A lo largo del año la Fiscalía de Menores tramitó en Aragón 367 expedientes de protección de menores. Esta medida, que se impulsa siempre a instancia del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, implica la puesta en marcha de un protocolo de actuación orientado a supervisar y revertir -o atajar- una situación de riesgo a la que está expuesto un menor de la Comunidad.

Las razones son múltiples y las informaciones y denuncias llegan por cualquier vía, aunque los profesionales del ámbito sanitario, educativo y policial son, normalmente, los primeros en alertar a los servicios sociales de base (comarcales o municipales) de una posible situación de riesgo o desprotección del menor. Un niño que falta a clase de forma reiterada con el consentimiento de sus padres, un bebé que nace con claros signos de que su madre ha consumido drogas durante el embarazo… Los indicadores que hacen saltar las alarmas son de los más diversos.

Los técnicos de los servicios sociales de base hacen una primera aproximación a la familia para verificar si la denuncia está basada en indicadores de riesgo reales. Muchos de esos indicadores pueden corregirse mediante una intervención preventiva de los propios técnicos comarcales: falta de una alimentación adecuada, incapacidad de gestionar adecuadamente los recursos económicos, no asistencia a las revisiones médicas o vacunaciones… Negligencias que pueden rectificarse.

En caso de los que los hechos revistan cierta gravedad, lo comunican a la dirección provincial del IASS y proponen la declaración de riesgo. Declaración que implica la coordinación entre administraciones, la apertura de un expediente de protección, la asignación de un coordinador de caso y la aplicación de medidas específicas de protección e intervención orientadas, siempre que sea posible, a la preservación del núcleo familiar.

Retirada de la custodia

El primer objetivo siempre es que el menor pueda seguir con su entorno más inmediato, ya que se considera lo menos traumático para los niños. Sin embargo, si esto no es posible o la situación no mejora, caben otras alternativas que implican la separación provisional. A lo largo del año pasado, la Fiscalía inició 98 expedientes de guarda. Es decir, casos en los que el Gobierno de Aragón solicitó ejercer la guarda del menor como una medida de protección temporal ante una situación de urgencia. En estos casos, los padres pierden la custodia de forma temporal, pero mantienen la patria potestad. En la provincia de Huesca se iniciaron 41 expedientes de guarda en 2016, uno en la de Teruel y 56 en la de Zaragoza.

La guarda tiene una duración máxima de dos años. La declaración de desamparo, sin embargo, implica la suspensión de la patria potestad y la asunción de la tutela por parte de la Administración, así que resulta la medida adecuada en caso de que tanto los indicadores de desprotección como el daño ejercido sobre el menor sean lo suficientemente graves: maltrato físico, maltrato prenatal o abandono, fundamentalmente. A lo largo del año pasado se tramitaron 220 expedientes de tutela autonómica a petición de la Administración: 77 en la provincia de Huesca, 7 en la de Teruel y 136 en la de Zaragoza.

Como se trata de una suspensión y no de una privación, todavía hay margen para que los padres reaccionen de forma positiva y recuperen en un futuro la tutela. Solo un juez puede privar definitivamente a unos padres de la patria potestad y sucede en muy pocos casos. Prueba de ello es que a lo largo de todo el año pasado solo entró un nuevo procedimiento con este fin en la Fiscalía de Menores, aunque al mismo tiempo los jueces dictaron sentencia sobre otros 8 casos que estaban abiertos y se fijó fecha para el juicio de otros 17 que quedaban pendientes de años anteriores.