacional e internacional.

Son numerosos los creadores, empresarios, investigadores, deportistas, educadores de los que tenemos motivos para sentirnos orgullosos, que conforman el patrimonio más valioso que tenemos y el que se sustenta el aragonesismo más transformador y promotor de futuro que quepa imaginar.

El elenco de casos de talento y de éxito sería interminable. Están en la cabeza de todos nosotros y sirven para poner un punto de esperanza en el desolador panorama del momento histórico que nos ha tocado vivir, momento en el que celebramos este debate de política general, en el que hemos de analizar la acción del gobierno y los resultados de la misma.

Y a eso vamos a dedicar esta intervención y el debate de mañana

Empezaré afirmando con rotundidad que este Gobierno es perfectamente consciente de las incertidumbres y de su obligación de despejarlas, de los quebrantos y de su obligación de atenuarlos –cambio climático incluido- y que también es consciente de las potencialidades de la sociedad aragonesa y de su obligación de facilitar su desarrollo pleno.

Les diré a continuación que este Gobierno también es perfectamente consciente de su debilidad parlamentaria. Desde mayo de 2015, nos movemos en escenarios absolutamente inéditos en nuestra democracia y nuestro Parlamento es un buen ejemplo: siete partidos políticos y un ejecutivo sustentado en 20 diputados, menos de un tercio del total.

Pero, a su vez, para que el debate se produzca sin trampas ni medacidad, todos debemos reconocer que éste es el único gobierno posible a la luz de los resultados de mayo de 2015. No hay más opciones. La suma de la izquierda es la única combinación posible. Y prueba de ello es que la misma noche electoral, mi predecesora renunció públicamente a intentar formar gobierno, consciente de que era un empeño imposible.

Ante esta situación, el PSOE, como segunda fuerza parlamentaria, desde esa responsabilidad concreta otorgada por los ciudadanos en las urnas, lideró una alianza de los cuatros partidos de la izquierda que se tradujo en un gobierno de PSOE y CHA con el respaldo de Podemos e IU. Una fórmula sustancialmente distinta a la tradicional, que requiere de pautas y rituales políticos nuevos, a los que todavía –lo reconozco- no nos hemos acostumbrado del todo.

Por tanto, sustentar la acción del gobierno en esa colaboración básica con las fuerzas de la izquierda no es en modo alguno un ejercicio de sectarismo sino de pura coherencia.

¿Quiere eso decir que renunciamos a los acuerdos con las demás fuerzas políticas? En absoluto. En el debate de investidura dejé claro mi deseo de que esos acuerdos se produzcan en las cuestiones más trascendentales y estructurales del futuro de la Comunidad.

Y ojalá en este debate avanzáramos en esta dirección.

Por lo demás, esta especie de inestabilidad estable no ha sido óbice para que este gobierno –el único posible, repito, con los resultados de mayo de 2015- haya sido capaz de desarrollar de manera bastante solvente las políticas de izquierda mandatadas por la mayoría de los aragoneses hace dos años.

Desde esta especie de estabilidad inestable –también podemos llamarla así- el Gobierno ha sido capaz de ir cumpliendo a buen ritmo los pactos de investidura suscritos con las fuerzas políticas de la izquierda.

Desde esa particular estabilidad, hemos aprobado dos presupuestos y 23 proyectos de ley frente a los 15 del mismo periodo en la anterior legislatura en la que PP y PAR tenían mayoría.

En definitiva, desde esta situación, hemos desarrollado una acción de gobierno de clara orientación socialista y aragonesista que voy a tratar de describir aunque sea de manera sucinta.

El repaso –señores diputados- ha de empezar necesariamente por aquello que constituyó el núcleo de nuestra propuesta electoral, lo que fue el compromiso prioritario que adquirimos en 2015 con la sociedad aragonesa: la reconstrucción de servicios públicos y la recuperación de los derechos provistos a través de los mismos.

Como he dicho muchas veces, la desigualdad es inaceptable éticamente, es ineficiente desde el punto de vista económico y es además profundamente corrosiva del propio sistema democrático.

Es uno de los problemas más graves de nuestra sociedad y del tiempo que vivimos, por lo que hemos de dedicar todos nuestros esfuerzos a combatirla desde todos los frentes, empezando por los servicios públicos básicos.

“La libertad no hace felices a los hombres. Los hace simplemente hombres”, decía Don Manuel Azaña. Pero él no hablaba de libertad como no injerencia. Hablaba de libertad como no dominación de unos hombres sobre otros, o de las situaciones de infortunio –pobreza, desempleo, discapacidad, vejez- entendidas como barreras que impiden acceder al disfrute de ese bien supremo.

Por tanto, la libertad de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad deben garantizarla los poderes públicos garantizando a estos sectores seguridad existencial suficiente, tarea en cuyo desempeño demuestra un gobierno su verdadera talla moral.

En ese sentido, me declaro orgulloso de que el IASS tenga este año el presupuesto más alto de su historia.

Gracias a eso, hemos atendido a 7.500 dependientes más, siendo la Comunidad que más ha avanzado en estos dos últimos años en este aspecto. Ya son 24.135 las personas atendidas y mil los empleos creados.

Gracias a eso, ha sido eliminada la lista de espera de los perceptores del IAI y ya son 7.652 las familias las que se benefician de esta ayuda.

Hemos evitado el corte de luz y gas en los hogares de más de 9.000 personas.

Hemos aumento en un 15% las plazas concertadas para discapacitados

También han trabajado en esa dirección otros departamentos del Gobierno.

330.000 pensionistas ya no tienen que adelantar el importe total del copago de sus medicamentos.

11.997 escolares han recibido una beca de comedor para este curso frente a los 4.965 del curso 2013-2014.

Se ha garantizado el acceso al sistema sanitario de los inmigrantes sin papeles y personas sin recursos, con casi 2.000 beneficiados.

Las ayudas al alquiler se han incrementado sustancialmente, pasando de 4.4 a 7 millones.

He ahí algunos resultados de la labor del Gobierno en estos dos años, contando siempre con la colaboración de las entidades del tercer sector, a las que hemos facilitado la tarea mediante una Ley de Concertación que ha sido muy bien acogida.

También me declaro muy satisfecho de los avances experimentados en el terreno de la sanidad, el otro gran pilar del estado de bienestar dirigido a garantizar la seguridad existencial de todos los ciudadanos en régimen de igualdad.

El presupuesto de 2017 es 301 millones superior al de 2015. Sigue siendo manifiestamente insuficiente para gestionar el departamento sin generar déficit. Pero el aumento ha permitido mejorar la gestión sanitaria y la calidad del servicio en todos los aspectos.

En materia de infraestructuras, pondremos dentro de poco la primera piedra del nuevo Hospital Público de Alcañiz, que fue uno de nuestros principales compromisos electorales.

Hemos inaugurado ya los centros de salud de Illueca y Mosqueruela.

Se va a ampliar el de Valderrobres. Se empezará a construir el de los Olivos en Huesca este año y se van a reformar las Urgencias del Hospital San Jorge.

Se va a construir un nuevo centro de salud en Binéfar, reformar el Santo Grial (Huesca) y ampliar el centro de salud Barbastro.

Y se va a aprobar un plurianual para el Hospital de Teruel.

Después de varios años de parálisis total en este aspecto, hemos vuelto a invertir en tecnología sanitaria, esencial para la calidad del servicio. La inversión de este año alcanzará los 13,1, frente a los dos millones de 2014.

En fin, por hacer una revisión sumaria de lo realizado, se han destinado más recursos para atención primaria, se ha invertido más recursos humanos y materiales en salud mental, se ha comenzado la implantación del plan de crónicos, con unidades específicas como la del hospital de Barbastro, a la que seguirán Alcañiz y otros centros

Se ha licitado el nuevo servicio de transporte sanitario licitado, con una mejora evidente en el servicio.

Se ha posibilitado un Plan Estratégico del Hospital de Jaca, de la mano de los poderes públicos y de la sociedad de la zona

Y se han tomado dos medidas muy relevantes desde el punto de vista de los recursos humanos: la aprobación de incentivos para plazas de difícil cobertura fuera de la ciudad de Zaragoza y el lanzamiento de la Oferta de Empleo Extraordinaria de 1.483 plazas, poniendo en vías de solución dos problemas muy complicados que hemos tenido que afrontar en los últimos meses.

No es un dato tan definitorio de la calidad del servicio como a veces se cree. Pero lo cierto es que en julio de 2017 había en Aragón 1.736 pacientes en lista de espera quirúrgica superior a 6 meses, un 10,84% menos que en el mismo mes de 2015.

La madre de todas las desigualdades es, no obstante, la desigualdad en el acceso a la educación. El instrumento más eficaz para favorecer la igualdad de oportunidades es, por tanto, la educación, que debe garantizarse de igual calidad para todos, sin discriminación por renta, origen o residencia.

La segregación desde el origen de la vida es irreversible y quiebra uno de los principios constitucionales más fundamentales. Por eso, la educación es un servicio público fundamental, que ha de ser prestado a través de recursos públicos y solo concertado con recursos privados en la medida en que la oferta pública no cubra la totalidad de la demanda, como ocurre con la sanidad o con los servicios sociales.

Este Gobierno ha hecho pues una apuesta firme por la educación pública. Ello supuso un conflicto en el momento de la renovación de conciertos, un conflicto que queremos superar definitivamente recomponiendo la relación de colaboración mantenida hasta ahora.

Dos años después de llegar al Gobierno, tras un aumento presupuestario de 170 millones y un cambio notable de actitud y de prioridades, podemos decir que hemos recuperado 1.100 profesores, el 90% de las plantillas orgánicas, pagando a los interinos en verano y adelantando la contratación a partir del 1 septiembre.

Hemos desbloqueado el plan de infraestructuras: ahora mismo se trabaja en la construcción, licitación y proyección de 17 centros educativos.

Hemos evitado el cierre de 61 escuelas rurales con 6 o menos alumnos

Estamos implantando por primera vez en 8 centros públicos la escolarización anticipada a los 2 años y bajado la ratio a 20 niños de media en infantil

Podemos decir que, en educación, es esta la legislatura más innovadora en Aragón. El 65% de los centros tienen un proyecto de innovación incorporado y hemos creado currículos pioneros en música, deporte, robótica y digital. El 80% de los colegios tienen tabletas para el aprendizaje escolar. Este curso se van a instalar 1.850 nuevos ordenadores, 69 mesas táctiles y 69 proyectores en distintos centros de la Comunidad.

Y también la más igualitaria, con aumento de las becas, desde el comedor a la Universidad. El precio del comedor se bajó de 92 a 86 euros, aumentando el 50% del dinero para becas de comedor que benefician a 11.997 personas.

Y en la Universidad, se han bajado los precios por primera vez en 20 años. Por ejemplo, la matrícula en Arquitectura o Medicina pasará de costar 1.549 euros a 1.403. Aumenta un 100% el dinero para las becas universitarias y se crean becas de movilidad y ayudas a másteres.

Señores diputados, estos fueron los compromisos básicos que adquirimos con los ciudadanos aragoneses en mayo de 2015 y creo que vamos camino de cumplirlos de manera muy cabal.

Estas son, por otra parte, las políticas públicas para las que fundamentalmente tenemos competencias.

Pero hay otras prioridades, otras demandas sociales, como es el desarrollo económico y empleo, que no podemos eludir.

Tenemos menos instrumentos para atenderlas, pues dependen en gran medida de decisiones estatales y europeas. Pero tenemos algunos y ha sido nuestro propósito desde el principio utilizarlos a fondo, para mejorar la calidad del empleo y para que el crecimiento sea inclusivo.

En primer lugar, un gobierno autonómico tiene capacidad para influir en la economía casi exclusivamente a través de la oferta, es decir, de la utilización de instrumentos como el diálogo social, las políticas de empleo, la formación o la innovación.

Pues bien, empezaré por decirles que esta es, entre otras singularidades que iremos señalando, la legislatura del diálogo social, lo que digo con orgullo y mostrando mi total reconocimiento por ello a UGT, CCOO, CEPYME y CEOE.

El diálogo social es quizá el mejor instrumento que tenemos para impulsar la inversión y el empleo, no solo porque el buen clima laboral los favorece, sino por las políticas concretas que producen los acuerdos.

Hace pocos días, acordábamos el inicio de la tramitación de la Ley de Diálogo Social y Participación Institucional, un hito en la historia de la democracia aragonesa. Pero antes habíamos firmado el Plan de Responsabilidad Social de Aragón, la Estrategia Aragonesa de Seguridad y Salud en el Trabajo y, sobre todo, dos acuerdos fundamentales:

-El Plan para la Mejora del Empleo en Aragón 2016-2019, dotado con un presupuesto total que asciende a 317.689.600 euros, centrado en los sectores más afectados por el paro

-Y la Estrategia de Promoción para la Económica e Industrial de Aragón 2017-2019, con una previsión hasta 2019 de 514 millones de euros, incluido el plan para la digitalización de las empresas aragonesas aprobado el 13 de junio en el Consejo de Industria.

De la prioridad asignada por este gobierno a las políticas de empleo da idea el hecho de que el INAEM tenga este año 103.737.004 euros de presupuesto, un 13,20% por encima del último del gobierno anterior.

Una economía competitiva con un empleo de calidad es imposible sin una buena formación profesional.

Este año, tras suprimir las tasas de matrícula en grado superior, los alumnos de FP han aumentado un 12% respecto al pasado curso. Este crecimiento histórico deja la mejor cifra de la FP aragonesa con 23.000 alumnos matriculados

Por otra parte, hemos ampliado la oferta con 14 nuevos ciclos para el curso 2017-2018, que se implantarán en toda la comunidad -en el medio rural y el urbano- y alguno de ellos por primera vez en Aragón, nuevos ciclos relacionados siempre con las actividades económicas más importantes de cada una de las comarcas en las que se implantan.

Y hemos incrementado la oferta de Formación Profesional Dual con 69 nuevos proyectos, frente a los 12 del gobierno anterior, pasando de 88 alumnos a 350 y de 57 empresas a 240.

Finalmente, conscientes de que el conocimiento va camino de convertirse en el principal factor de crecimiento y de competitividad en el mundo global, hemos decidido apostar fuerte por la inversión en ciencia e investigación a través de los departamentos de Economía, Innovación y Desarrollo Rural fundamentalmente.

Esto ha tenido una clara traducción presupuestaria. Por hablar solo de la Dirección General de Innovación e Investigación, hemos duplicado prácticamente la dotación, pasando de 11,7 millones a 22,9 en 2017.

No voy a enumerar todas las iniciativas que estamos adoptando y todos los proyectos en marcha. Baste señalar el gran trabajo del Instituto Tecnológico de Aragón, como herramienta imprescindible para ayudar en ese camino de la innovación a nuestras pymes; el Plan para la Digitalización de las empresas aragonesas o el impulso competitivo de la Industria 4.0, fruto del amplio proceso abierto del diálogo social; el Fondo de Apoyo a la Innovación de las Empresas Aragonesas, creado en el marco del Programa InnovaAragon; el Plan de Cooperación puesto en marcha por el Gobierno de Aragón a través del IAF para apoyar a los ocho clusters en sectores punteros que van desde la agroalimentación, la automoción, el sector aeronáutico, las tecnológicas de la información y la comunicación hasta la energía, cuyo clúster ha sido constituido esta misma semana como ejemplo paradigmático del trabajo que el Gobierno de Aragón está haciendo en el área de las energías renovables; los Parques Tecnológicos de Walqa o Tecnopark o los 80 grupos de Cooperación y Grupos Operativos en el sector agroalimentario, con los que colabora el CITA, la Universidad, el IA2 y Parque Científico Tecnológico Aula Dei.

A la vista de todo ello, no es casual que Aragón haya sido la primera Comunidad en suscribir un Pacto por la Ciencia, muestra de hasta qué punto ha entendido el tejido económico, social y político aragonés que el futuro se juega precisamente en este terreno.

No obstante, el Gobierno no debe limitar su actuación en relación con la economía y el empleo a la buena gestión de estos factores de la oferta.

Aunque esos sean sus instrumentos competenciales y presupuestarios por excelencia, creemos que el gobierno debe ser un gobierno emprendedor. No en el sentido de intentar sustituir a la iniciativa privada. La selección de proyectos es algo que corresponde a los empresarios, pero una política económica activa debe orientar, incentivar, promover y desarrollar aquellos sectores de futuro que mejor permitan el aprovechamiento de nuestras ventajas competitivas.

Uno de esos sectores es, sin duda, la logística, muy reactivado por este Gobierno después de la paralización del cuatrienio 2011-2015. Además del empleo directo, además de reforzar la capacidad exportadora de nuestras empresas, es el principal imán de atracción de inversiones, como ya hemos visto y como vamos a ver con claridad en los próximos años.

Desde 2015, hemos reorganizado el sector unificando todas las plataformas aragonesas bajo Aragón Plataforma Logística, aspirante a ser el principal espacio logístico del sur de Europa.

Hemos vendido más de medio millón de metros cuadrados, lo que se ha traducido en la llegada de 25 nuevas empresas y otra veintena en negociación que llegarán antes de final de año, algunas de ellas de relevancia en la plataforma de Huesca.

El desarrollo pleno de nuestra situación estratégica requiere buenas comunicaciones con los puertos y con otras plataformas. Por eso, hemos avanzado en inversiones con los puertos de Barcelona y Valencia, uniendo fuerzas para impulsar el eje Cantábrico-Mediterráneo; hemos fijado alianzas con el puerto seco de Antequera, tenemos ya la confirmación de que el tren de la ruta de la seda, que parte de la ciudad china de Yiwu, tendrá una parada en Zaragoza, lo que abre un mundo de posibilidades para nuestras empresas.

Y, como consecuencia del trabajo conjunto con Aquitania, la reapertura del Canfranc parece cada vez más irreversible, tras el reciente respaldo de la UE. En este caso, hay que decir que, además de la repercusión económica, este hecho no deja de tener un fuerte componente simbólico en cuanto a la satisfacción de esa vieja reivindicación aragonesista, que este Gobierno ha sido capaz de encauzar por fin.

En relación con otro gran sector estratégico de nuestra economía, este seguirá siendo el año de la agroalimentación en Aragón, merced al proyecto de BonÀrea, con más de 400 millones de inversión y más de 4.000 empleos directos además de otros tantos indirectos, un proyecto al que se ha definido como la “Opel de la agroalimentación” y al que han seguido otros anuncios en Calamocha, Binéfar o Ejea, relacionados con un subsector clave de nuestra economía como es el porcino.

Pero el impulso del Gobierno no acaba ahí. A lo largo de la legislatura, se van a poner a disposición de las industrias de alimentación 120 millones de euros, que posibilitarán más de 600 de inversión y un aumento de las ventas totales en 2000 millones.

Hemos aprobado la ley de venta directa que beneficia a los pequeños productores.

Y, de acuerdo con la asociación de industrias alimentarias, estamos diseñando un Plan de promoción de nuestros productos, con una inversión de 3 millones hasta 2019.

Transformar y vender más y mejor nuestros productos son los grandes retos a los que nos enfrentamos.

Pero antes hay que producir también más y mejor, pues ese complejo agroalimentario que representa más del 10% del PIB y del 12% del empleo total aragonés tiene su base en la agricultura y la ganadería.

Hay que rejuvenecer el sector, por lo que ya hemos incorporado 834 jóvenes agricultores, con 50 millones ya invertidos.

Hemos propuesto una PAC más justa, que sirva sobre todo para garantizar las rentas agrarias y preserve el papel de la ganadería extensiva.

Hay que seguir impulsando los regadíos. Me gustaría destacar en ese sentido el impulso al regadío social de Sarrión, que supondrá la puesta en riego de 821 hectáreas para la producción de trufas en esa parte de la provincia de Teruel.

Y, sobre todo, confiamos en el nuevo decreto para impulsar la creación de regadíos con 100 millones de euros, un nuevo marco de financiación para nuevos regadíos que cuenta con el visto bueno de la Comisión Europea, dando protagonismo a las comunidades de regantes. Permitirá actuar en unas 20.000 hectáreas.

No puedo dejar de afirmar que, desde luego, el impulso del sector agroalimentario no lo concebimos sin la colaboración activa de las cooperativas y las organizaciones agrarias, con las que estamos manteniendo un diálogo permanente

Esta va a ser también sin duda la legislatura de las energías renovables, fundamentalmente la eólica.

Desde 2010, este sector ha estado bloqueado por la judicialización de las adjudicaciones realizadas entonces. Fue un problema grave que encontramos en 2015 nada más tomar posesión y que, mediante un decreto de septiembre de 2016, solucionamos de manera satisfactoria.

En este momento, estamos tramitando ya proyectos que suman 3.200 megavatios, lo cual supone un volumen de inversión muy elevado (cada megavatio supone un millón), mucho empleo y una aportación decisiva a los objetivos medioambientales de nuestras políticas

Por lo demás, antes de ayer se constituyó el clúster de la energía, para aglutinar esfuerzos y sinergias de un sector formado por 400 empresas, 7.200 empleos y 5% del PIB, un sector del que aspiramos a ser referente nacional.

El turismo, otro sector estratégico, también ha tenido la atención de este gobierno a través de la actuación de varios departamentos. Como la agroalimentación, es una actividad económica fundamental para el asentamiento de la población en las zonas más afectadas por la despoblación.

Estamos desarrollando el PAET 2016/2020, elaborado con la participación y consenso de todo el sector, con iniciativas basadas en todas las potencialidades (nieve, cultura, medioambiente, BTT, senderos, etc…) y con un éxito notable, pues las visitas aumentan cada año.

Se ha aprobado la Directriz de Ordenación Territorial del Camino de Santiago-Camino Francés, a su paso por Aragón, una buena herramienta para el desarrollo de los municipios afectados

Se ha aprobado el Plan Estratégico de Dinópolis, consistente en una ampliación en tres fases con una inversión de 24 millones de euros.

Además, el turismo de nieve sigue siendo uno de nuestros principales atractivos. En la pasada temporada, Aramón consiguió más de 1,2 millones de esquiadores, lo que supone un 20% más que la temporada anterior.

Hemos acometido inversiones en Valdelinares y el Pirineo y hemos desatascado desarrollos que estaban paralizados desde hace muchos años en los valles de Tena y Benasque

También hemos logrado la declaración del Primer Centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido como Acontecimiento de Excepcional Interés Público y el pasado 28 de junio se creó la Comisión Aragonesa para Conmemoración del Centenario, que tiene como misión programar, impulsar y coordinar las actividades y las inversiones que han de mejorar la puesta en valor del Parque y de su área de influencia socioeconómica, la comarca del Sobrarbe.

Hemos asignado dos millones €, en forma de subvención incondicionada, a los ayuntamientos en función de su superficie incluida en Espacios Naturales, dando así respuesta a una vieja reivindicación del territorio, hasta ahora incumplida

Y, realizando otro viejo sueño de muchos aragoneses, se ha puesto en marcha la recuperación de la explanada de Arañones de Canfranc, licitándose la totalidad de las obras: nueva estación, nuevas vías, urbanización de todo el sector, rehabilitación integral del edificio principal y su explotación como uso hotelero.

El turismo viene a suponer el 10% del PIB y, en el caso del Alto Aragón, llega al 15%, por lo que también a este sector le seguiremos dedicando mucha atención en los dos próximos años.

Finalmente, a mí me gustaría que esta fuera la legislatura de la cultura, no solo desarrollándola como derecho a la creación y la disfrute sino también como imagen de marca de la Comunidad y como industria, como actividad económica de mucho recorrido.

Por citar algunas iniciativas adoptadas, este año hemos presupuestado cinco millones de ayudas al sector (artes escénicas, plásticas, música, libro, audiovisual), multiplicando casi por diez las cantidades de la etapa anterior, mediante un esfuerzo del que me declaro particularmente satisfecho.

Hemos vuelto a estar presentes en grandes ferias como ARCO, Liber o la Feria del Comic

Hemos puesto en marcha el bono cultural ‘Aragón es cultura’, que cuenta ya con 3000 inscritos y la participación de más de 100 empresas

Hemos creado la Compañía Aragonesa de Danza, así como la Fonoteca de la Jota

Y Aragón Film Commission que ya está dando sus frutos. El reciente rodaje de Les Frères Sisters ha dejado 3 millones de impacto económico en Aragón, una muestra más de que está plenamente fundada nuestra esperanza de que la cultura llegue a generar a medio plazo el 5% del PIB aragonés.

Señores diputados: les he hablado de políticas de igualdad y de derechos, de economía y empleo después. Me referiré ahora al tercer vector de nuestra acción de gobierno que no es otro que búsqueda permanente de un desarrollo territorial equilibrado en una comunidad profundamente desequilibrada y muy afectada por la despoblación de buena parte de la misma.

Las políticas de todos los departamentos van en esa dirección y, de manera específica, el apoyo a ayuntamientos y comarcas y la colaboración con las diputaciones provinciales, partiendo de la base de que la administración local es clave para hacer frente a ese desafío.

Por esa razón, hemos incrementado el Fondo de Cooperación Municipal, duplicando el gobierno anterior hasta llegar a los 18 millones de euros.

Hemos ofrecido servicios nuevos, como la posibilidad de delegar sus competencias en materia de disciplina urbanística al Gobierno de Aragón, siendo un total de 125 municipios los que ya lo han hecho, o la asistencia para la redacción de Planes Generales o Delimitaciones de Suelo Urbano.

Hemos firmado acuerdos con las diputaciones, como el convenio para llegar con la banda ancha antes de 2020 a todos los municipios de Aragón u otro para la gestión de fondos europeos

Hemos empezado a reactivar la inversión en carreteras. Durante el año 2017 se invertirán más de 10 millones de euros a través de los contratos de conservación ordinaria y casi 22 millones de euros para actuaciones en la Red de Carreteras de Aragón, que permitirá el comienzo de la mejora de varios tramos para el próximo año 2018.

La búsqueda de un desarrollo equilibrado tiene, sin embargo, como telón de fondo, el problema de la despoblación, convertido en prioridad del Gobierno y acometido desde una perspectiva transversal de todos los departamentos de gestión.

Ha destacado, no obstante, la actuación de la Consejería de Presidencia, en su trabajo en la Conferencia de Presidentes y en el Foro de Regiones, y la de Vertebración Territorial, promotora de una Directriz Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación que se podrá empezar a aplicar a partir de octubre de 2017 y que contiene más de 300 medidas concretas.

Estamos ante un desafío histórico de magnitudes colosales, por lo que es preciso unir esfuerzos entre comunidades y el Gobierno central para llegar como una sola voz a la Unión Europea, a la que exigir mayores fondos para combatir este problema de Estado. Y por supuesto, los problemas demográficos han de tener un peso real cuando se acometa la reforma de la financiación tanto de las Comunidades Autónomas como de las Haciendas Locales.

En este punto, es preciso insistir en que el equilibrio no puede hacerse contra Zaragoza sino aprovechando el potencial de Zaragoza, verdadero motor económico y cultural de la Comunidad.

En ese sentido, estoy muy satisfecho del acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de Zaragoza sobre un Proyecto de Ley de Capitalidad. Por primera vez se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 87 del Estatuto de Autonomía para integrar a la ciudad de Zaragoza en el entramado institucional autonómico y fruto de este acuerdo histórico, se contempla un presupuesto que en 2017 asciende a 21 millones de euros.

Serán beneficiarios todos los zaragozanos, que verán normalizadas las relaciones entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza y que, sobre todo, se beneficiarán de los resultados concretos de la sensibilidad de un Gobierno que considera mucho el valor estratégico de la ciudad en el conjunto de la región y del Valle del Ebro.

Equilibrio territorial, señores diputados, es hablar también de medioambiente, aunque este último trasciende al primero y se convierte, junto con la igualdad, en el imperativo ético más importante de la humanidad vista la amenaza cierta del cambio climático.

Dentro de la serie de medidas encaminadas en esa dirección, el Gobierno de Aragón se ha adherido a la campaña compromisos #Porelclima asumiendo 6 compromisos concretos y específicos entre los que cabe destacar la presentación de una nueva Estrategia sobre Cambio Climático y Energías Limpias.

Se ha trabajado en el desarrollo de un nuevo decreto regulatorio de la comisión interdepartamental de cambio climático. Su aprobación será este año.

Por otra parte, dado que la actividad agraria y ganadera es altamente productora de las llamadas emisiones difusas, el Gobierno ha asumido su eliminación como prioridad. Y ahí es donde nace el Programa Agroclima Aragón, para informar y sensibilizar acerca de las posibles formas de mitigación y adaptación al cambio climático.

Se ha elaborado un plan estratégico de lucha integral contra la contaminación de los residuos generados por el lindano. La apuesta por el proceso de I+D se concreta en el proceso de Compra Pública Innovadora puesto en marcha, así como en el convenio suscrito con la Universidad de Zaragoza y las relaciones establecidas con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Se ha consolidado la Unidad del Lindano, que es la herramienta administrativa clave para la gestión del plan e impulso del proceso de I+D en el que se basa la estrategia de descontaminación. La labor desarrollada al respecto ha contado con el asesoramiento y participación de tres comités: científico, social e institucional.

El Departamento de Economía convoca más de 4 millones de euros en ayudas para fomentar el ahorro energético.

Ha sido una decisión importante adoptada al principio de la legislatura la paralización de las concesiones para la depuración de aguas residuales y la anulación de contratos del Plan Pirineos no puestos en marcha. Se pone fin de este modo a un plan sobredimensionado, económicamente inabordable y muy contestado socialmente.

Se ha decidido la supresión del Instituto Aragonés del Agua y su sustitución por una dirección general, con objeto de aumentar la transparencia y la eficacia.

Se han convocado subvenciones dirigida a entidades locales para impulsar actuaciones relativas a la mejora de la depuración. Estas ayudas, para las que se habilitan 5 millones €, contemplan un porcentaje de ayudas del 95% del gasto a realizar, con un límite máximo de 300.000 euros de ayuda.

Además se ha reiniciado el proceso de revisión del plan, tratando de potenciar el ejercicio de las competencias municipales en materia de depuración.

Por último, como cuarto vector de la acción del Gobierno, hemos desarrollado a fondo nuestro compromiso con el cumplimiento del Estatuto de Autonomía y exigencia de su cumplimiento a los demás.

El Estatuto, señores diputados, ha sido para nosotros referencia orientadora de la práctica totalidad de las políticas, incluida la renta social básica

Y de manera específica, el artículo 10, cuando, tras numerosos requerimientos al Gobierno de España la Comisión Bilateral se celebró el pasado día 27 de junio de 2017 con resultados satisfactorios, acordándose por primera vez mecanismos efectivos para el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos adoptados

O el compromiso de la Comisión Bilateral para avanzar en la aplicación del acuerdo bilateral económico-financiero con el Estado previsto en el artículo 108, algo que ocurre por primera vez en 21 años.

O la defensa del patrimonio de Sijena, donde se han invertido más de 400.000 euros en rehabilitar y acondicionar el Monasterio para exhibir 51 de los bienes que estaban en Cataluña, a la vez que mantenemos firme nuestra exigencia de cumplimiento de sentencia del resto.

Atendiendo a lo establecido por el Estatuto de Autonomía así como a los acuerdos adoptados por las Cortes de Aragón, se ha trasladado formalmente al Gobierno de España, y por diferentes vías, la posición inequívoca del Gobierno de Aragón en contra de cualquier trasvase del Ebro y de modificaciones del caudal ecológico del Delta que vulneren la reserva hídrica.

Y, por supuesto, la exigencia de que el nuevo modelo de financiación se atenga a lo establecido en el artículo 90 del Estatuto de Autonomía.

Eso fue lo que defendimos en la VI Conferencia de Presidentes, en la que uno de los acuerdos alcanzados fue “sobre la sostenibilidad del Estado del Bienestar y la reforma de la financiación autonómica”.

El informe de la Comisión de Expertos ha culminado y se ha remitido al Comité Técnico Permanente de Evaluación y al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y ahí será si donde habrá de alcanzarse un acuerdo de financiación autonómica mejor que el vigente, que solucione las graves carencias y que haga viable la prestación suficiente de los servicios públicos en una comunidad como la nuestra

Ha llegado la hora de la verdad, la hora de que el Gobierno fije su posición y de que nosotros acordemos la nuestra en esta cámara, siguiendo las prioridades del estatuto.

Señora Presidente, señoras y señores diputados, este es el repaso sumario de las acciones de un Gobierno que, gobernando en clave socialista y aragonesista, ha cumplido sus compromisos. Este es el balance de gestión que ustedes juzgarán mañana desde el prisma y el punto de vista que estimen oportuno.

Pero es obvio que un gobierno responsable trabaja con un proyecto de legislatura, de cuatro años de duración, planificando sus acciones hasta la conclusión del periodo de acuerdo con su programa electoral y con sus pactos de investidura.

Ese es, desde luego, el caso del Gobierno que presido, que, traspasado el ecuador hace dos meses, momento en el que compareció ante la opinión pública para hacer balance, continua su acción sin solución de continuidad y lo hace sobre una hoja de ruta clara y con una agenda precisa, en la que me detendré –aunque sea a grandes rasgos- en esta última parte de mi intervención.

Por una parte, el Gobierno ya ha remitido a las Cortes once proyectos de ley, que están pendientes de aprobación. Su puesta en funcionamiento constituirá una parte fundamental de la gestión de los dos próximos años.

Se trata de leyes como las siguientes:

Ley de Renta Social Básica de Aragón.

Ley de Memoria Democrática de Aragón.

Ley de régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón.

Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón

Ley de identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Ley de la actividad física y el deporte en Aragón.

Ley de voluntariado de Aragón.

Por otra parte, los departamentos trabajan en una serie de proyectos manejando plazos que permitan su aprobación antes de terminar la legislatura. Son proyectos como los siguientes:

-Ley de Educación Permanente. En octubre, proceso de participación de la comunidad educativa para empezar su elaboración.

-Ley de Derechos y Deberes de los usuarios del sistema de salud. Está redactado por los técnicos un borrador de anteproyecto.

-Ley de la Comarca Central. Por fin, la semana que viene se firmará del compromiso político con todos los alcaldes, una vez acordado ya el texto.

-Ley de Participación de Ingresos de la Comunidad Autónoma. También se encuentra muy avanzado y aspiramos a tenerlo pactado con la FAMCP, Zaragoza, Huesca y Teruel para finales de agosto o principios de septiembre de 2018.

-Ley Igualdad y Protección Integral contra la Discriminación por razón de Orientación Sexual en Aragón (Igualdad LGTBI). Pendiente solo de aprobación por el Consejo de Gobierno.

-Ley de Iniciativa Privada de Servicios Sociales. Pendiente de aprobación por el Consejo de Gobierno.

-Ley de Investigación e Innovación de Aragón, también llamada Ley de la Ciencia. Pendiente del dictamen de los servicios jurídicos para llevar a Cortes en el próximo trimestre

-Nueva Ley del Sistema Universitario aragonés, junto con un Plan Estratégico del mismo. Presentación del borrador y proceso participativo a lo largo de este año

-Ley de Contratos. Pendiente de que el Estado apruebe su norma para tramitar después la autonómica.

-Ley de Función Pública. Se están negociando con los sindicatos.

-Ley de Diálogo Social y Participación Institucional. Ya acordada con empresarios y sindicatos y próxima a ser traída a las Cortes

-Ley de Apoyo al Emprendimiento y al trabajo autónomo. Se debe someter al Consejo del Trabajador Autónomo que está a punto de constituirse.

-Ley de Economía Social. Lista para iniciarse el procedimiento administrativo.

-Ley para la Participación de la Comunidad Educativa. Es fase de redacción inicial

-Ley del Mecenazgo. En fase de redacción inicial

-Ley de Derechos y Deberes de la Discapacidad. Fase de consulta con todos los departamentos y con las entidades de la discapacidad

Pero, además de las leyes, el Gobierno está trabajando en una serie de iniciativas que completarán el cumplimiento de los compromisos adquiridos y nos permitirán comparecer antes los aragoneses en la primavera de 2019 con la satisfacción del deber cumplido.

Este elenco de iniciativas irá conociéndose en los próximos meses. Voy a adelantar, no obstante, algunas de ellas.

En primer lugar, en materia de derechos sociales, económicos y civiles, están previstas las siguientes:

-Plan de infraestructuras educativas 2017-2020. Se aprobará en el Consejo de Gobierno del próximo martes, con un importe mínimo de 150 millones €. Esto supone la construcción y ampliación de 30 centros educativos y la intervención en más de 200.

-Gratuidad de libros de texto. En los dos próximos años vamos a establecer un sistema de gratuidad basado en el préstamo de libros, mediante una fórmula que lo haga viable presupuestariamente.

-Observatorio de la escuela rural, dentro de nuestra atención preferente a la escuela rural, sinónimo de cohesión territorial y elemento esencial contra la despoblación.

-Observatorio de la convivencia escolar, para asesorar a la Administración en materia de prevención y erradicación de este problema.

-Centro de innovación metodológica, en colaboración con la Facultad de Educación, para asesor a los centros educativos, la creación de una red aragonesa de centros innovadores y de un laboratorio de ideas, el análisis y evaluación del impacto de los proyectos en el aprendizaje y destreza de los alumnos.

-Traslado del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales (excepto el IAJ) a los antiguos juzgados de la Plaza del Pilar (500 funcionarios y 100.000 usuarios al año). Permitirá dinamizar el Casco.

-Extender el Programa de Envejecimiento Activo a todo el territorio aragonés. Hasta ahora se desarrolla solo en los 33 Hogares de Mayores. Se trata de desarrollarlo en pueblos y comarcas en los que no haya.

-Poner en marcha la teleasistencia avanzada. Ahora se limita a un “botón” con el que avisar en caso de emergencia. Se trata de implantar un sistema de localización, de detección de caídas y otras situaciones

-Plan de construcción de residencias públicas, que incluiría una reestructuración de los centros con los que ya cuenta el IASS.

-Aplicación del Pacto de Estado contra la violencia de Género. Hasta ahora hemos incrementado el presupuesto en un 25%. Seguiremos proponiendo más medidas

-Unidades de igualdad, para cumplir la obligación legal de que las administraciones públicas dispongan de unidades de igualdad en todos sus departamentos.

-Promoción de la conciliación laboral y familiar. Como reto transversal, estamos haciendo un estudio que estará listo en diciembre de 2017, a partir del cual se establecerán las medidas correspondientes.

-Cláusulas de género en la contratación pública, de manera que las empresas acrediten un compromiso real con la igualdad y las políticas de conciliación corresponsable.

-Recuperación de la residencia Luis Buñuel de Teruel. Creación de un albergue juvenil, alojamiento para estudiantes y pequeños apartamentos de alquiler para jóvenes.

-Considerada la memoria democrática como un derecho en la ley remitida a las Cortes, en 2018 celebraremos desde ese espíritu dos efemérides muy simbólicas: el 3 de Marzo, primer Día de la Memoria Democrática de Aragón en Alcañiz, en el 80 aniversario del bombardeo de esta ciudad con 500 víctimas; el 24 Marzo, el 80 aniversario de la Batalla de Caspe, con la inauguración de un hito en memoria de los brigadistas internacionales que combatieron en Aragón.

En segundo lugar, en relación con la Universidad de Zaragoza, están en marcha las siguientes iniciativas

-Beca-salario. Es una medida con impacto importante para los estudiantes de familias con menos recursos.

-Refuerzo del programa de becas de la Universidad de Zaragoza. Además del incremento presupuestario de las Ayudas Complementarias a las becas Erasmus+, Becas de Movilidad y Ayudas a los Másteres Estratégicos, en el próximo Consejo de Gobierno aprobaremos un convenio con la UZ para la financiación de becas y ayudas al estudio dirigidas a alumnos matriculados en enseñanzas universitarias oficiales, en línea con lo acordado con Podemos.

-Lanzamiento de líneas de ayuda para movilidad pre y posdoctoral. Estas ayudas son de nueva publicación y servirán para que investigadores pre y posdoctorales realicen estancias en otros centros de investigación.

-Nuevas modalidades de contrataciones predoctorales (interacción con el sector empresarial, para la incorporación de doctores en las plantillas de las empresas.

-Facultad de Filosofía y Letras: pendientes del acto de recepción y aprobación del proyecto de reforma por la UZ, para firmar en octubre el contrato programa). El presupuesto de 2017 ya incluye una partida de 240.000 euros. Prevista la licitación del contrato de ejecución de obra en noviembre. En 2018, febrero: resolución de la licitación del contrato de ejecución de obra; en mayo: formalización del contrato y en verano, inicio obras.

En tercer lugar, vamos a impulsar medidas para atajar uno de los problemas más preocupantes de nuestra sociedad, el del desempleo juvenil.

-Plan Aragonés para la Mejora de la Empleabilidad Joven. A todas las medidas vigentes dentro de nuestras políticas activas de empleo, añadiremos este nuevo plan, que consensuaremos y cerraremos en el marco del Diálogo Social. Abordaremos programas en los distintos subsegmentos de jóvenes, desde los sobrecualificados que ocupan puestos de trabajo de inferior categoría, como de aquellos que apenas cuentan con cualificación profesional.

A tal fin, crearemos un fondo, en el que incluiremos un incentivo para la cobertura del coste de la Seguridad Social para las empresas.

Por supuesto, discriminaremos positivamente la contratación indefinida, pero apostaremos por la estabilidad. 24 meses será el tiempo contractual mínimo. Este Plan de Empleabilidad Joven, sumado a las medidas actuales, supondrá una inversión de 90 millones entre 2018 y 2020

-Observatorio específico de Empleo Joven, que lleve seguimiento del plan y la situación del segmento joven en cuanto al mercado laboral en Aragón de forma continuada.

-Plan de retorno juvenil, en colaboración con IAJ, Economía y Universidad y con grandes empresas, mediante reserva de un porcentaje de puestos de trabajo para jóvenes que hayan emigrado. Ofrecer plazas de difícil cobertura en el ámbito educativo y sanitario a jóvenes que están en el extranjero

En cuarto lugar, pretendemos introducir mejoras en la administración atendiendo a una demanda social cada vez más extendida.

-Modernización de la administración autonómica para ganar eficiencia. Creado grupo técnico y proceso participativo para modernizar la administración en aras a su simplificación y eficiencia, acortar plazos, facilitar la vida al emprendedor y al ciudadano

-Estabilización del empleo. Entre sanidad, educación y administración general, hasta la finalización de la presente legislatura, el número total de plazas objeto de Oferta de Empleo Público podría ascender a 9.671.

-Extensión de los servicios de administración electrónica a otras administraciones (provinciales, comarcales y locales)

En quinto lugar, impulsaremos medidas relacionadas con el desarrollo, apuntalando sectores actuales y encaminando nuestra economía hacia un nuevo modelo productivo basado en la sostenibilidad, la innovación y la economía circular:

-Centro de Innovación de Bioeconomía Rural en PLATEA. Elaboración de una Estrategia Aragonesa de Bioeconomía, liderada por el CITA, conjuntamente con el Departamento de Desarrollo Rural y el Departamento de Economía e Industria.

Queremos que sea un elemento dinamizador de desarrollo de negocios basados en el conocimiento dentro del ámbito de la Bioeconomía.

Que diseñe nuevos modelos singulares de desarrollo económico y social que se ajusten a las peculiaridades de nuestro entorno rural aragonés, siempre con la colaboración estrecha con el tejido empresarial turolense.

A tal fin, el arranque de actividad de este Centro se basará, fundamentalmente, en la ayuda técnica al sector para la elaboración de proyectos susceptibles de recibir ayudas regionales, nacionales y europeas, focalizados en las temáticas que más preocupen, como purines, lindano, valorización de la biomasa y tratamiento de aguas residuales mediante sistemas extensivos.

-Laboratorio de Pirenarium en Sabiñánigo. Se ha aprobado el Convenio con el Ayuntamiento del Sabiñánigo para la instalación del laboratorio en Pirenarium, que constituye el germen de lo que pretende ser un Centro Internacional de Referencia en la lucha contra la Contaminación Orgánica Persistente (COP), ámbito en el que se centra de forma preferente el convenio suscrito con la Universidad de Zaragoza.

-Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón 2016-2022. Nuevo instrumento de planificación en materia de residuos en Aragón. La tramitación de la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan se encuentra actualmente en fase de información pública, coincidiendo en el tiempo con el proceso de participación ciudadana de la propuesta inicial del Plan.

-Refuerzo de la colaboración entre el Instituto Tecnológico de Aragón y el sector productivo con nuevos programas basados en la Industria 4.0 (empresa conectada)

-Fortalecer el sector cultural. Por hablar de iniciativas casi inmediatas, está a punto de aprobarse el Plan Estratégico de Cultura y de ponerse en funcionamiento programas como EnseñARTE, una gran exposición sobre Buñuel en Madrid y la celebración del VII Centenario del Archivo de la Corona de Aragón, que adquiere una gran relevancia en las circunstancias actuales.

-Asimismo vamos a empezar a aplicar el 1% cultural de las inversiones a programas culturales.

-Mapa de la Formación Profesional. La FP debe dar respuestas a las necesidades del tejido productivo de Aragón con un par de años de antelación, evaluando las necesidades de hoy y de mañana. Por ello se va a presentar un Mapa de la Formación Profesional, con la oferta formativa y la respuesta a las necesidades del mercado laboral.

-Consejo Aragonés del Trabajo Autónomo. En diciembre de.2016 constituimos el Grupo de Trabajo del Consejo Aragonés del Trabajo Autónomo, con UPTA, ATA y CEAT-CEPYME. . En este momento, estamos pendientes de firmar la próxima semana la Orden de Información Pública, por lo que en un mes, se publicará en BOA y podrá constituirse el Consejo.

-Fondo de ayudas al crecimiento y las alianzas empresariales, para paliar las deficiencias de competitividad derivadas del pequeño tamaño de nuestras empresas.

-Defensa de las comarcas y la central térmica de Andorra. El Gobierno central ha abierto un proceso de participación, mediante consulta pública previa, para tres regulaciones relacionadas con el compromiso del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital para salvaguardar el futuro de la Térmica de Andorra. El plazo de presentación de alegaciones concluye el 15 de septiembre. La Dirección General de Energía y Minas prevé concretar la próxima semana las aportaciones de la Comunidad a estos procesos, así como a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, derivada en parte de las anteriores y también en consulta pública previa, en este caso hasta el 10 de octubre.

-Extensión de la Banda Ancha a Polígonos Industriales. Se solicitará al Ministerio que incluya a 80 polígonos industriales de Aragón como zonas blancas para que las administraciones públicas puedan colaborar en la extensión de la banda ancha a los polígonos.

-Grupo de trabajo de exportaciones comerciales con China. Formado por los departamentos de Economía y Desarrollo Rural, AREX, Cámaras Comercio y Asociación Industrias de Alimentación de Aragón para desarrollar las líneas iniciadas ya en visitas mutuas en materia de logística, inversión y comercio.

-Cluster del porcino. Este sector produce el 40% del valor de la producción final agraria y genera 10.000 empleos sin contar mataderos e industrias de transformación. Su potencial es enorme para fijar población y para exportar. Impulsar su organización en un cluster es algo que vamos a acometer ya.

Finalmente, hay tres asuntos de primera magnitud que requieren un tratamiento transversal: la gestión de fondos europeos, el impulso de la economía del conocimiento y la lucha contra la despoblación. Para impulsarlos de manera coordinada y optimizar nuestra capacidad de respuesta, vamos a adoptar las siguientes decisiones:

-Unidad de complementariedad de Fondos europeos. Coincidiendo con la Presidencia de Trabajo de los Pirineos, que tendremos a partir de noviembre, vamos a crear esa unidad para favorecer la creación de sinergias y de consorcios que puedan optar a las convocatorias europeas. En forma paralela se coordinara el establecimiento de colaboraciones con las organizaciones aragonesas para su participación conjunta en programas, fondos e iniciativas europeas.

Se trata, en definitiva, de impulsar programas estratégicos e interdepartamentales de interés para la economía aragonesa, así como la colaboración y actuación coordinada de las instituciones y entidades públicas y privadas para la promoción socioeconómica y la competitividad de Aragón.

-Unidad Comisionada de la Presidencia para el impulso de la economía del conocimiento. La Economía del Conocimiento es un sector estratégico en sí mismo, un vector. Apostar por ella implica creer en nuestro capital humano como máxima riqueza y en el talento como primer valor a potenciar. Supone uno de los factores más demandados por potenciales inversores.

Queremos que Aragón sea una tierra intensiva en conocimiento, que cuente con elevados niveles económicos y sociales de conocimiento y ello implica coordinar acciones de varios departamentos (Economía, Industria y Empleo, Universidad, Innovación y Ciencia y Educación).

-Unidad Comisionada de la Presidencia para impulsar la lucha contra la despoblación. Desde la eterna reivindicación del medio rural a la creación de una comisión como acuerdo de la Conferencia de Presidentes, este problema ha entrado de lleno en el debate social y político como una cuestión de primer orden de primer orden.

Se trata de coordinar las acciones de todos los departamentos para optimizar esfuerzos y energías, y de extender esa coordinación a las diputaciones provinciales, comarcas, ayuntamientos, Gobierno de España y la Unión Europea.

Finalmente, estamos en disposición de traer a las Cortes a principios de octubre el techo de gasto para el Presupuesto de 2018, con un incremento del 3.9%, 200 millones más respecto al presupuesto anterior.

Y, a expensas de acordar un método de colaboración con las fuerzas de izquierda para aprobarlo, podemos tener listo un documento ya pormenorizado en la segunda quincena de noviembre.

No hace falta que les recuerde que la disponibilidad de un presupuesto es muy importante para seguir desarrollando los acuerdos de investidura y poder llegar al final de la legislatura con todos ellos cabalmente cumplidos.

Señora Presidenta, señoras y señores diputados: A lo largo de estos dos años, hemos demostrado que, desde la izquierda, se gobierna con más justicia en lo social y con más eficiencia en lo económico.

Hemos recuperado los servicios públicos y los derechos maltratados en la legislatura anterior.

Hemos sentado las bases de una economía competitiva basada en la innovación y en la activación de los sectores estratégicos

Hemos sido un gobierno consciente de su debilidad parlamentaria pero consciente también de que, en estas Cortes, no tiene alternativa, dados los resultados de mayo de 2015

Un Gobierno consciente del perímetro exacto de su ámbito competencial, lo que no va nos impide trabajar en favor de la derogación de leyes estatales injustas como la reforma laboral o la LOMCE o reivindicar une subida de los salarios y de las pensiones.