En las carreteras aragonesas se ven cada día decenas de infracciones graves de la ley de tráfico. Décadas de campañas de concienciación de la Dirección General del Tráfico (DGT) y otros organismos públicos, además del aumento de los controles desde la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y el carné por puntos, han ayudado mucho a disminuir estas conductas que ponen en peligro a quienes las realizan y al resto de ocupantes de los vehículos, pero no han sido suficientes para erradicar por completo este tipo de comportamientos.

De ello dejan constancia los datos de multas por imprudencias temerarias, consumo de alcohol y drogas y exceso de velocidad correspondientes al periodo 2012-2016. Estas estadísticas han sido facilitadas recientemente por el Gobierno central al diputado del PP por la provincia de Zaragoza Ramón Moreno Bustos. El cálculo abruma: en el citado lustro se han formulado en Aragón 872.368 denuncias a conductores y motoristas. Esta cifra supone una media cercana a las 175.000 sanciones anuales.

Casi la totalidad de los expedientes sancionadores abiertos en estos últimos cinco años (857.609 sumando las multas interpuestas a conductores y motoristas) fueron por exceso de velocidad.  De largo, es la violación de las normas de circulación más cometida en Aragón, la que más se subestima por los conductores, aunque la realidad arroje una verdad nada tranquilizadora: este tipo de infracción está detrás de 300 muertes cada año, según los cálculos de la DGT.

También son muy comunes, demasiado, las sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol y otras drogas. Desde hace años, este es uno de los grandes estigmas de la seguridad vial en España, sobre todo entre los conductores más jóvenes, que suelen confiarse en este aspecto. Este año fue especialmente traumático para la sociedad el caso de una joven valenciana que, tras pasar toda la noche de fiesta y después de haber consumido alcohol y cocaína, se puso al volante de su vehículo y de camino a casa atropelló mortalmente a tres ciclistas e hirió de gravedad a varios más.

En el capítulo de infracciones del código de seguridad vial también juegan un papel importante las calificadas como conductas temerarias: en Aragón entre 2012 y 2016 se detectó a alrededor de 1.500 conductores y motoristas, que fueron pertinentemente multados.

1,85 millones de recaudación en 80 días

También en sede parlamentaria facilitó el Gobierno central los datos de multas interpuestas entre el 1 de enero y el 21 de marzo de 2017. En este periodo se tramitaron 801.936 expedientes de denuncia en el conjunto de las comunidades autónomas, a excepción de Cataluña y País Vasco. Semejante volumen de actas de infracción a la normativa vigente de tráfico dejó en las arcas públicas más de 31,3 millones de euros.

En Aragón se interpusieron 52.009 de estas denuncias y casi la mitad (24.990) correspondieron a conductas contrarias a la ley detectadas en la provincia de Zaragoza. Los procedimientos sancionadores abiertos en Aragón se trajeron en algo más de 1,8 millones de euros en ingresos.

De la misma forma, el pasado mes de abril se facilitaron al diputado socialista Miguel Ángel Heredia los registros de los radares fijos que más multas pusieron el año pasado en cada una de las provincias españolas. Los cinemómetros 'campeones' en Aragón son viejos conocidos, ya que año tras año suelen presentar cifras récord de multas. En la provincia de Huesca, el radar que más multó el año pasado es el situado en el punto kilométrico 202,002 de la N-240, entre las localidades de Huesca y Barbastro. El año pasado recaudó más de 1,6 millones de euros en multas, lo que le valió el puesto de tercer radar más rentable para las arcas públicas a nivel nacional.

En Zaragoza, el cinemómetro que más infracciones de velocidad detectó en 2016 fue el situado en el punto kilométrico 269,98 de la N-232 (situado entre Figueruelas y Pedrola), aparato que recaudó 872.731 euros en multas. El radar situado en el kilómetro 88,6 de la A-23, entre La Puebla de Valverde y Sarrión, fue el más rentable de la provincia de Teruel tras interponer 754.951,79 euros en expedientes sancionadores.